La Corte rechazó los agravios expuestos por la defensa de Machado y confirmó la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén. Algunos de los argumentos centrales fueron:

Afirmó que el agravio referido a la imparcialidad es improcedente, ya que en el proceso de extradición no cabe admitir la doctrina del precedente "Llerena" (Fallos: 328:1491) en tanto no existe instrucción en sentido estricto. No se persigue comprobar si existe un hecho delictuoso mediante diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, porque el pedido formal de extradición funciona en nuestro sistema procesal de forma similar a la requisitoria de elevación a juicio.
Asimismo, recordó que la decisión de conceder o denegar la detención domiciliaria impide, por sí, inferir acerca de qué piensa el juez sobre el mérito de la acusación, por lo que no podría hacerse valer como motivo para sostener su invocada parcialidad.
Frente al planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, el Tribunal entendió que la tacha aparecía fundada en razones que no resultaban idénticas ni similares a aquellas que fueron ensayadas en la etapa de citación a juicio, motivo por el cual cabía considerarlo como el fruto de una reflexión tardía, máxime que las limitaciones cognoscitivas establecidas en esa norma fueron conocidas por la parte desde los inicios del procedimiento.
Con relación a la doble subsunción, recordó la Corte que ésta no implica un análisis comparativo de los textos penales de ambos países ni tampoco un análisis de la prueba existente en el Estado requirente a los fines de esa comparación, sino que la “identidad” implica realizar el ejercicio mental de suponer que el hecho ha sido cometido en nuestro país y verificar, así, si éste tiene adecuación típica en nuestro ordenamiento. De acuerdo con esas pautas, entendió que los hechos invocados por la justicia extranjera, en los que se fundaron los cargos por el delito de conspiracy, permitían afirmar la existencia de ese recaudo desde la clara perspectiva del tratado aplicable entre ambos países y aun de su jurisprudencia en el tema. Agregó, también, la inexistencia de un acto que -al menos- haya sometido al requerido al proceso en trámite en jurisdicción argentina.

La Sentencia Nº 88/25 del Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes (Mercedes, 2 de julio de 2025) tuvo como imputado a J.R.F., docente y director de la Escuela Rural N.º 574 “Eloísa Benítez de Casafus” del Paraje Pairirí (Curuzú Cuatiá). Se le atribuyeron tres hechos: el primero, un abuso sexual agravado por acceso carnal y por su condición de encargado de la educación, cometido entre marzo y junio de 2002 contra su sobrina de cuatro años, alumna del jardín; el segundo, un abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado por su condición de docente, ocurrido entre marzo y mayo de 2003, durante traslados en su vehículo; y el tercero, la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, hallada en su domicilio durante un allanamiento en 2024.
La defensa técnica planteó la prescripción de la acción penal respecto de los dos hechos de abuso, invocando el artículo 62 del Código Penal y el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Citó la Sentencia N.º 47/2024 del STJ Corrientes, que consideró inconstitucional aplicar retroactivamente las leyes “Piazza” (2011) y “Kunath” (2015), que suspenden la prescripción hasta la mayoría de edad de la víctima.
El Ministerio Público Fiscal y la querella particular se opusieron, apoyándose en la Sentencia N.º 207/2022 del STJ Corrientes, que sostuvo la imprescriptibilidad de estos delitos en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y el interés superior del niño. Además, invocaron el artículo 67 del Código Penal, que suspende el cómputo del plazo mientras el autor ejerce una función pública.
El Tribunal hizo lugar a la prescripción del hecho primero, pero lo declaró probado en garantía al derecho a la verdad y el interés superior del niño. Para ello, valoró la declaración coherente y persistente de la víctima, los informes psicológicos y la prueba documental, concluyendo que los hechos y la autoría estaban debidamente. Por otro lado, rechazó la prescripción del segundo hecho, en tanto operó una causal de interrupción antes de cumplido el plazo.
Finalmente, el Tribunal condenó a J.R.F. como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de encargado de la educación, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, imponiéndole doce años de prisión efectiva, accesorias legales y multa.

