Revista OJS Pensamiento Penal

Este trabajo explora el uso de nuevas tecnologías por parte de organizaciones criminales y el impacto de los avances tecnológicos en la labor de las fuerzas de seguridad para prevenir y castigar delitos graves como el tráfico de drogas, armas, la trata de personas, la pedofilia y el terrorismo. Se introduce el concepto de agente digital encubierto,una figura que permite a los investigadores infiltrarse en redes criminales en el ámbito digital, analizando sus implicancias legales y éticas. El documento examina la operación EncroChat y Trojan Shield, que expusieron cómo las fuerzas de seguridad desarticularon redes criminales transnacionales mediante la infiltración de dispositivos de comunicación encriptados. Se aborda la problemática del acceso transfronterizo de datos, destacando la cooperación internacional necesaria para combatir delitos en el ciberespacio y el marco normativo que lo respalda, como el convenio de Budapest. Finalmente, se discuten las implicancias del agente encubierto digital en la legislación argentina, señalando su regulación en la provincia de Mendoza.

En la actualidad, la incorporación de evidencia digital al proceso penal se ha vuelto cada vez más frecuente, resultado del uso masivo de herramientas y tecnologías informáticas que atraviesan prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Las nuevas formas delictivas —habitualmente denominadas «ciberdelitos»— conviven con los tipos penales tradicionales y, en la mayoría de los casos, las tecnologías digitales inciden en la organización de la conducta, en el iter criminis o en las fases posteriores a la comisión del hecho. El propósito de este trabajo es precisar cómo debe recolectarse, tratarse, introducirse e interpretarse la evidencia digital en el marco del proceso penal, considerando que las normas rituales vigentes fueron dictadas en un contexto radicalmente distinto, cuando los medios de prueba distaban mucho de poseer las características actuales. En consecuencia, se impone actualizar el rito penal al entorno informático a fin de prevenir eventuales afectaciones a las garantías constitucionales. Para ello, y dado el escaso tratamiento que la temática ha recibido en nuestro sistema judicial y en la jurisprudencia local, se propone abordar la evidencia digital desde su conceptualización, para luego examinar su incorporación en la fase de investigación y analizar los conceptos y precedentes relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

El trabajo examina cómo la jurisprudencia entrerriana ha precisado los conceptos jurídicos indeterminados que habilitan las requisas personales y vehiculares, ante la escasa regulación del código procesal penal local y el marco constitucional del artículo 18 de la constitución nacional. A partir de los estándares fijados por la corte interamericana de derechos humanos en «Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina», se analiza cómo los tribunales han definido cuándo existen «motivos suficientes» y en qué supuestos es legítimo prescindir de la orden judicial por considerarse la medida «urgente e impostergable». El estudio destaca la importancia decisiva de las actas policiales para el control judicial ex post, así como los principales escenarios en los que se admiten estas intervenciones sin autorización previa: flagrancia, descarte de elementos vinculados a delitos, amenazas con armas y contextos adversos que comprometen seguridad o evidencia. También se identifican casos donde la falta de urgencia invalida la actuación policial, como en operativos rutinarios o intervenciones premeditadas. En conjunto, el análisis evidencia tensiones persistentes entre facultades policiales y exigencias constitucionales, subrayando la necesidad de mayor precisión normativa en materia de requisas.

En un contexto donde el ciberespacio prácticamente se ha convertido en el mundo que más habitamos y la tecnología ha creado una dependencia tal que nos es casi imposible rememorar los tiempos en que era solo un elemento accesorio a la vida; el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial avanzan a pasos inusitados, y mal parece que las agendas legislativas y políticas escasamente están considerándola en su intervención delictiva, sea como medio comisivo o como agente independiente. Frente a ello, proponemos un breve repaso de los conceptos elementales en torno a la inteligencia artificial y a la delincuencia informática, y un análisis final de los riesgos penales concretos que han dejado de ser una hipótesis para transformarse en una realidad irrefrenable.

Desde la aparición de bitcoin en 2009, las criptomonedas y la tecnología blockchain han revolucionado el panorama financiero y tecnológico. Si bien ofrecen beneficios como transacciones rápidas y menores comisiones, su naturaleza descentralizada y el anonimato que pueden proporcionar plantean serios desafíos en la lucha contra el lavado de activos. Las criptomonedas, al carecer de una autoridad central y permitir movimientos transfronterizos con gran facilidad, se han convertido en una herramienta atractiva para delincuentes que buscan ocultar el origen ilícito de fondos. Las etapas tradicionales del lavado de activos (colocación, ocultación y reintroducción) se adaptan a su uso, facilitando la fase de ocultación con mayor velocidad y anonimato, lo que complica enormemente las investigaciones. Organismos internacionales como el GAFI y entidades locales como la UIF han advertido sobre estos riesgos, señalando la dificultad de rastrear e incautar bienes en un sistema descentralizado. Este escenario subraya la urgente necesidad de analizar el impacto de las criptomonedas en el lavado de activos, identificar las técnicas empleadas y desarrollar estrategias regulatorias y de combate efectivas. La investigación se propone abordar estos desafíos, buscando comprender cómo se utilizan las criptomonedas para fines delictivos y proponer recomendaciones para mitigar este riesgo creciente.

A raíz del fallo dictado el 21 de marzo del año 2024, del tribunal de impugnación de Río Negro, y la alegada violación al derecho de confrontación por parte de la defensa técnica del acusado, se propone un repaso y análisis de las cuestiones relevantes asumidas en el caso. Este análisis tiene como objetivo comprender el efectivo alcance del derecho de confrontación, como derivación necesaria del debido proceso. La confrontación, esencial para asegurar la equidad del juicio, permite a la defensa cuestionar la credibilidad de los testigos, evitando así que se presente evidencia testimonial sin la debida fiscalización. Su violación puede constituir un grave error judicial que afecta la integridad del proceso adversarial y compromete la legitimidad del sistema judicial.  Al analizar este caso, es crucial entender cómo se interrelacionan el derecho de confrontación y el debido proceso, y cómo su transgresión puede tener repercusiones significativas en la justicia penal, destacando la importancia de salvaguardar estos principios para garantizar juicios justos y equitativos.

La prostitución, entendida como la prestación de servicios sexuales a personas indeterminadas de manera habitual y a cambio de una retribución económica, nunca fue configurada como delito por la legislación penal argentina. Sin embargo, genera un debate entre las corrientes abolicionista y reservista respecto de la constitucionalidad del artículo 125 bis del código penal en relación con la garantía de reserva establecida en el artículo 19 de la constitución nacional. Desde la perspectiva reservista, dicho artículo vulnera esta garantía al penalizar a quien promueve o facilita la prostitución cuando esta es ejercida de manera libre y plenamente consentida por personas adultas, sin afectar el orden público ni los derechos de terceros. Castigar esa conducta implica una injerencia inadmisible en la esfera privada de quienes optan por modos de vida alternativos y reproduce una concepción paternalista y moralizadora del estado que debe ser rechazada en un sistema respetuoso de las libertades individuales.

La importancia del enfoque reconstructivo en el análisis del lugar del hecho, entendido como un proceso técnico-científico orientado a la búsqueda de la verdad fáctica. Se propone superar la fragmentación disciplinar habitual en la práctica pericial, integrando los indicios dentro de un sistema causal que permita comprender la dinámica del suceso delictivo. La metodología reconstructiva se apoya en la observación, la experimentación y la inferencia racional, pilares del método científico aplicados a la criminalística. Desde esta perspectiva, la labor pericial adquiere un valor epistemológico central: reconstruir el hecho implica ordenar la evidencia, establecer relaciones de causalidad y garantizar la objetividad en el análisis. Este abordaje contribuye a fortalecer la fiabilidad de las conclusiones forenses y la función probatoria de la ciencia en el proceso penal.

