La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena a perpetua, como responsable del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y orientación sexual (art. 80 inc. 4º del Código Penal), en perjuicio de la víctima varón trans de 21 años de edad, desaparecido desde el 11 de marzo de 2021.
El fallo reconoce expresamente que el hecho debe interpretarse como un crimen de odio enmarcado en una violencia estructural contra las personas trans, ello en concordancia con la normativa internacional en materia de derechos humanos, género e identidad de género.

La Sala Nº 1 en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, hizo lugar al recurso de Impugnación Extraordinaria interpuesta por el Defensor Público de Coordinación, y declaró la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos 77 y 109 de la ley 10.450, en cuanto establece que los adolescentes de 14 y 15 años de edad podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas, y/o cometidos con armas.
El Dr. Miguel A. Giorgio, al momento de emitir su voto, ha mencionado a la CDN, los artículos 1 y 2 de la ley 22278, las observaciones generales 10 y 24 del Comité de Derechos del Niño, y otros instrumentos internacionales a los que nuestro país ha suscripto. Entre sus argumentos podemos mencionar: "... No debe perderse de vista que todo lo expuesto refiere a menores punibles y éstos son para nuestro país los que han alcanzado la edad de 16 años. Pretender la sujeción a proceso de una menor de 15 años -que no puede ser considerada responsable por el acto- con el único fin del esclarecimiento de la verdad, decanta en una interpretación forzada de la norma que traduce una evidente instrumentalización de la niña para otros fines e implica indefectiblemente un apartamiento de los principios, derechos y garantías consagrados en las normas internacionales a las que nuestro Estado oportuna y voluntariamente adhirió y frente a las que debe asumir posición de garante, adoptando medidas dirigidas a la protección del menor ... si aún insistiéramos en la legalidad del procedimiento contra una persona inimputable que no puede ser responsabilizada penalmente de sus actos, es fácil advertir no sólo la inconveniencia del pretendido despliegue frente a las garantías que protegen a los menores en conflicto con al ley penal, sino la ineficacia en este caso concreto para alcanzar el único fin propuesto -la verdad-, considerando lo vertido por la acusación respecto a la confesión de la niña. Resulta ilustrativo agregar la mención del Dr. Rafecas al tratar la imputabilidad y respecto de los niños y adolescentes, reconoce la falta de madurez suficiente para acceder a la cabal comprensión de lo lícito y lo ilícito. Señala que uno de los puntos de tensión más relevante entre las pretensiones punitivas estatales y las garantías constitucionales penales se da en este campo e indica que en nuestro país se ha pugnado una y otra vez por expandir el alcance de la criminalización penal mediante la propuesta de bajar la edad de inimputabilidad penal, es decir, que los debates han girado básicamente en torno de los límites de la capacidad de culpabilidad de quienes pueden ser destinatarios del castigo penal, en una
sociedad democrática. "Esta dialéctica permanente, que ha puesto a prueba al Estado de derecho, al menos desde la recuperación de la democracia, paradójicamente, ha generado cierta conciencia social, sobre los peligros que un aumento en las prácticas represivas estatales podría generar en este campo, que, en definitiva, lo tornaría contraproducente..."
Por su parte el Dr. Daniel Omar Carubia, se remitió a los argumentos expuestos por su colega, agregando además que: "... De este marco normativo y de recomendaciones interpretativas se deriva sin lugar a duda que, en nuestro país, las niñas, niños y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, no pueden ser sometidos a un proceso penal, sea cual fuere el hecho cuya comisión se les atribuya, ni acusados, sin importar que el procedimiento no concluya con una medida sancionatoria, toda vez que el propio sometimiento a un proceso penal de por sí acarrea una estigmatización y el contacto con ese tipo de proceso ha sido calificado como perjudicial para niñas, niños y adolescentes por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. De tal manera, deviene evidente que los cuestionados dispositivos de los arts. 77 y 109 de la la Ley N° 9861, incorporados por Ley N° 10.450, se revelan inequívocamente incompatibles con el reseñado plexo normativo de jerarquía constitucional y, en lugar de “proteger” los derechos de niñas, niños y adolescentes no punibles, les ocasiona un verdadero perjuicio estigmatizante sometiéndoles a un proceso penal vedado para ese grupo etario por la Convención de los Derechos del Niño y sus interpretaciones aclaratorias, persiguiendo la finalidad de que la niña, niño o adolescente comprenda y asuma su responsabilidad por el hecho cometido, cuando de consuno con toda la normativa convencional este grupo de personas entre 14 y 16 años de edad carece de responsabilidad por hechos que pudieran considerarse delictivos si superasen ese límite de edad mínima de responsabilidad penal, antes de lo cual carecen de capacidad para infringir leyes penales (CDN, art. 40.3.a) y el Estado, de ser necesario, debería adoptar medidas para el tratamiento de esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales (CDN, art. 40.3.b)..."
En voto disidente, la Dra. Claudia Mónica Mizawak consideró que no debía hacerse lugar al planteo de inconstitucionalidad pretendido. En tal sentido, algunos de sus argumentos fueron: "... Como se ha expresado y reiterado a lo largo de toda esta causa, el derecho penal juvenil busca prioritariamente la prevención de nuevas conductas delictivas -prevención especial positiva- y no la retribución de los actos en términos de castigo. Es por ello que el atravesar un proceso con todas las garantías constitucionales puede ser una oportunidad para dimensionar la gravedad del daño, fomentar procesos de implicancia subjetiva, abrir la posibilidad para desplegar medidas de reparación a las víctimas o realizar un abordaje desde el paradigma de la justicia restaurativa (cfr. Luciana Sarmiento, ¿Renunciar a la verdad o re enunciar la verdad? Abriendo las puertas de la ley en Revista de Pensamiento Penal) ... Ello resulta acorde a lo estipulado tanto por el art. 40.3 a) y b) de la Convención de los Derechos del Niño como con las Observaciones Generales N° 10 y 24 del Comité de Derechos del Niño, desde que tales instrumentos no prohíben la judicialización, sino que expresamente subordinan la utilización del procedimiento judicial a que el mismo sea “apropiado y deseable”. A modo de reflexión final, me permito señalar que el sistema de procesabilidad de menores no punibles -reitero- sólo para los delitos dolosos más gravosos del catálogo punitivo, permite realizar un proceso penal acorde a la garantías consagradas en la Constitución Nacional y a los instrumentos internacionales, y fundamentalmente intenta dar una respuesta integral e interdisciplinaria a la compleja realidad que actualmente se presenta cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal. Además, la “procesabilidad” de menores no punibles puede adquirir una positiva connotación simbólica que proyecta sus efectos al acusado, a la víctima y a todo el tejido social que se ve alterado frente a la comisión de un delito. En definitiva, soy de opinión que la legislación provincial establece un sistema judicial penal juvenil evolucionado, respetuoso de la dignidad de las personas involucradas y consciente de que cuando un adolescente comete un ilícito penal no sólo trasgrede la ley, sino que daña a la víctima, a la comunidad y a él mismo. De ahí que, con una visión humanista, el régimen provincial reconoce al menor como sujeto de derechos y garantías; construye espacios concretos para que el joven participe y se involucre en el proceso y asuma un rol responsable; y busca solucionar la controversia con una mirada integral e interdisciplinaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió que el Juzgado de Paz de Unquillo debe intervenir en los casos contravencionales ocurridos en esa localidad, en el marco de un conflicto de actuación planteado entre la jueza de paz y un ayudante fiscal móvil con base en Río Ceballos.

