Revista OJS Pensamiento Penal

El presente trabajo reproduce la clase pública y abierta dictada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) por el profesor titular Alejandro W. Slokar, en el marco de las comisiones a cargo de los profesores Rodrigo F. Videla y Patricio Gorojovsky. La actividad se desarrolló con motivo de la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar de 1976 en Argentina. A partir de una reflexión situada en el propio espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, la exposición aborda el deber de memoria como garantía de no repetición, el significado jurídico y político del genocidio y el papel de la educación jurídica en la transmisión de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

El presente trabajo propone una crítica estructural al sistema penal contemporáneo desde la metáfora del ajedrez, entendida como una lógica de juego formalmente simétrica pero materialmente desigual. A través del análisis de la selectividad penal, la reproducción de las desigualdades sociales y el rol funcional del castigo, se pone en evidencia cómo la política criminal opera como un dispositivo de control antes que como una herramienta de justicia. Con base en los aportes de la criminología crítica, el garantismo penal y las perspectivas abolicionistas y restaurativas, se argumenta que el sistema no falla: funciona exactamente como fue diseñado. Frente a ello, se proponen alternativas al encierro, centradas en la dignidad humana, la reparación y la justicia participativa.

En el estudio del instituto de extinción de dominio se han examinado los fundamentos constitucionales de la figura, su naturaleza patrimonial y su autonomía frente al derecho penal, así como la función social y ecológica de la propiedad. Por ser la figura de naturaleza constitucional se analiza la producción jurisprudencial del máximo interprete constitucional como lo es la Corte Constitucional colombiana a partir de un enfoque cualitativo, en la que se abordan temas como la moral social, la administración y destinación de bienes afectados con medidas cautelares, la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, su procedencia sobre bienes ilícitos y el rol del juez de control de garantías. Se concluye que, aunque la acción de extinción de dominio es un instrumento esencial contra la criminalidad organizada, su desarrollo normativo y jurisprudencial requieren un perfeccionamiento constante para que, de tal forma, se fortalezcan las garantías procesales, se mejore la gestión de bienes afectados con medidas cautelares y se establezca un equilibrio entre el interés general y la protección de derechos fundamentales.

El presente trabajo aborda la compleja problemática de los delitos menores incluidos en el juicio por jurados, analizando las tensiones entre la garantía de defensa en juicio, el principio acusatorio y el alcance del veredicto popular. A partir de la revisión de doctrina y jurisprudencia comparada, se examinan los distintos criterios de inclusión de delitos menores: el elements test, el cognate approach y el charging document test. En el derecho argentino, la cuestión adquiere especial relevancia debido a la ausencia de una regulación uniforme y a la coexistencia de interpretaciones diversas en las provincias. Se estudian precedentes locales que adoptan enfoques más restrictivos y otros más flexibles, lo cual evidencia un panorama fragmentado y potencialmente desigual. Asimismo, se integran referencias a la experiencia estadounidense, donde los tribunales han desarrollado criterios para equilibrar las garantías procesales con la necesidad de brindar alternativas razonables al jurado. El análisis permite concluir que el reconocimiento de delitos menores incluidos habilita al jurado a expresar un veredicto más justo sin exceder el marco acusatorio. De este modo, se resalta la importancia de una aplicación y valoración judicial consistente que armonice la práctica jurisprudencial y fortalezca la función deliberativa del jurado.

El Código Procesal Penal Federal incorpora dos principios rectores en materia de medidas de injerencia: la libertad probatoria (art. 134) y el principio de proporcionalidad (art. 16). A la luz de estos lineamientos, la normativa procesal habilita la utilización de la figura del agente revelador (arts. 185 y 186) como herramienta de investigación en maniobras vinculadas al narcotráfico que se desarrollan en entornos digitales –como la aplicación Telegram–, en las que las personas investigadas suelen operar amparadas en las opciones de anonimato que ofrece la plataforma.

En esta columna pretendo realizar un breve análisis de las consecuencias subjetivas del terrorismo de estado y su vinculación con los aspectos de la condición humana, sus secuelas y efectos en la sociedad: los propósitos de sembrar el terror.

El presente trabajo reconstruye la trayectoria militar y la posterior responsabilidad penal de Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico‑militar argentina. A partir de fuentes periodísticas, documentales y judiciales, se examina su carrera dentro de las Fuerzas Armadas, su rol en la planificación y ejecución del aparato represivo en gran parte del territorio nacional y las condenas dictadas en su contra en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad reabiertos en Argentina desde comienzos del siglo XXI. El texto propone, a modo de necrológica crítica, una reflexión sobre la distancia entre la valoración institucional que recibió durante su carrera militar y el juicio histórico y judicial que posteriormente recayó sobre su actuación durante el terrorismo de Estado.

