Tras más de una década de inactividad judicial en cuatro causas acumuladas, sin fijación de juicio ni sentencia definitiva, el juez del Tribunal Oral de Menores n.º 1 declaró la extinción de la acción penal por insubsistencia, fundado en estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos. La Cámara Nacional de Casación Penal (Sala II) rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal, desestimando sus agravios tanto sobre la integración del tribunal como sobre la aplicación del derecho sustantivo. Reafirmó que la duración excesiva del proceso fue atribuible al Estado y que la garantía del plazo razonable tiene autonomía respecto de los plazos de prescripción penal. Así, confirmó el sobreseimiento de los imputados, consolidando la doctrina que impide que el retardo judicial injustificado sea soportado por los acusados.
Hizo alusión a la falta de explicación por parte de la recurrente que luego de tantos años de inactividad donde debió promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad (art. 120, CN) recién ahora encuentra las condiciones de llevar adelante el correspondiente debate oral.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre el largamente debatido problema de la prescripción de delitos contra la integridad sexual de menores cometidos antes de la sanción de la Ley Piazza y la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas.

RESUMEN:

El caso tiene como acusado al exsacerdote Justo José Ilarraz, quien fue denunciado en 2012 por múltiples hechos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos entre 1988 y 1992 en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se desempeñaba como Prefecto de Disciplina. Las víctimas eran seminaristas de entre 12 y 15 años. Tras un proceso eclesiástico previo que impuso restricciones al acusado, la causa penal avanzó en sede judicial, culminando en una condena a 25 años de prisión. La defensa de Ilarraz planteó la prescripción de la acción penal, lo que dio lugar a una extensa controversia judicial que llegó a la Corte Suprema mediante recurso extraordinario.

El núcleo del debate jurídico giró en torno a la prescripción de la acción penal: si los delitos sexuales cometidos contra menores en el contexto señalado debían considerarse prescriptibles conforme al régimen legal vigente al momento de los hechos (es decir, antes de la sanción de la Ley Piazza, n° 26.705, y de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, n° 27.206), o si, por el contrario, debían ser considerados imprescriptibles por tratarse de “graves violaciones a los derechos humanos” o por aplicación de principios y normas de derecho internacional de los derechos humanos.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en su fallo de 2015 (ratificado en 2020), sostuvo por mayoría que los delitos eran imprescriptibles. Los jueces Chiara Díaz y Mizawak fundaron su decisión en tres argumentos centrales:
- La gravedad de los hechos y su contexto institucional.
- La imposibilidad de las víctimas de acceder a una tutela judicial efectiva en su momento.
- La prevalencia del interés superior del niño y la obligación estatal de garantizar derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La jueza Mizawak, en particular, enfatizó la necesidad de realizar un control de convencionalidad y aplicar el principio pro homine, priorizando la protección de los derechos de las víctimas menores.

Por su parte, el Procurador General interino de la Nación opinó que debía rechazarse el recurso extraordinario. Respaldó la tesis de que la prescripción no debía aplicarse en casos de abuso sexual infantil, dada la dificultad fáctica de denunciar en tiempo oportuno y la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva, conforme a los estándares internacionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia del tribunal provincial, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a Justo José Ilarraz. Consideró que los delitos investigados no podían ser asimilados a delitos de lesa humanidad ni a “graves violaciones a los derechos humanos” en los términos del derecho internacional, y que la aplicación de la prescripción resultaba obligatoria conforme al principio de legalidad penal.

Para resolver de ese modo, empleó los siguientes argumentos:

1) No era procedente la analogía con los delitos de lesa humanidad. Rechazó la equiparación efectuada por el tribunal provincial, señalando que los elementos típicos de los crímenes de lesa humanidad (según el Estatuto de Roma) estaban ausentes en el caso.

2) Aun en casos de esta naturaleza y gravedad, mantiene primacía del principio de legalidad penal. Destacó que la prescripción es parte del derecho penal sustantivo y está protegida por el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege). Por eso, cualquier flexibilización en perjuicio del imputado sería inconstitucional.

3) Reconoció limitaciones del principio interpretativo pro homine. Aclaró que este principio no puede utilizarse para suprimir derechos de los acusados ni para justificar interpretaciones in malam partem.

4) Rechazó que el interés superior del niño pudiera alterar la solución al problema. Dejó claro que es una “consideración primordial”, pero que dicho principio no puede interpretarse como autorización para prescindir del ordenamiento jurídico vigente, en particular de las garantías del debido proceso y del principio de legalidad penal. Explico que el interés superior del niño debe ser ponderado “con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables”, conforme al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y rechazó que pueda utilizarse para suprimir derechos del imputado, como la garantía de legalidad y la prescripción.

5) Descartó la aplicación de las leyes 26.705 y 27.206 por irretroactividad de la ley penal más gravosa. Indicó que estas leyes, que modificaron el régimen de prescripción para delitos sexuales contra menores, no eran aplicables retroactivamente.

6) Verificó la ausencia de causales de suspensión o interrupción. Constató que el plazo de prescripción (12 años) había transcurrido sin que mediara causa legal que lo interrumpiera o suspendiera, y declaró la extinción de la acción penal.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas, resolvió declarar la procedencia del juicio en ausencia respecto de diez imputados por el atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994. La decisión se fundó en la reciente incorporación al Código Procesal Penal de la Nación del instituto del juicio en ausencia, por medio de la Ley 27.784, que habilita su aplicación en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad frente a imputados declarados rebeldes.

Los acusados se encuentran con pedidos de captura internacionales vigentes e infructuosos. La fiscalía argumentó, y el tribunal compartió, que estas personas conocen del proceso, han eludido su comparecencia durante años y no existen perspectivas reales de que puedan ser juzgadas en presencia.

El juez consideró cumplidos los requisitos de los artículos 431 ter y quáter del CPPN, dado que los hechos investigados —ocurridos en territorio argentino— constituyen delitos encuadrables como crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo internacional conforme al Estatuto de Roma, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otras normas internacionales ratificadas por la Argentina.

Asimismo, el tribunal rechazó expresamente los planteos de inconstitucionalidad formulados contra la nueva legislación, al considerar que se trata de normas procesales de aplicación inmediata, que no vulneran el principio de legalidad ni el derecho de defensa, siempre que se garantice la posibilidad de revisión o nuevo juicio si el imputado comparece posteriormente.

El atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, causó 85 muertes y más de 150 heridos, y fue perpetrado con un coche bomba conducido por un atacante suicida. La investigación sostiene que fue planeado desde Irán por el denominado “Comité de Asuntos Especiales” del régimen teocrático, con apoyo operativo de Hezbollah desde la región de la Triple Frontera. Entre las pruebas citadas figuran declaraciones públicas de los imputados, difusión de alertas rojas de INTERPOL y denegatorias a los pedidos de extradición.

Las posiciones de las querellas fueron divergentes. Mientras AMIA y DAIA respaldaron la medida como un avance institucional en pos de justicia, la Asociación Civil Memoria Activa, APEMIA y 18J objetaron la implementación del juicio en ausencia por entender que se apoya en pruebas débiles, uso abusivo de informes de inteligencia y que podría derivar en una sentencia sin plena controversia.

Con esta resolución, el tribunal dejó habilitado el proceso para avanzar bajo las condiciones del nuevo régimen procesal y, en este sentido, el pronunciamiento cierra del siguiente modo:

No estamos hablando de cerrar heridas por decreto, ni de forzar una reparación simbólica. Estamos hablando de intentar mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar. Y hacerlo públicamente.

Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió.