Por sentencia de fecha 2 de septiembre de 2020 el Tribunal Penal Juvenil declaró culpable al joven Z., M. E., por el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, imponiéndole la pena de cuatro (4) años y tres (3) meses de prisión, sentencia que fuera confirmada el 13 de octubre del 2021, por la Corte de Justicia de Catamarca.
El juez con competencia en la ejecución de la sanción penal declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los arts. 14 inciso 2 del Código Penal y 56 bis inciso 2 de la ley 24.660 modificados por ley nacional 27.375, en razón a ser contrarios a los principios, derechos y garantías consagrados en el sistema penal juvenil que se encuentran establecidos en los arts. 37 y 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño; arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 5.6 de la C.A.D.H., 10.3 P.I.D.C.P., 1 de la ley 24.660 y arts. 5, 8 incisos “a”, “b”, “f” y “k”, 95, 97, 101 y 102 incisos “b”, “c”, “e” y “g” de la ley 5.544.
Consideró que las modificaciones a la ley de ejecución de la pena que impide a acceder a los derechos que son fundamentales y necesarios para lograr el fin de la sanción, se tornan inviables en el proceso penal juvenil, en razón de principios convencionales y constitucionales que deben garantizarse y respetarse para evitar que este fin esencial no se convierta en la “crónica de un fracaso anunciado”
El magistrado se formula preguntas que adquieren respuesta adecuada con su decisión y concluye, al menos dentro de su competencia, que en materia penal juvenil, tratar de hacer efectivo el encierro total que prevén para ciertos delitos los arts. 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660 (ambas normas basadas en el adultocentrismo y reformadas por la ley 27.375) tornan esas consecuencias punitivas en una pena cruel, inhumana y degradante, absolutamente prohibida en nuestro régimen.

RESUMEN:
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 3 declaró sujeto de derecho a "Lola Limón", un ejemplar de la especie puma (puma concolor) que había sido víctima de maltrato, disponiéndose su libertad total, libre de cualquier medida o restricción legal y otorgándose su custodia definitiva a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IImputado que al prestar declaración indagatoria se negó a declarar y se remitió al descargo que por escrito formuló junto con su defensora. La reesolución recurrida omitió toda consideración respecto de su versión de lo sucedido y se consignó que había hecho uso de derecho constitucional de negarse a declarar. Por lo tanto la Cámara resuelva que la resolución carece de la motivación suficiente que exige el artículo 123 del Código Procesal Penal y su omisión afecta el derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Del fallo:
Pese a ello, en la resolución recurrida se omitió toda consideración respecto de su versión de lo sucedido, pues -por el contrario- se consignó que XXX había hecho “uso de su derecho constitucional de negarse a declarar”.
De tal modo, se estima que se ha verificado una causal de nulidad absoluta, en tanto la resolución impugnada carece de la motivación suficiente que exige el artículo 123 del Código Procesal Penal y su omisión afecta el derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, razón por la cual habrá de declararse la nulidad del auto de procesamiento (causas números 254/2018 "Ayala", del 7 de marzo de 2018; y 23049/18 “R.”, del 15/07/19).
Precisamente, en el marco de lo dispuesto por los artículos 168 y 445 del Código Procesal Penal, se contempla la “hipótesis de que el tribunal de alzada verifique la existencia de una nulidad absoluta que, como tal, puede declararse de oficio en cualquier estado y grado del proceso” (Palacio, Lino Enrique, “Los recursos en el proceso penal”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 33, y de esta Sala causa N° 46480/2018, "Martínez, P. M.", del 3 de mayo de 2019, entre otras).

Es precisamente por ello que los cuestionamientos efectuados por la recurrente determinan la necesidad de practicar un nuevo informe, mediante una junta médica, a fin de poder explicar las distintas conclusiones a las que arribó el propio CMF sobre la aptitud psíquica de Cuneo Espinoza para comprender y dirigir sus actos en los informes del mes de octubre de 2021 y de mayo 2022, a la luz de los interrogantes que plantea la defensa en su impugnación. Y atendiendo también a cualquier otro examen de la requerida que obre en esa dependencia vinculados a intervenciones anteriores con motivo de los conflictos con la ley penal que ha tenido la imputada en el curso de los últimos años. Ello, en función de lo mencionado por el juez de grado en su decreto del 13 de mayo del 2022.
En esa línea, se deberá establecer si es posible cumplir con la tarea sin someter nuevamente a la causante a un nuevo examen o, en el caso de así considerarlo, deberá fundamentar su necesidad así como también la eventual revictimización que mencionó en el informe del 17 de mayo pasado, como motivo para no llevarla a cabo, de acuerdo a lo solicitado oportunamente por el juez de grado en el decreto mencionado precedentemente.