El presente trabajo examina el concepto de «culturicidio» en el contexto del terrorismo de Estado en la Argentina, particularmente durante la última dictadura cívico‑militar (1976‑1983). A partir del análisis de discursos políticos, intervenciones institucionales y prácticas de control cultural en el ámbito educativo, se indaga cómo la construcción del «enemigo subversivo» implicó también una política sistemática de persecución de ideas, saberes y expresiones culturales. El trabajo sostiene que la represión no se limitó a la eliminación física de opositores políticos, sino que también buscó desarticular las bases simbólicas, pedagógicas y culturales de la sociedad. En este sentido, el concepto de culturicidio permite comprender la dimensión cultural del proyecto represivo y su impacto en la memoria colectiva, la producción intelectual y las prácticas educativas.

Destacar la verdadera importancia del juicio a los jueces concluido en 2017 en la provincia de Mendoza que solo reconoce como antecedente el juicio a los jueces nazis realizado en Nuremberg ya que fueron los dos únicos juicios contra aparatos judiciales en la historia de la humanidad realizados por tribunales que ponderaron y valoraron en sus sentencias el aparato organizado de poder dedicado a implementar un régimen jurídico ilegal y violatorio de las normas del ius cogens y del derecho internacional humanitario.

El trabajo analiza una línea de investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal en Mendoza en torno a crímenes de lesa humanidad cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar. A partir del reciente dictado de procesamientos por parte del Juzgado Federal n.º 1 de mendoza, se reconstruye el desarrollo de la causa y la hipótesis central de la acusación: la existencia de una práctica sistemática de violencia contra las infancias vinculadas familiarmente con las personas adultas perseguidas por el aparato represivo. Sobre la base del examen de los casos investigados, se identifican cinco patrones de criminalidad: retenciones posteriores a los operativos, violencias durante los procedimientos, abandono de niños y niñas, violencia directa diferenciada y delitos contra la identidad. El trabajo sostiene que estas violencias no constituyeron consecuencias colaterales, sino una dimensión específica del funcionamiento del terrorismo de Estado.

La columna repasa la situación actual de graves retrocesos en materia de políticas de persecución penal, juzgamiento, memorialización y descubrimiento de la verdad de los crímenes de la dictadura cívico militar. Compara los retrocesos más visibles desde la recuperación de la democracia con los avances que han dejado políticas profundas de reparación, augurando la utilidad del 50° aniversario del golpe de Estado para iniciar la salida de la etapa actual.

Este artículo examina los paralelismos entre dos procesos contemporáneos, la persistencia de políticas punitivas carcelarias y la inacción estructural frente a la crisis climática. Aunque existe un amplio consenso internacional sobre el fracaso y los efectos destructivos de ambos modelos, el sistema penal y la matriz económica extractivista continúan reproduciéndose. A partir de un enfoque documental y crítico, se sostiene que esta continuidad no es contradictoria sino funcional, en tanto responde a una lógica estructural que preserva el status quo y legitima la persistencia de mecanismos ineficaces bajo las retóricas de la seguridad, el orden y el progreso.

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las políticas postpenitenciarias y su implementación en los patronatos de liberados de Argentina desde la perspectiva de profesionales y directivos que integran dichas instituciones, así como realizar una comparación teórica con la aplicación de estas políticas en países de habla hispana. Se adoptó una metodología mixta, con un enfoque descriptivo y analítico, mediante técnicas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Los resultados evidenciaron la necesidad de fortalecer los programas existentes, promover el trabajo interregional, incrementar el presupuesto y fomentar una mayor participación de la sociedad. Asimismo, se destacó la importancia de diseñar políticas más claras y sólidas que permitan cumplir con los objetivos establecidos por la ley nacional de ejecución de la pena privativa de libertad. El análisis comparado con países como Chile, Perú y España mostró un escenario similar, con fortalezas y debilidades. Se concluyó que no existe aún un modelo único y exitoso en la materia.

Este trabajo de investigación analiza la interrelación entre la comercialización de estupefacientes y la prostitución en la zona roja de La Plata, poniendo de relieve cómo la precariedad económica y la discriminación social inciden en la participación de mujeres cis, trans y travestis en actividades ilícitas. Asimismo, examina el impacto de la Ley de Estupefacientes N.º 23.737, que profundiza la criminalización de sectores socialmente vulnerables, expuestos a procesos penales desfavorables y con serias limitaciones para el acceso efectivo a la justicia. Desde esta perspectiva, se propone cuestionar los paradigmas tradicionales del derecho penal, incorporando una mirada de género e interseccional en la administración de justicia. Este enfoque permite visibilizar desigualdades estructurales, múltiples violencias y relaciones de poder sostenidas por mecanismos de coacción en los delitos vinculados con drogas. Finalmente, se plantea la necesidad de revisar la noción de culpabilidad, considerando el condicionamiento social y económico de la autodeterminación, y se proponen herramientas interpretativas para un tratamiento penal más justo de los estados de necesidad, sin desconocer la antijuridicidad.