El hecho que dio origen al conflicto fue una denuncia receptada por un ayudante fiscal de la Unidad Judicial Móvil (UJM) de Río Ceballos, quien remitió el caso al Juzgado de Paz de Unquillo, considerando que esa era la autoridad competente.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, resolvió conceder la excarcelación de Alesia Abaigar en el marco del incidente FSM 27672/2025/1/CA1, revocando así la decisión de la jueza de primera instancia que había denegado su libertad bajo caución. La defensa cuestionó la falta de fundamentación del rechazo inicial, negó la existencia de riesgos procesales y sostuvo que la condición de funcionaria pública de su defendida no implicaba peligro alguno para el desarrollo del proceso. También destacó la ausencia de antecedentes penales, su arraigo, su estado de salud y el comportamiento colaborativo durante la investigación, incluyendo la entrega voluntaria de claves de acceso a sus dispositivos.

El tribunal consideró que no se encontraban configurados, de momento, riesgos procesales concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación, y que no había impedimentos legales para otorgar la libertad bajo medidas alternativas. Aclaró además que los planteos sobre la tipicidad de la conducta o las manifestaciones del querellante excedían el objeto del incidente. En consecuencia, dispuso la excarcelación de Abaigar bajo caución a fijar por la jueza de grado, con posibilidad de imponerle otras reglas de conducta conforme al artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua para Luis Alberto Ramos como coautor del homicidio agravado de Tehuel De la Torre, joven trans de 21 años desaparecido en marzo de 2021. El tribunal ratificó la calificación de crimen de odio por identidad de género y orientación sexual, subrayando la especial vulnerabilidad de la víctima —quien se encontraba en una situación de informalidad laboral— y la forma en que Ramos se aprovechó de esa condición para atraerlo con una falsa oferta de trabajo. Pese a que el cuerpo nunca fue hallado, los jueces valoraron pruebas indiciarias graves y concordantes, como registros de cámaras, geolocalización, testimonios, y la aparición de pertenencias quemadas, así como expresiones transfóbicas previas del condenado.

La defensa había cuestionado la constitucionalidad de la perpetua y de la reincidencia, además de alegar violaciones al debido proceso y la falta de pruebas objetivas sobre el supuesto odio de género. Sin embargo, la Casación descartó todos los planteos, destacando que el proceso respetó las garantías constitucionales y que la prueba reunida fue suficiente para sostener la autoría penal de Ramos. El tribunal también otorgó peso simbólico a la desaparición del cuerpo y la quema de objetos de la víctima, considerándolos actos de negación de su identidad.