El informe, realizado por Alejandro Miguel Sanz y Darío Nuñez Bensadon, dos estudiantes del Centro de Estudiantes Universitarios de Devoto, analiza el impacto de la Resolución Ministerial 372/2025, emitida por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Dicha resolución impone restricciones al funcionamiento de los centros universitarios dentro de cárceles federales, con especial impacto en el Centro Universitario Devoto (CUD/UBA). Entre sus disposiciones, prohíbe la creación de centros de estudiantes conformados por personas privadas de libertad y limita su permanencia en el espacio educativo únicamente a los horarios de clase, eliminando la posibilidad de uso extendido para estudio, talleres o actividades comunitarias.
Los autores, relatan que el CUD fue creado en 1985 y desde entonces ha sido un espacio clave para la reinserción social de personas privadas de libertad , con una tasa de reincidencia del 2,5% entre sus estudiantes.
Para evaluar el impacto de la Resolución 372/2025, se realizó una encuesta entre mayo y junio de 2025 a 77 estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), ubicado en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Los resultados revelaron dos rasgos clave de la población carcelaria: el 80% no había completado la educación obligatoria antes de su encarcelamiento, y el 78% representaba la primera generación universitaria en sus familias, evidenciando el rol del CUD como herramienta de inclusión social.
Los datos demostraron el marcado efecto negativo de la resolución: el 81,8% reporta dificultades para asistir a clases, el 67,5% enfrenta obstáculos para estudiar y el 93,5% percibe una disminución en la asistencia al centro. Además, actividades como la limpieza y mantenimiento del CUD, realizadas por los estudiantes, se han visto afectadas.
Las reacciones a la normativa, incluyeron acciones legales (habeas corpus colectivo), pronunciamientos institucionales de la UBA y protestas de los estudiantes.
El informe, finalmente, concluye que la resolución atenta contra el derecho a la educación y la finalidad resocializadora de la pena, poniendo en riesgo un programa con 40 años de éxito.
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