La presente contribución analiza el papel que desempeña la víctima en el proceso penal cubano, a partir de los principales cambios introducidos en la legislación nacional tras la reforma. En este sentido, se examinan las distintas formas de participación reconocidas por la ley del proceso penal, que permiten a la víctima intervenir procesalmente como testigo, tercero coadyuvante, acusador particular o parte civil. No obstante, la ley No. 143 de 2021 —ley del proceso penal— también establece determinadas pautas que pueden limitar el alcance de su actuación.

Debido a la gran cantidad de presos condenados en Argentina, vinculados al factor criminógeno del consumo de sustancias[1], decidí introducirme en esta problemática por medio de entrevistas y encuestas hechas en primera persona a personas con problemas de consumo en recuperación. Esta investigación apunta a concientizar sobre la realidad del consumo problemático, para intentar comprender por qué el consumo problemático de drogas predispone a ciertas personas a terminar en el sistema carcelario, en vez de ser atendidos mediante políticas de salud pública. Por esta razón elegí describir el funcionamiento y los efectos que produce en las personas y en la sociedad, la confraternidad de Narcóticos Anónimos, que viene a brindar una respuesta concreta y efectiva a través de un tratamiento de 12 pasos para quienes padecen esta problemática e intentan recuperarse de los efectos de la drogadicción.

Editorial

Presentación del Dossier Especial.

El presente trabajo analiza la constitucionalidad del capítulo 11 de la ley 14.243 de la provincia de Santa Fe y las resoluciones 35/2024 y 153/2025 del ministerio de seguridad de la nación.  Estas normativas crean las categorías de «alto perfil» y «alto riesgo» para personas privadas de la libertad (sin distinguir entre inocentes y condenados), estableciendo un régimen de detención con condiciones restrictivas y medidas que afectan derechos fundamentales. El trabajo pone en duda la constitucionalidad de estas disposiciones, argumentando que representan un retroceso en materia de derechos humanos y contravienen normas constitucionales y tratados internacionales ratificados por Argentina.

La llamada «lucha contra las drogas» promueve la criminalización de los sectores más bajos de la cadena del narcotráfico, impactando de modo diferencial en las mujeres pobres. Éstas, en su mayoría son madres de hogares monoparentales, por lo que se les concede la detención domiciliaria, pero se les niegan los permisos para realizar las actividades de cuidado necesarias para su subsistencia y la de sus hijos e hijas. Las respuestas judiciales que se dan a su situación están plagadas de prejuicios machistas y patriarcales y dan lugar a ciertos mitos del texto.

El presente artículo tiene como objetivo plantear alternativas a la resolución de conflictos dentro del ámbito penal, mediante herramientas legales que constan de una menor injerencia del poder punitivo en la vida de las personas que atraviesan el proceso penal. En consecuencia, se pretende abordar la reparación integral del daño como aquella medida tendiente, por un lado, a garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas y, por otro lado, como garantía y derecho del imputado de aplicar alternativas a la solución del conflicto penal menos lesiva de los derechos en pugna, desde la normativa vigente, nacional e internacional, y su interpretación jurisprudencial en la provincia de buenos aires.

El presente artículo tiene como objetivo abordar la procedencia de los institutos contemplados en el art. 30 del código procesal penal federal, que permiten al ministerio público fiscal la disposición de la acción penal, en los casos de violencia institucional; y a partir de allí plantearnos una serie de interrogantes. Al respecto, la norma de mención establece dos vallas principales. Por un lado, el carácter de funcionario público de las personas imputadas en tanto se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo; y por otro lado, la incompatibilidad, a partir de los supuestos investigados, con las previsiones de instrumentos internacionales. En concreto, con los estándares vigentes en materia de prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A partir de este marco, pretendemos analizar en clave crítica, si, más allá de los límites indicados, y teniendo en cuenta el deber de investigar y sancionar, pero también de reparar a las víctimas de estos hechos, existe la posibilidad de aplicar en ciertos casos soluciones conciliatorias.

El artículo analiza la crisis de legitimidad del sistema judicial en argentina y la creciente ineficacia del sistema penal para gestionar la conflictividad social. Frente al colapso de la justicia penal -caracterizado por bajas tasas de resolución, burocratización y una percepción pública de impunidad- se propone revalorizar el sistema contravencional como un espacio estratégico para la gestión de conflictos de baja intensidad. Desde el paradigma del conflicto, que entiende la conflictividad como inherente a la vida social, se sostiene que la intervención estatal debe priorizar soluciones ágiles, proporcionales y restaurativas, antes que respuestas punitivas. El trabajo reconstruye la historia del derecho contravencional, marcada por prácticas policiales arbitrarias, y destaca las reformas recientes que fortalecieron garantías y trasladaron el juzgamiento a autoridades judiciales. Asimismo, plantea que el sistema contravencional puede relocalizar ciertos conflictos penales y comunitarios, ofreciendo mecanismos como la mediación, los acuerdos reparatorios y medidas socioeducativas. Finalmente, se argumenta que consolidar este enfoque exige formación específica, articulación interinstitucional y una política pública orientada a la prevención y a la recomposición del lazo social.

La ley 26.052, sancionada en 2005, introdujo la «desfederalización» parcial de delitos vinculados al narcotráfico en Argentina, otorgando competencia a las provincias adheridas para investigar y juzgar delitos de narcomenudeo y tenencia para consumo personal. Esta medida buscó mejorar la eficacia en la persecución de delitos menores ante la limitada presencia de fuerzas federales en el territorio. Sin embargo, la fragmentación jurisdiccional generó obstáculos para investigar niveles superiores del narcotráfico, al alertarse a eslabones más altos durante operativos locales. Para enfrentar esta problemática, la ley 27.502 de 2019 estableció mesas de coordinación entre autoridades federales y provinciales. Un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (2024) muestra una disminución de causas federales en provincias adheridas tras la sanción de dicha ley, lo que evidencia cambios en la distribución de competencias, aunque no necesariamente una reducción del narcotráfico. Por lo pronto, el sistema mixto plantea desafíos persistentes, especialmente por la falta de coordinación entre jurisdicciones, lo que puede limitar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de colaboración, intercambio de información y capacidades institucionales para mejorar los resultados y garantizar una respuesta estatal más integral frente a esta problemática.

La ponencia analiza el concepto de error de prohibición invencible como causa de exclusión de la culpabilidad en el derecho penal argentino, a partir del fallo “C., N. O. s/ abuso sexual con acceso carnal”, resuelto por la Cámara de Apelación de Rosario y confirmado por la Corte Suprema de Santa Fe. Tras exponer el marco teórico doctrinal (Zaffaroni y Roxin) y su recepción normativa, se examina críticamente la absolución del imputado fundada en consideraciones contextuales, culturales y sociológicas. El trabajo cuestiona esta aplicación en delitos contra menores de trece años y propone una solución intermedia que compatibilice culpabilidad, proporcionalidad y protección reforzada de la infancia.

El presente artículo aborda la escasa atención a nivel doctrinal, jurisprudencial e institucional que recibe la temática de la desaparición de mujeres y su íntima conexión con el delito de femicidio.

La vinculación desaparición-femicidio, fue abordada por primera vez en el caso «Campo Algodonero» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, «Corte IDH»), donde se consideró que las desapariciones tenían un riesgo específico de letalidad, teniendo los Estados la obligación de investigar tales desapariciones mediante una debida diligencia reforzada. Puede sostenerse que una de las formas particulares en que el Estado tomará conocimiento de los femicidios es mediante la denuncia de la desaparición de una mujer, lo que implicará el inicio de una investigación penal en el marco de causas caratuladas como «averiguación de paradero», «averiguación de delito», entre otras, por lo que resulta de suma importancia vincular la desaparición de mujeres con la posible violencia letal de la cual pudieran haber sido víctimas. Sin embargo, se observa que por falta de conexión entre la desaparición de mujeres y el delito de femicidio se han generado dificultades específicas, independientemente de los problemas que pueden observarse en otros casos de violencia de género, en el marco de estas investigaciones penales. Se torna necesario profundizar sobre la vinculación entre la desaparición de mujeres y el femicidio a los fines de investigar y sancionar correctamente este delito ante dicha modalidad.