La Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV) confirmó la condena a 25 años de prisión impuesta al imputado por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y abusos sexuales reiterados contra tres mujeres.
Previamente, el Tribunal Oral Federal N.° 4 había tenido por acreditado que Zea captaba a las víctimas mediante engaños (avisos laborales en diarios), trasladándolas y manteniéndolas en departamentos donde eran explotadas sexualmente bajo amenazas, violencia y coacción. Además, en algunos casos se las obligaba a realizar transmisiones sexuales virtuales, bajo control permanente del imputado. Una de las víctimas, M.C.S., rescatada en 2020, atravesó graves secuelas físicas y psicológicas que derivaron en su suicidio en 2021.
La defensa sostuvo que existió consentimiento y que las denuncias respondían a conflictos económicos o situaciones “prefabricadas”. Sin embargo, la Cámara recordó que el consentimiento es irrelevante cuando se verifican medios típicos de captación y sometimiento previstos en la ley de trata. El tribunal destacó la solidez del plexo probatorio: testimonios de las víctimas, familiares, integrantes de organizaciones de rescate, informes psicológicos y documentación que corroboraban un patrón sistemático de control y explotación.
El fallo subrayó que la valoración de la credibilidad de las víctimas corresponde al tribunal oral en virtud de la inmediación y que no se advirtieron vicios de arbitrariedad. Asimismo, rechazó los agravios de la defensa sobre la supuesta falta de pruebas en torno a amenazas o lesiones, señalando que el material reunido permitía desvirtuar la presunción de inocencia.
Además de la pena, se dispuso reparación económica integral y no patrimonial a favor de las víctimas, el decomiso de bienes secuestrados al condenado y su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Sumario:
En un conflicto de competencia, un tribunal oral en lo criminal federal exhortó a un juez comercial a abstenerse de subastar los bienes de una quiebra, con fundamento en medidas cautelares dictadas en la causa penal para asegurar activos sujetos a eventual decomiso. El juez comercial rechazó la solicitud y remitió el caso a la Corte Suprema para que resolviera la contienda.
La CSJN compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación interino y se remitió a ellos por razones de brevedad. En consecuencia, rechazó el planteo del tribunal oral y ordenó devolver las actuaciones a la justicia comercial. El Tribunal señaló que la injerencia de otro fuero sobre el patrimonio del fallido afectaría la competencia de orden público conferida por la ley concursal y podría crear prerrogativas supralegales en perjuicio de los acreedores. También afirmó que las convenciones internacionales citadas no consagran una prioridad de la pretensión penal sobre los derechos crediticios de terceros y que la decisión no altera el curso del proceso penal, actualmente en etapa de juicio.

El caso se originó en la demanda de un comprador contra una concesionaria de autos de alta gama por los defectos de fábrica de un vehículo cero kilómetro. Al revisar la apelación, el tribunal confirmó la condena contra la empresa pero también detectó que ambas partes habían citado más de veinte precedentes inexistentes generados por IA. La Cámara calificó la conducta como una irregularidad grave, efectuó un severo llamado de atención, dispuso informar al Colegio de Abogados para que evalúe posibles sanciones disciplinarias y resolvió negar los honorarios en la instancia revisora por considerar inoficiosa la actuación profesional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo parcialmente lugar a la queja y al recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia y ordenando al tribunal de origen dictar un nuevo pronunciamiento.

Los antecedentes del caso, en síntesis, son los siguientes: E. D. C. fue condenado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n.° 2 de La Plata a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y costas, por el delito de homicidio en grado de tentativa. El tribunal consideró necesaria la imposición de una pena en los términos del artículo 4 de la Ley Penal Juvenil n.° 22.278 y aplicó la reducción facultativa de la escala penal “en la forma prevista para la tentativa”.

Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, y la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata readecuó la pena a nueve años de prisión, al interpretar que la reducción de la escala penal aplicable a los delitos cometidos por menores de edad a la prevista para la tentativa “no es una obligación constitucional”, sino una facultad del juez otorgada por el legislador. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de inaplicabilidad de ley ante la corte provincial, en el que denunció violación del principio de congruencia y arbitrariedad de la sentencia. El planteo fue rechazado por el superior tribunal provincial.

Ahora bien, la CSJN sostuvo que “el a quo omitió considerar lo resuelto en el precedente Maldonado”, expresamente invocado por la defensa. En virtud de ello, dado que lo decidido afectó en forma directa e inmediata las garantías constitucionales del artículo 18 de la Constitución Nacional (artículo 15 de la Ley 48), correspondía descalificar el fallo como acto jurisdiccional, en los términos de la doctrina de la Corte sobre arbitrariedad de sentencias (conf. causa CSJ 56/2014 (50-B)/CS1 “Benítez, Joaquín s/ causa n.° 114810”, sentencia del 29 de agosto de 2017).

Entre los argumentos más relevantes, el Tribunal señaló que “la determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal y, en el caso de los menores de edad, debe también tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 22.278. No se trata de un mero cálculo matemático o de una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor, que deben ser ponderados conjuntamente”.

Asimismo, recordó que casos como el presente deben resolverse de acuerdo con lo decidido en Maldonado (Fallos: 328:4343), donde se afirmó que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad debe respetar el mandato de asegurar que tales sanciones atiendan prioritariamente a fines de resocialización. Con las palabras de la Convención sobre los Derechos del Niño: “a la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (art. 40, inc. 1°). Además, “la reacción punitiva estatal debe ser inferior a la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto” (consid. 40).

En ese marco, la Corte advirtió que el tribunal local se había limitado a sostener que la reducción prevista en el artículo 4 de la Ley 22.278 era facultativa, sin considerar las directrices fijadas en Maldonado. Del mismo modo, al determinar la pena conforme el artículo 41 del Código Penal, la cámara se había limitado a valorar genéricamente la gravedad del hecho y las circunstancias agravantes, sin atender a las circunstancias atenuantes ni a la condición de minoridad del condenado, omitiendo ponderar todos los aspectos subjetivos y las posibilidades de reintegración social del imputado.

La Resolución No. 2/25 sobre los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad reconoce las afectaciones que sufren las personas que tienen familiares en privación de libertad, y hace un llamado a los Estados a adoptar medidas que les aseguren sus derechos como tales.
Constituye el primer pronunciamiento en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la materia, y representa una aproximación inicial al tema. En particular, resalta que las familias de las personas detenidas, en su mayoría integradas por niñas, niños y adolescentes, sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales; entre ellas, la ruptura de lazos de protección, los obstáculos para mantener un contacto adecuado, y la pérdida de cuidados. Además, destaca el impacto de la discriminación y estigmatización que enfrentan estas familias.
Desarrolla los deberes estatales para garantizar los derechos de estas personas, con el objetivo de orientar a los Estados en la adopción o revisión de las políticas penitenciarias, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, las personas mayores, y mujeres.
De manera prioritaria, se destacan las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vínculos, la incorporación de las perspectivas de familiares en políticas y programas penitenciarios, el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, el acceso a la información por parte de las familias, y la obligación de combatir la violencia contra aquellas.