El 19 de junio de 2025, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Pablo Jantus, Mauro A. Divito, Gustavo A. Bruzzone, Horacio L. Días, Eugenio C. Sarrabayrouse, Daniel E. Morin, Jorge Luis Rimondi y Alberto Huarte Petite, dictó el fallo plenario N° 15/2025.

En dicha resolución se abordó la interpretación de los artículos 396 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), en el marco de lo dispuesto por el artículo 469 del mismo cuerpo normativo, que regula la deliberación y votación en las sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El juez Eugenio C. Sarrabayrouse introdujo el tema con una exposición que incluyó un análisis del derecho comparado, una revisión del sistema establecido por el CPPN y una consideración de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluyó que el régimen procesal penal vigente prevé un sistema de votación por cuestiones vencidas, conforme a la regla de la mayoría.

A este voto mayoritario adhirieron los jueces Mauro A. Divito, Gustavo A. Bruzzone, Horacio L. Días, Jorge Luis Rimondi, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite.

En disidencia, el juez Daniel E. Morin sostuvo que, en los supuestos en que no se alcance mayoría, existen únicamente dos alternativas: recurrir al sistema de cuestiones vencidas o convocar a un cuarto juez —o a los que fueran necesarios— para conformarla. Asimismo, advirtió que el mecanismo de votación por cuestiones vencidas podría afectar la independencia judicial, al imponer una solución que contradiga la convicción jurídica del magistrado interviniente, y generar fallos con falta de coherencia interna.

Finalmente, se resolvió —en concordancia con lo dispuesto por el artículo 469 del CPPN— que para la deliberación y votación en las sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional deben aplicarse los artículos 396 y 398 del mismo ordenamiento, adoptando como regla el sistema de votación por cuestiones vencidas conforme al principio de mayoría.

Invitamos a leer el fallo completo que ofrece numerosas citas de doctrina y jurisprudencia que ilustran tanto la posición mayoritaria como la disidencia.

Por último y para mayor detalle, también se encuentra aquí adjunto —como documento anexo— la Nota de Jurisprudencia de la CSJN sobre Conformación de las mayorías en los tribunales colegiados.

Contexto y hechos relevantes
En la causa N° 14262/2024, un hombre fue detenido tras secuestrarle en su poder aproximadamente 1,995 kg de cocaína con un 83% de pureza, cuyos envoltorios presentaban un símbolo asociado a un cartel de Bolivia. Durante su arresto, el imputado declaró espontáneamente que no residía en el domicilio registrado en su documento, sin poder precisar una dirección alternativa. Pese a estos indicios, el Colegio de Jueces de Revisión de General Roca le concedió la excarcelación bajo una caución real de $500.000 y le impuso, además, la obligación de presentarse semanalmente ante la comisaría y mantener contacto con la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Impugnación del Ministerio Público Fiscal
El fiscal consideró arbitraria la decisión de excarcelación, argumentó que existían suficientes indicadores de riesgo procesal, como la falta de un domicilio real y los presuntos vínculos del imputado con una organización criminal dedicada al narcotráfico. Sostuvo que, en tales circunstancias, la prisión preventiva era la única medida idónea para garantizar que el acusado no eludiera la justicia ni obstruyera la investigación. Sin embargo, la impugnación fue rechazada en primera instancia, lo que motivó al Ministerio Público a elevar una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Decisión de la Cámara Federal de Casación Penal
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso fiscal y confirmó la excarcelación, manteniendo la caución impuesta inicialmente. Los jueces Slokar y Mahiques coincidieron en que el Ministerio Público Fiscal no había demostrado que los riesgos procesales justificaran la prisión preventiva, especialmente cuando el imputado había cumplido sin incidencias las condiciones de su libertad durante más de cuatro meses.
En su voto, el juez Slokar destacó que la solicitud fiscal no cumplía con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal (arts. 220, 209 y 210), subrayando el carácter excepcional de las medidas coercitivas en el sistema adversarial.
En su voto, el juez Slokar destacó que la solicitud fiscal no cumplía con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal (arts. 220, 209 y 210), subrayando el carácter excepcional de las medidas coercitivas en el sistema adversarial.
A su turno, el juez Mahiques resaltó que no se había probado que la prisión fuera la única alternativa viable, dado el comportamiento ajustado a derecho del acusado bajo supervisión de la DCAEP.
Por su parte, el juez Barroetaveña votó en disidencia, en consonancia con la posición del Ministerio Público Fiscal.

