CSJN: suspensión del juicio a prueba, intervención de funcionario público y ausencia de debida fundamentación

La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había revocado las condenas dictadas por el tribunal oral y concedido la suspensión del juicio a prueba a tres imputadas. El fiscal general había deducido recurso extraordinario alegando falta de fundamentación, y el Máximo Tribunal le dio la razón.
La Corte señaló que la casación otorgó la probation a las acusadas sin analizar un aspecto decisivo: la prohibición del artículo 76 bis, párrafo 7°, del Código Penal, que impide conceder ese beneficio cuando intervienen funcionarios públicos en la comisión del delito. Esa omisión resultaba particularmente grave porque el tribunal oral había tenido por probada la participación de policías provinciales en el comercio de estupefacientes investigado en la causa.
Al no evaluar la restricción legal ni justificar por qué podría apartarse de ella en el caso concreto, la sentencia de casación prescindió de normativa vigente y aplicable, lo que —según la Corte— tornó dogmática su conclusión y la despojó de una motivación suficiente.
En consecuencia, el Tribunal consideró configurado un supuesto de arbitrariedad, hizo lugar a la queja del Ministerio Público Fiscal, declaró procedente el recurso extraordinario y anuló la sentencia, ordenando dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.