El Tribunal Oral Federal de Rosario declaró la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 56 bis de la Ley 24.660, reformados por la Ley 27.375, que excluían automáticamente a ciertos condenados de los beneficios de libertad condicional y semilibertad. El fallo destaca que estas restricciones, basadas únicamente en el tipo de delito, vulneran el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la reinserción social, pilares del sistema penal argentino. La sentencia reafirma que ningún plenario puede limitar el control constitucional de los jueces en casos concretos y que la progresividad en la ejecución de la pena debe respetar la dignidad y la evolución personal de cada condenado, evitando discriminaciones arbitrarias y promoviendo una justicia más humana y reparadora.

La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había revocado las condenas dictadas por el tribunal oral y concedido la suspensión del juicio a prueba a tres imputadas. El fiscal general había deducido recurso extraordinario alegando falta de fundamentación, y el Máximo Tribunal le dio la razón.
La Corte señaló que la casación otorgó la probation a las acusadas sin analizar un aspecto decisivo: la prohibición del artículo 76 bis, párrafo 7°, del Código Penal, que impide conceder ese beneficio cuando intervienen funcionarios públicos en la comisión del delito. Esa omisión resultaba particularmente grave porque el tribunal oral había tenido por probada la participación de policías provinciales en el comercio de estupefacientes investigado en la causa.
Al no evaluar la restricción legal ni justificar por qué podría apartarse de ella en el caso concreto, la sentencia de casación prescindió de normativa vigente y aplicable, lo que —según la Corte— tornó dogmática su conclusión y la despojó de una motivación suficiente.
En consecuencia, el Tribunal consideró configurado un supuesto de arbitrariedad, hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, declaró procedente el recurso extraordinario y anuló la sentencia, ordenando dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas con asiento en la ciudad de Alta Gracia dictó el sobreseimiento por atipicidad de una mujer acusada por la muerte de sus dos hijos adolescentes, ambos con severas discapacidades congénitas que les impedían valerse por sí mismos.
El tribunal reconstruyó una trayectoria de vida atravesada desde la infancia por violencia familiar y de género, casi nula presencia estatal, aislamiento progresivo y una sobrecarga estructural de cuidados que durante años la mujer asumió sola y de manera abnegada. La investigación acreditó que el fallecimiento de los jóvenes ocurrió cuando la imputada atravesaba un profundo deterioro emocional y psicológico, sin apoyos, redes ni acompañamiento institucional que permitieran sostener la exigencia diaria de cuidado intensivo. Frente al requerimiento fiscal de sobreseer por inimputabilidad, el Juzgado enfatizó que antes de evaluar la capacidad de culpabilidad debía responderse si la conducta imputada resultaba típica: concluyó que, dadas las condiciones reales en que la madre quedó a cargo —aislada, exhausta, sin intervención temprana del entorno y con dos hijos cuya supervivencia dependía de cuidados especializados—, no podía exigírsele un comportamiento distinto, por lo que la omisión atribuida no configuraba un ilícito penal. El fallo subraya la necesidad de incorporar los enfoques de género y discapacidad en la valoración de los hechos y en el diseño de políticas públicas que acompañen a quienes sostienen tareas de cuidado extremo: cuidar, aun cuando sea un acto de amor, es también un trabajo, y su abandono por falta de apoyos no puede leerse automáticamente en clave punitiva.
Además, se comparte la comunicación a la imputada en lenguaje claro.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la suspensión de los permisos de REPROCANN dispuesto por el Juzgado Federal de Río Grande.
La medida había sido tomada a petición de la Fiscalía Federal bajo la investigación del delito de siembra y cultivo de estupefacientes y falsedad ideológica en la presentación de certificados; sin embargo, la Cámara entendió que dicha medida no se encontraba justificada a todos los investigados ya que no se contaba con una descripción clara de los hechos atribuidos a cada individuo; por otra parte, si bien se consideró a que el congelamiento de cuentas lucía razonable atento al movimientos bancarios de algunos sospechados que serían indicativos de actos de ventas, no pudo indicarse la misma necesidad y pertinencia respecto a la suspensión del permiso de Reprocann, ya que al contrario de ser una medida asegurativa del proceso constituía, dándole lugar al agravio de la Defensa, un verdadero adelantamiento de pena.