Relevancia de la resolución
Este fallo refuerza el principio de que la prisión preventiva debe ser una medida de último recurso, aplicable solo cuando no existan alternativas menos gravosas para asegurar el desarrollo del proceso. La decisión subraya la importancia de evaluar circunstancias concretas —como el cumplimiento previo de las obligaciones impuestas— antes de restringir la libertad de un imputado. Además, sienta un precedente sobre el rigor probatorio exigido al Ministerio Público Fiscal al fundamentar riesgos procesales, en línea con las garantías del debido proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza rechazó el recurso de casación interpuesto por los defensores de los cinco penitenciarios condenados a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de cuatro años por considerarlos a todos coautores del delito de severidades (art. 144 bis, inc. 3 del CP).
El máximo tribunal mendocino destaca que el fallo de la jueza de condena, antes de proceder a la valoración y análisis detallado del plexo probatorio, estableció las directrices metodológicas y el marco teórico-conceptual que necesariamente debe adoptar el juzgador al afrontar la resolución de los casos en los que está involucrado el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, expresando que se debe tener en cuenta la existencia de roles diferenciados, asimétricos y la concurrencia de posiciones jerárquicas de poder.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza refuerza esta idea con citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay), los principios básicos elaboradores por Naciones Unidas acerca del uso de la fuerza estatal y las directrices para la aplicación de estos principios que elaboró Amnistía Internacional.
La sentencia rechaza cada uno de los agravios de índole procesal y sustancial interpuesto por las defensas, de los que se destacan dos argumentos:
El primero, de orden procesal, mediante el cual, los defensores entienden arbitraria la valoración de la jueza al calificar como parciales los testimonios de descargo de penitenciarios. No obstante, la Corte mendocina rechaza este agravio al considerar que la conclusión expresada por la jueza se basa en argumentos adecuados y suficientes, tales como, que forman parte del mismo cuerpo de seguridad al que pertenecen los acusados, de modo tal que pueden existir motivos de camaradería o cercanía laboral para que, en sus declaraciones, intentaran reducir la gravedad de los hechos, y que existen razones lógicas luego de contrastar esas declaraciones con los demás elementos de prueba.
El segundo, de orden sustancial, los defensores entienden que la jueza ha incurrido en un error al afirmar que el tipo subjetivo requiere el conocimiento del carácter ilegítimo de la severidad impuesta, mientras que las defensas sostienen que la figura en cuestión requiere solo dolo. Aquí la Corte mendocina establece que el hecho de imponer tratos rigurosos y vejaciones, tales como golpear fuertemente con los puños, dar patadas en las canillas o tonfazos a una persona privada de su libertad y de forma complemente innecesaria, en la medida en que esta ya se encuentra reducida y esposada –o incluso cuando está siendo trasladada en binomio al departamento de sanidad-, es un comportamiento indudablemente doloso, bajo cualquier opción teórica que quiera adoptarse para la imputación del tipo subjetivo.

Por Lucas Lecour, responsable de la Sección Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

El Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 2 – 1CJ de la Provincia de Mendoza dictó sentencia en los autos “M. L. E. c/ R. B. C. R. p/ Daños derivados de violencia de género”, constituyendo un importante precedente en materia de responsabilidad civil por hechos de violencia de género. El fallo no solo incorpora la perspectiva de género como herramienta interpretativa obligatoria -conforme a la normativa constitucional y convencional-, sino que la emplea para valorar el daño sufrido por la víctima. Asimismo, solicita la imposición de sanciones a los letrados del demandado por conductas que revictimizaron a la actora.

