El martes 9 de septiembre, cómo todos los años, desde APP CABA, estuvimos participando del taller destinado a los y las alumnos/as de la escuela secundaria Normal N° 11 “Ricardo Levene”, del barrio de Parque Patricios.
Este año la inquietudes de lo/as estudiantes estuvieron vinculadas a la temática violencia institucional, los prejuicios que aún persisten (y se renuevan) sobre la juventud, y cómo estos dos temas dialogan permanentemente a la hora de pensar el derecho penal juvenil. Además, conversamos sobre el rol que tienen las organizaciones de derechos humanos a la hora de acotar el uso de la violencia por parte del Estado y contribuir a una mejor vida para las personas privadas de libertad.
Desde APP CABA consideramos fundamental acercarnos a los secundarios, y compartir ideas e información que no solo permitan comprender y encarar mejor esta coyuntura, sino también trabajar y repensar sus propias nociones y preconceptos. Del mismo modo, se nos ofrece la posibilidad de incorporar a nuestra perspectiva aquello que tienen para decir los más jóvenes, quienes la mayoría de las veces son excluidos de los debates políticos y jurídicos que los involucran, y cuyas realidades también se alteran por estas discusiones.
Continuamos buscando y creando espacios de discusión e intercambio de ideas, que contribuyan a ampliar las voces que ayudan a pensar críticamente y ejercitar un derecho penal cada vez más humano.
Agradecemos profundamente a Marina (profesora de Formación Ética y Ciudadana) y a todos/as los docentes de la Escuela Normal nº 11 " Ricardo Levene" de Parque Patricios que nos abren las puertas todos los años.

El artículo examina la capacidad procesal para estar en juicio en el marco de las medidas de seguridad aplicadas a personas declaradas inimputables por razones de salud mental. Florencia Hegglin analiza cómo esta figura puede afectar el derecho de defensa, al limitar la posibilidad de que la persona participe activamente en el proceso penal, y plantea la necesidad de repensar estas restricciones a la luz del debido proceso y de los estándares de derechos humanos. A lo largo del texto se revisan las tensiones entre inimputabilidad, medidas de seguridad y garantías procesales, el papel que cumplen jueces y defensores en asegurar representación adecuada, y los desafíos que supone compatibilizar la protección de la sociedad con el reconocimiento de las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos. En definitiva, la autora destaca la importancia de evitar soluciones procesales que conduzcan a situaciones de indefensión.

Cita sugerida: Hegglin, F. (2013). La capacidad procesal para estar en juicio y el derecho de defensa en las medidas de seguridad. Revista Derecho Penal, 2(5), 191. Ediciones Infojus. https://www.saij.gob.ar/florencia-hegglin-capacidad-procesal-para-estar-juicio-derecho-defensa-medidas-seguridad-dacf130206-2013/123456789-0abc-defg6020-31fcanirtcod

Este material no es un texto jurídico más: es una guía clara, accesible y dinámica para comprender cómo se interpretan los delitos vinculados al Cannabis en nuestro país.
Con ejemplos concretos, explicaciones sencillas y fallos judiciales que marcaron el rumbo, te muestra paso a paso cómo los tribunales llenan de sentido la ley, revelando que el derecho penal no se agota en la letra escrita.

En este artículo se seleccionan los principios que conforman el núcleo duro de toda ley de juicio por jurados con el objeto de ilustrar sus contenidos y acercar con lenguaje claro a la ciudadanía el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema penal que en nuestro país rige para los crímenes más graves.

Publicación original de la Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste, disponible en https://revistajuridica.uno.edu.ar/index.php/revistauno/article/view/79/78
Se solicita citar su original.

Cita sugerida: Manes, S. (2025). Seis principios intangibles de las leyes de juicio por jurados. Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste, 4. https://revistajuridica.uno.edu.ar/index.php/revistauno/article/view/79

El texto analiza las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra jueces y altos funcionarios de la Corte Penal Internacional en agosto de 2025, situándolas en una secuencia más amplia de medidas previas (febrero y junio) y en el contexto de las investigaciones de la CPI sobre crímenes de guerra en Gaza, incluidas las órdenes de arresto confirmadas en 2024 y 2025 contra autoridades israelíes. Sostiene que sancionar a operadores de una jurisdicción penal internacional es un hecho excepcional, con pocos antecedentes (Rusia en 2023 y EE. UU. en 2020), y que el invocado “argumento afgano” funciona como pretexto para proteger a Israel. Releva, además, el cuadro humanitario y de derechos humanos en Gaza —hambruna declarada, elevadas cifras de víctimas civiles, ataques a periodistas— y describe la tensión entre los principios del derecho internacional y la respuesta político-diplomática de varios Estados.

Desde esa perspectiva, repasa las reacciones institucionales y estatales que repudiaron las sanciones —la propia CPI, la Asamblea de Estados Partes y diversos gobiernos y expertos de la ONU— junto con omisiones, demoras o ambivalencias en Europa y, en particular, el silencio de Costa Rica pese a su tradicional adhesión a la justicia internacional. Examina también desafíos de cumplimiento al Estatuto de Roma (como el caso de Hungría) y las implicancias prácticas de las órdenes de arresto y de los sobrevuelos/autorizaciones para dignatarios requeridos. En conclusión, el autor sostiene que las sanciones erosionan la credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, visibilizan la magnitud de las violaciones en Gaza y reafirman la necesidad de una defensa coherente y efectiva del sistema de La Haya.

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