Revista OJS Pensamiento Penal

Editorial

Presentación del Dossier Especial.

El presente trabajo analiza la constitucionalidad del capítulo 11 de la ley 14.243 de la provincia de Santa Fe y las resoluciones 35/2024 y 153/2025 del ministerio de seguridad de la nación.  Estas normativas crean las categorías de «alto perfil» y «alto riesgo» para personas privadas de la libertad (sin distinguir entre inocentes y condenados), estableciendo un régimen de detención con condiciones restrictivas y medidas que afectan derechos fundamentales. El trabajo pone en duda la constitucionalidad de estas disposiciones, argumentando que representan un retroceso en materia de derechos humanos y contravienen normas constitucionales y tratados internacionales ratificados por Argentina.

La llamada «lucha contra las drogas» promueve la criminalización de los sectores más bajos de la cadena del narcotráfico, impactando de modo diferencial en las mujeres pobres. Éstas, en su mayoría son madres de hogares monoparentales, por lo que se les concede la detención domiciliaria, pero se les niegan los permisos para realizar las actividades de cuidado necesarias para su subsistencia y la de sus hijos e hijas. Las respuestas judiciales que se dan a su situación están plagadas de prejuicios machistas y patriarcales y dan lugar a ciertos mitos del texto.

El presente artículo tiene como objetivo plantear alternativas a la resolución de conflictos dentro del ámbito penal, mediante herramientas legales que constan de una menor injerencia del poder punitivo en la vida de las personas que atraviesan el proceso penal. En consecuencia, se pretende abordar la reparación integral del daño como aquella medida tendiente, por un lado, a garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas y, por otro lado, como garantía y derecho del imputado de aplicar alternativas a la solución del conflicto penal menos lesiva de los derechos en pugna, desde la normativa vigente, nacional e internacional, y su interpretación jurisprudencial en la provincia de buenos aires.

El presente artículo tiene como objetivo abordar la procedencia de los institutos contemplados en el art. 30 del código procesal penal federal, que permiten al ministerio público fiscal la disposición de la acción penal, en los casos de violencia institucional; y a partir de allí plantearnos una serie de interrogantes. Al respecto, la norma de mención establece dos vallas principales. Por un lado, el carácter de funcionario público de las personas imputadas en tanto se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo; y por otro lado, la incompatibilidad, a partir de los supuestos investigados, con las previsiones de instrumentos internacionales. En concreto, con los estándares vigentes en materia de prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A partir de este marco, pretendemos analizar en clave crítica, si, más allá de los límites indicados, y teniendo en cuenta el deber de investigar y sancionar, pero también de reparar a las víctimas de estos hechos, existe la posibilidad de aplicar en ciertos casos soluciones conciliatorias.

El artículo analiza la crisis de legitimidad del sistema judicial en argentina y la creciente ineficacia del sistema penal para gestionar la conflictividad social. Frente al colapso de la justicia penal -caracterizado por bajas tasas de resolución, burocratización y una percepción pública de impunidad- se propone revalorizar el sistema contravencional como un espacio estratégico para la gestión de conflictos de baja intensidad. Desde el paradigma del conflicto, que entiende la conflictividad como inherente a la vida social, se sostiene que la intervención estatal debe priorizar soluciones ágiles, proporcionales y restaurativas, antes que respuestas punitivas. El trabajo reconstruye la historia del derecho contravencional, marcada por prácticas policiales arbitrarias, y destaca las reformas recientes que fortalecieron garantías y trasladaron el juzgamiento a autoridades judiciales. Asimismo, plantea que el sistema contravencional puede relocalizar ciertos conflictos penales y comunitarios, ofreciendo mecanismos como la mediación, los acuerdos reparatorios y medidas socioeducativas. Finalmente, se argumenta que consolidar este enfoque exige formación específica, articulación interinstitucional y una política pública orientada a la prevención y a la recomposición del lazo social.

La ley 26.052, sancionada en 2005, introdujo la «desfederalización» parcial de delitos vinculados al narcotráfico en Argentina, otorgando competencia a las provincias adheridas para investigar y juzgar delitos de narcomenudeo y tenencia para consumo personal. Esta medida buscó mejorar la eficacia en la persecución de delitos menores ante la limitada presencia de fuerzas federales en el territorio. Sin embargo, la fragmentación jurisdiccional generó obstáculos para investigar niveles superiores del narcotráfico, al alertarse a eslabones más altos durante operativos locales. Para enfrentar esta problemática, la ley 27.502 de 2019 estableció mesas de coordinación entre autoridades federales y provinciales. Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (2024) muestra una disminución de causas federales en provincias adheridas tras la sanción de dicha ley, lo que evidencia cambios en la distribución de competencias, aunque no necesariamente una reducción del narcotráfico. Por lo pronto, el sistema mixto plantea desafíos persistentes, especialmente por la falta de coordinación entre jurisdicciones, lo que puede limitar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de colaboración, intercambio de información y capacidades institucionales para mejorar los resultados y garantizar una respuesta estatal más integral frente a esta problemática.