Resumen del caso
El demandado, C. B. R., fue hallado culpable del delito de amenazas coactivas -art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal- en un contexto de violencia de género, contra su exesposa, M. L. E., mediante sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la provincia de Mendoza.
A raíz de dicha condena y frente a los continuos hostigamientos y situaciones de acoso, la actora promovió una demanda por daños y perjuicios en el marco de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Los letrados patrocinantes de M. L. E. detallaron el patrón sostenido de violencia psicológica, económica, patrimonial, simbólica y digital, ejercido por el demandado durante más de quince años. Las manifestaciones de violencia afectaron todos los ámbitos de la vida de la actora, provocándole un perjuicio permanente en su salud. Se identificó el accionar del demandado como un esquema sistemático de dominación, hostigamiento y control, que incluyó acoso cibernético, imputaciones públicas falsas, suplantación de identidad, daños patrimoniales y laborales, así como la violación de medidas judiciales.
La demanda se formuló en concepto de reparación plena e integral de los daños personales, psicológicos y morales sufridos, reclamando la suma de $7.659.776,73, o lo que en más o en menos resultare de la prueba producida.

Resumen del fallo
En la sentencia, la Dra. Ruiz Díaz destacó que la aplicación de la perspectiva de género no es optativa, sino un imperativo constitucional y convencional, conforme a los arts. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Ley N° 26.485. Afirmó que dicho enfoque no constituye una “ideología”, sino una metodología hermenéutica destinada a garantizar la igualdad real y el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Señaló, además, que resulta indispensable para dimensionar adecuadamente los daños producidos en contextos de violencia estructural.
El fallo priorizó el testimonio de la víctima, evaluado conforme a parámetros acordes con la dinámica de la violencia de género. Se determinó que el daño sufrido por la actora es permanente y evolutivo, afectando su integridad, su vida profesional y sus vínculos personales. Se otorgó especial relevancia a la pericia psicológica, la cual resultó determinante para acreditar la existencia del daño y su vinculación directa con hechos ilícitos. Asimismo, se diagnosticó a la actora una incapacidad psíquica crónica severa equivalente al 35%.
La magistrada reconoció el efecto de cosa juzgada de la condena penal (art. 1776 del Código Civil y Comercial de la Nación) en relación con los hechos constitutivos de amenazas coactivas. Pese a los cuestionamientos de la defensa -que intentó desconocer la sentencia penal y se opuso a la incorporación de dicho legajo como prueba-, se concluyó que los hechos que motivaron la condena penal dictada por el Tribunal Oral Federal se encontraban suficientemente acreditados.
El fallo también da cuenta de que, durante el proceso, se adoptaron medidas de protección para garantizar la intimidad y el bienestar de la víctima, tales como audiencias restringidas y la limitación de la intervención del consultor técnico del demandado en las pericias psicológicas.
Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar a lo requerido por la actora y condenó al demandado a abonar la suma de $79.788.988,75, más los intereses establecidos en los considerandos.
Cabe destacar que, en uno de los apartados del fallo, la magistrada solicitó la aplicación de sanciones a los letrados del demandado por planteos e incidencias manifiestamente improcedentes, que ocasionaron dilaciones procesales reiteradas. Se advirtió una notoria falta de empatía frente a la situación de la actora, destacando que el ejercicio del derecho de defensa pudo y debió compatibilizarse con el debido respeto a la víctima. Asimismo, se ordenó a dichos profesionales realizar una capacitación en perspectiva de género, con un contenido mínimo de 50 horas cátedra, a dictarse en una institución pública provincial.
Este fallo constituye un modelo jurisprudencial que articula adecuadamente la responsabilidad civil con una mirada integral de la violencia de género. Reafirma el compromiso del Poder Judicial con los derechos de las mujeres, la reparación del daño desde una visión interseccional y la obligación de actuar con diligencia reforzada ante situaciones de violencia y desigualdad estructural.