La Acordada modifica el trámite de las contiendas que se entablen por razones de turno o compensación de causas entre los juzgados del fuero, así como los planteos suscitados entre las Salas que integran la Cámara. Estas pasan a ser tratadas como cuestiones jurisdiccionales y resueltas de forma unipersonal.

El Juzgado Federal de Rio Grande había dictado el sobreseimiento de la empresa CAÑAMO SUR SAS y su apoderado, reconociendo que no existía una conducta típica penalmente relevante según la Ley 23.737. El fallo reconocía que el cultivo de cáñamo industrial estaba amparado por normativas específicas y advertía que la judicialización podía afectar proyectos científicos y el acceso de pacientes a terapias con cannabis medicinal.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento dictado por la jueza de garantías y ordenó formalizar la investigación penal preparatoria por el plazo de tres meses. El fallo sostiene que la autorización ministerial otorgada a la empresa no habilita automáticamente el cultivo en cualquier inmueble, y que las actividades denunciadas se habrían realizado fuera del convenio específico con el INTA.
En consecuencia, se imputó a la persona jurídica y a su apoderado por el delito de cultivo ilegal de cannabis, agravado por la cercanía a un establecimiento educativo. Además, se dispusieron peritajes químicos para determinar el nivel de THC en las plantas secuestradas, lo que será clave para distinguir entre cáñamo industrial y cannabis según los estándares legales vigentes.
El fallo también aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rechazando la excepción planteada por la defensa. La Cámara sostuvo que la Ley 23.737 permite imputar a empresas en casos vinculados al tráfico de estupefacientes, consolidando una interpretación que reconoce su capacidad de ser sujetas a investigación penal cuando se presume una participación activa en hechos ilícitos.
La decisión tensiona el delicado equilibrio entre el control penal y el desarrollo de prácticas productivas reguladas. Si bien reafirma la necesidad de delimitar con precisión los alcances de las autorizaciones estatales, también reactiva una investigación penal en un contexto normativo aún en transición, donde el cultivo de cáñamo industrial y el acceso al cannabis medicinal están amparados por leyes específicas como la 27.669 y la 27.350.
La formalización de la investigación, aunque no implica una condena, puede generar efectos inhibitorios sobre proyectos legítimos que articulan salud, innovación y derechos. En este escenario, resulta clave que el sistema penal actúe con proporcionalidad y prudencia, evitando que la judicialización prematura se convierta en una herramienta de disuasión para iniciativas que operan dentro de marcos regulatorios reconocidos.

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La absolución dictada por la jueza de garantías en esta causa representa un gesto jurídico que respeta los límites del derecho penal frente a prácticas productivas reguladas. Al hacer lugar a la excepción de falta de acción, se reconoció que no existía una conducta típica penalmente relevante según la Ley 23.737, evitando que el proceso se convierta en una herramienta de persecución anticipada.
Este tipo de decisiones invitan a repensar el rol del sistema penal en contextos donde la actividad empresarial —como el cultivo de cáñamo industrial— se encuentra amparada por normativas específicas como la Ley 27.669 y la Resolución 1398/2022, que aprobó el proyecto de investigación presentado por CAÑAMO SUR SAS junto al INTA. Además, el Programa REPROCANN, creado en el marco de la Ley 27.350, garantiza el acceso regulado al cannabis medicinal para pacientes con indicación médica, incluyendo el cultivo controlado por usuarios, terceros o redes autorizadas.
La sola existencia de una investigación penal en este contexto pudo haber puesto en riesgo proyectos vinculados al cannabis terapéutico, afectando directamente a pacientes que dependen de estas terapias para sostener su calidad de vida. En tiempos de transición normativa, el derecho penal debe actuar con prudencia, evitando obstaculizar desarrollos legítimos que articulan salud, innovación y derechos.