La ponencia analiza el concepto de error de prohibición invencible como causa de exclusión de la culpabilidad en el derecho penal argentino, a partir del fallo “C., N. O. s/ abuso sexual con acceso carnal”, resuelto por la Cámara de Apelación de Rosario y confirmado por la Corte Suprema de Santa Fe. Tras exponer el marco teórico doctrinal (Zaffaroni y Roxin) y su recepción normativa, se examina críticamente la absolución del imputado fundada en consideraciones contextuales, culturales y sociológicas. El trabajo cuestiona esta aplicación en delitos contra menores de trece años y propone una solución intermedia que compatibilice culpabilidad, proporcionalidad y protección reforzada de la infancia.

El presente artículo aborda la escasa atención a nivel doctrinal, jurisprudencial e institucional que recibe la temática de la desaparición de mujeres y su íntima conexión con el delito de femicidio.

La vinculación desaparición-femicidio, fue abordada por primera vez en el caso «Campo Algodonero» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, «Corte IDH»), donde se consideró que las desapariciones tenían un riesgo específico de letalidad, teniendo los Estados la obligación de investigar tales desapariciones mediante una debida diligencia reforzada. Puede sostenerse que una de las formas particulares en que el Estado tomará conocimiento de los femicidios es mediante la denuncia de la desaparición de una mujer, lo que implicará el inicio de una investigación penal en el marco de causas caratuladas como «averiguación de paradero», «averiguación de delito», entre otras, por lo que resulta de suma importancia vincular la desaparición de mujeres con la posible violencia letal de la cual pudieran haber sido víctimas. Sin embargo, se observa que por falta de conexión entre la desaparición de mujeres y el delito de femicidio se han generado dificultades específicas, independientemente de los problemas que pueden observarse en otros casos de violencia de género, en el marco de estas investigaciones penales. Se torna necesario profundizar sobre la vinculación entre la desaparición de mujeres y el femicidio a los fines de investigar y sancionar correctamente este delito ante dicha modalidad.

El monitoreo en el Destacamento Femenino de Mar del Plata (noviembre 2023 - abril 2024) reveló condiciones de detención inhumanas y violación de derechos humanos. El informe analizó el tiempo desmedido de detención de las mujeres en celdas insalubres (usando baldes como letrinas) y sin mobiliario. Se constaron serias deficiencias en el acceso a la salud, alimentación mala, prohibición de reloj, requisas vejatorias y falta de privacidad en la comunicación con familiares y defensas, configurando violencia institucional y discriminación de género estructural. Los fallos judiciales de hábeas corpus que ordenaron la reparación o la clausura fueron ignorados, por lo que el informe concluyó que los lugares con estos defectos deben ser clausurados.

El presente trabajo analiza información producida por organismos de control sobre las condiciones de detención de mujeres privadas de libertad en Argentina y evalúa su adecuación a los principales estándares internacionales de derechos humanos. A partir de estos insumos, se identifican patrones persistentes de vulneración asociados a la precariedad edilicia, las limitaciones en el acceso a servicios esenciales y el uso extendido de la prisión preventiva, factores que profundizan desigualdades estructurales preexistentes. En este marco se propone la noción de doble castigo: no solo la pena formal, sino una sanción adicional de carácter moral e institucional ligada a estereotipos y mandatos de género, que agrava el impacto del encierro sobre estas mujeres. Sobre esa base, se sostiene la necesidad de revisar las políticas penitenciarias y fortalecer los mecanismos de supervisión estatal para garantizar condiciones de detención compatibles con las obligaciones internacionales y promover una ejecución penal con perspectiva de género.

Somos un proyecto de extensión radicado en la facultad de ciencias de la salud y trabajo social de la universidad nacional de Mar del Plata, conformado por estudiantes y graduados de diversas carreras donde trabajamos desde la extensión crítica para generar lazos entre la sociedad civil y la Universidad pública. Nuestro proyecto en particular tiene como objetivo primordial contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de arresto domiciliario, a través del asesoramiento, orientación y contención en base a sus demandas y necesidades. El proyecto pretende brindar herramientas para facilitar el acceso a los derechos fundamentales -vulnerados- y, por otro lado, acompañar ese proceso, posibilitando un vínculo dinámico y dialéctico de intercambio de saberes y experiencias. Nuestro objetivo principal es promover la formación de vínculos con mujeres en arresto domiciliario tendientes a mejorar su calidad de vida, brindando asesoramiento y contención a fin de su inclusión socio - laboral.

El sistema penitenciario chileno se encuentra inmerso en una compleja, amplia y grave crisis reconocida por autoridades, operadores del sistema de justicia penal y la academia, que incluso puede definirse como estructural por lo cual existe consenso sobre la necesidad de cambios relevantes para que el sistema carcelario de respuesta a los múltiples requerimientos por los cuales existe. El presente trabajo va más allá y apunta a la necesidad de superar el modelo penitenciario existente por su obsolescencia funcional, por la ingente deficiencia jurídico-normativa y por la pasmosa vulneración de derechos humanos que provoca. El análisis se enfoca, a través de diversas disciplinas, en un análisis genealógico crítico de la cárcel en Chile y sus diversas transformaciones hasta la realidad actual que dan cuenta de un continuo histórico y epistémico anclado en la época colonial y que tiene por sentido político el encarcelamiento de la subalternidad.

