El Juzgado Federal de Rio Grande había dictado el sobreseimiento de la empresa CAÑAMO SUR SAS y su apoderado, reconociendo que no existía una conducta típica penalmente relevante según la Ley 23.737. El fallo reconocía que el cultivo de cáñamo industrial estaba amparado por normativas específicas y advertía que la judicialización podía afectar proyectos científicos y el acceso de pacientes a terapias con cannabis medicinal.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento dictado por la jueza de garantías y ordenó formalizar la investigación penal preparatoria por el plazo de tres meses. El fallo sostiene que la autorización ministerial otorgada a la empresa no habilita automáticamente el cultivo en cualquier inmueble, y que las actividades denunciadas se habrían realizado fuera del convenio específico con el INTA.
En consecuencia, se imputó a la persona jurídica y a su apoderado por el delito de cultivo ilegal de cannabis, agravado por la cercanía a un establecimiento educativo. Además, se dispusieron peritajes químicos para determinar el nivel de THC en las plantas secuestradas, lo que será clave para distinguir entre cáñamo industrial y cannabis según los estándares legales vigentes.
El fallo también aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rechazando la excepción planteada por la defensa. La Cámara sostuvo que la Ley 23.737 permite imputar a empresas en casos vinculados al tráfico de estupefacientes, consolidando una interpretación que reconoce su capacidad de ser sujetas a investigación penal cuando se presume una participación activa en hechos ilícitos.
La decisión tensiona el delicado equilibrio entre el control penal y el desarrollo de prácticas productivas reguladas. Si bien reafirma la necesidad de delimitar con precisión los alcances de las autorizaciones estatales, también reactiva una investigación penal en un contexto normativo aún en transición, donde el cultivo de cáñamo industrial y el acceso al cannabis medicinal están amparados por leyes específicas como la 27.669 y la 27.350.
La formalización de la investigación, aunque no implica una condena, puede generar efectos inhibitorios sobre proyectos legítimos que articulan salud, innovación y derechos. En este escenario, resulta clave que el sistema penal actúe con proporcionalidad y prudencia, evitando que la judicialización prematura se convierta en una herramienta de disuasión para iniciativas que operan dentro de marcos regulatorios reconocidos.
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