Este artículo analiza la problemática de los plazos de duración de los procesos penales en Argentina y su impacto en los derechos de los justiciables, especialmente en lo que respecta al derecho de defensa, al principio de inocencia y el vínculo de estas garantías con la aplicación de medidas de coerción por parte del Estado. Se examina reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las nuevas estructuras procesales del fuero federal y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se destaca la tensión existente entre la garantía del plazo razonable para que una persona sea juzgada y la realidad de procesos penales actuales de extensión casi indefinida; con el fin de plantear la necesidad de repensar dichas estructuras procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables, a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos y garantías durante el transcurso de la búsqueda por la verdad.

Este artículo presenta herramientas de intervención para abordar la violencia ejercida por hijos/as hacia mujeres mayores, fenómeno creciente asociado, en muchos casos, al consumo problemático de sustancias o a trastornos de salud mental de los agresores. El artículo revisa el marco normativo aplicable y describe los distintos tipos de violencia hacia personas mayores. Se profundiza en el sentimiento de culpa experimentado por las mujeres víctimas, entendido como resultado de mandatos culturales y estereotipos de género interiorizados. Esta emoción se vuelve un obstáculo a la hora de realizar denuncias, sostenerlas y solicitar ayuda, especialmente cuando el agresor es un hijo. Finalmente, se expone el abordaje del Equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el acceso a justicia de las víctimas mediante una intervención articulada, con eje en el acompañamiento emocional, jurídico y social. Se concluye con recomendaciones para operadores del sistema de justicia que buscan evitar la revictimización, y se subraya la importancia de brindar una respuesta integral para garantizar los derechos de las personas mayores.

A partir del fallo «Álvarez, Lucas Eduardo y Telechea, Ayelén Daiana» del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, se busca extraer consecuencias prácticas. Por una cuestión didáctica, se condensan en diez puntos. La idea es que sirvan de orientación a todos los operadores judiciales (jueces, fiscales y defensores) al momento de litigar instrucciones al jurado. Así, algunos de los temas que se pueden encontrar a lo largo del artículo son cuestiones que muchas veces surgen de la misma práctica: el rol del juez ante el litigio de las instrucciones al jurado por las partes, la inclusión de los delitos menores o no en aquellas, los límites del juez y del jurado en sus funciones. El texto busca responder preguntas que hacen al litigio diario. ¿Puede el juez instruir al jurado por lo que no acordaron las partes? ¿Debe hacerlo? ¿Puede el juez revisor sustituir al jurado? ¿O debe reenviar el caso para que sea juzgado nuevamente? ¿Debe registrarse la audiencia de litigación de instrucciones? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se hace?

En el marco del 8M, Indiana Guereño reflexiona sobre los prejuicios que atraviesan el sistema penal cuando se abordan situaciones de violencia por motivos de género. Sostiene que estos prejuicios pueden influir en la acusación, la defensa y el juzgamiento, especialmente a través de preguntas y expectativas sobre cómo «debería» actuar una víctima. La herramienta clave para reconocerlos y comprender el contexto y la complejidad de la violencia es la perspectiva de género. Reconocer esos sesgos permite acercarse a un derecho penal de acto y no de autor, evitando valorar a las personas según estereotipos sobre «buenas» o «malas» víctimas.

El trabajo analiza, a la luz del feminismo radical, un reciente fallo de la corte suprema de justicia de la nación argentina que aborda el siguiente caso: una pareja de hombres, deseosa de ser padres, recurrió a la técnica de gestación por sustitución para tener su hijo. Para ello, una mujer (C.L.A.), se ofreció altruistamente a llevar adelante el embarazo, sin intención de asumir el rol de madre. Una vez nacido, la pareja solicitó la adecuación de la partida de nacimiento del niño para reflejar su realidad socio afectiva. Esto implicaba que la gestante debía ser desplazada como madre en el registro civil, emitiendo una nueva partida en la que únicamente los hombres figuraran como progenitores. El caso llega ante la corte suprema, integrada por cuatro jueces hombres, quienes consideraron inadmisible la demanda. Desde los conceptos desarrollados por Pateman y MacKinnon, analizaré cómo los sistemas legales reproducen estructuras de subordinación que impactan directamente en la autonomía de las mujeres gestantes, aun existiendo un aparente consentimiento.

La columna analiza la violencia estructural que afecta a las mujeres travestis y trans en Argentina y su incidencia en la valoración judicial de la legítima defensa. Con base en datos oficiales —especialmente el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y el Censo 2022— demuestra la sobrerrepresentación del colectivo en las estadísticas de muertes violentas, pese a constituir un porcentaje mínimo de la población. Este escenario de exclusión, precarización y estigmatización configura un marco ineludible para el análisis penal. Se examinan precedentes en los que mujeres trans fueron imputadas y luego absueltas por legítima defensa, resaltando la necesidad de incorporar perspectiva de género y diversidad en la valoración probatoria. Finalmente, se sostiene que la debida diligencia reforzada es un estándar exigible para evitar estereotipos y asegurar una respuesta judicial compatible con la igualdad material y los compromisos internacionales en derechos humanos.