La ponencia propone una revisión crítica del rol del psicólogo en el contexto carcelario, enfatizando la centralidad de la ética profesional, el secreto profesional y el paradigma humanista frente a las demandas judiciales e institucionales. A partir de una extensa experiencia en el sistema penitenciario bonaerense, se analizan las tensiones entre la práctica clínica y los requerimientos punitivos, especialmente en la elaboración de informes psicológicos. El trabajo cuestiona la estandarización, los juicios de valor y la utilización sancionatoria de la palabra del sujeto, y reivindica una escucha activa, contextualizada y respetuosa de la dignidad humana, orientada a la reparación subjetiva y la garantía de derechos.

La ponencia reflexiona sobre la práctica profesional de la psicología en contextos de encierro, poniendo en el centro la ética profesional, el paradigma humanista y la dignidad humana. Se critica la subordinación de los informes psicológicos a demandas judiciales y mediáticas que imponen juicios de valor, vulneran el secreto profesional y desatienden la singularidad del sujeto. A partir de la experiencia en cárceles bonaerenses, se analizan tensiones entre justicia penal y práctica clínica, el impacto de los juicios abreviados y la estigmatización institucional. Se propone una escucha activa, responsable y no punitiva, orientada a la reparación subjetiva y a la garantía de derechos.

La ponencia analiza las tensiones entre los marcos normativos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el sistema penal juvenil y la salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en adolescentes en extrema vulnerabilidad social y con consumos problemáticos. Sostiene que, pese a los avances del paradigma de derechos humanos en infancias y salud mental, el régimen penal juvenil mantiene lógicas tutelares y punitivistas que reproducen estigmatización, exclusión y encierro. El trabajo denuncia la criminalización de la pobreza y del consumo, la sobre-intervención institucional y la falta de políticas públicas integrales, proponiendo un abordaje intersectorial, comunitario y respetuoso de la dignidad y la participación activa de los adolescentes.

El trabajo analiza en profundidad, el denominado sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo y/o alto perfil (en adelante, «SIGPPLAR»), implementado en argentina mediante las resoluciones 35/2024 y 153/2025 del ministerio de seguridad nacional. Examina su origen, estructura y funcionamiento, poniendo en evidencia cómo este régimen de aislamiento extremo, vulnera de forma sistemática, derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos. A través de un enfoque crítico, se demuestra que el SIGPPLAR encarna un «encierro dentro del encierro», configurando una pena autónoma, arbitraria y sin control judicial efectivo. El artículo sostiene que este sistema reproduce la lógica del derecho penal de autor y profundiza el fracaso institucional del servicio penitenciario federal y del poder judicial, que abdican de su deber de control. En definitiva, se concluye que el régimen representa un estado de excepción encubierto, contrario a la dignidad humana y a los principios de legalidad, proporcionalidad y progresividad en la ejecución penal.

El presente trabajo analiza la problemática del sistema carcelario en Argentina, con especial énfasis en el impacto del hacinamiento en cárceles y comisarías y sus efectos sobre los derechos humanos, la salud y la dignidad de las personas privadas de libertad. Se examinan las causas estructurales que perpetúan esta situación, como la falta de infraestructura adecuada, la sobreutilización de la prisión preventiva y la ausencia de políticas efectivas de reinserción social. Asimismo, se contrastan los estándares internacionales (Reglas Mandela, CADH) y la normativa nacional (ley 24.660) con la realidad cotidiana, evidenciando las brechas existentes. El artículo también aborda las recientes reformas introducidas por el código procesal penal federal y la ley 27.785, que establecen nuevos lineamientos para limitar la prisión preventiva y acelerar los procesos penales, con el objetivo de garantizar los derechos de los imputados y reducir la sobrepoblación carcelaria. Finalmente, se propone una reflexión crítica sobre la responsabilidad estatal y judicial en la perpetuación de condiciones inhumanas, planteando la necesidad de reformas urgentes orientadas a garantizar el respeto por la dignidad humana y la implementación de medidas alternativas a la prisión para descomprimir el sistema penitenciario y evitar que las comisarías se conviertan en soluciones improvisadas para albergar detenidos.

El trabajo analiza la viabilidad del juicio por jurados en el proceso penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, concluyendo que es constitucionalmente compatible. Ante el silencio de la ley 14.543 y de las normas del régimen penal juvenil, se sostiene que no existe prohibición legal y que rige el principio de igualdad de derechos, reforzado por el art. 118 de la Constitución Nacional. Los argumentos contrarios —falta de especialización y afectación a la privacidad— son descartados, destacando el rol del jurado como juez natural y límite al poder punitivo. Su implementación fortalecería la participación ciudadana y la legitimidad del sistema penal juvenil.