Revista OJS Pensamiento Penal

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las dinámicas que asumen algunas prácticas penitenciarias en la provincia de Santa Fe a partir de una de las modificaciones legislativas introducidas en diciembre de 2023 y, fundamentalmente, en cómo dichas transformaciones se traducen en el despliegue de un ejercicio punitivo anclado en la construcción del miedo y el amedrentamiento. En ese sentido, procuramos reconocer cómo esa forma de gestionar la prisión es dable a partir de la reinscripción de la noción de peligrosidad como elemento fundante, no sólo del castigo físico, sino también de un entramado clasificatorio que avala el ejercicio de cualquier tipo de violencias, tanto a partir de las prácticas de agentes de seguridad como de integrantes del cuerpo profesional. De este modo, nos preguntamos cómo el racismo de Estado opera configurando la frontera entre buenos y malos, al mismo tiempo que instala una gradación de la violencia física sobre sujetos de excepción, que podrán ser objeto de amedrentamiento permanente o de la más desproporcionada aplicación del dolor carcelario.

En un mundo donde las fronteras físicas se desvanecen y la tecnología conecta cada rincón del planeta, el crimen organizado ha encontrado nuevas y sofisticadas formas de operar, desde fraudes financieros hasta ataques a infraestructuras críticas y robos masivos de datos, lo que plantea serios desafíos para los Estados al poner en evidencia las limitaciones del sistema jurídico tradicional ¿Es posible que nuestra legislación evolucione lo suficientemente rápido para abordar los desafíos de la era digital, o quedaremos atrapados en un sistema legal obsoleto frente a la complejidad de los delitos cibernéticos?

Al analizar la importancia que las políticas criminales imponen, así como la trascendencia de su mandato de determinación, pretendo interiorizarme sobre los resultados empíricos de una investigación que analiza un fenómeno social que azota a nuestra población. Véase que, desde hace unos años a esta parte, se ha profundizado e instaurado en nuestra sociedad la firme necesidad de dictar un abanico de medidas complementarias para combatir la violencia de género, ello por cuanto se multiplican los sucesos que repercuten con profunda y sorprendente asiduidad en esta tierra. En ese marco, intentaré mencionar algunas de las disposiciones que se han adoptado, haciendo luego hincapié en los datos fácticos que ilustran sobre el lamentable resultado negativo que han arrojado –de momento- la implementación de esas reglas instadas al efecto.

En el presente artículo se analizarán desde una perspectiva crítica y a la luz de la consideración de animales como sujetos de derecho, los fundamentos de la sentencia mediante la cual se condenó a O.D.P. por la comisión de actos de crueldad animal consistentes en haber causado sufrimientos innecesarios a los animales no humanos que estaban bajo su cuidado, en virtud del art. 3, inc. 7°, Ley 14.346. Comenzaremos haciendo una breve reseña histórica de la sanción de la aludida norma y de los precedentes en los cuales fue aplicada, para luego analizar el caso concreto. Así, se abordarán problemas relacionados con el especismo antropocentrista que caracteriza el vínculo entre los humanos y los demás animales, destacando la escasa consideración que estos reciben como sujetos de derechos, siendo prácticamente nulo su respeto como seres sintientes y cohabitantes del planeta tierra. Finalmente, se analizarán problemas adicionales referidos a la representación de los animales no humanos en estos procesos, y cómo ello incide en el acceso a la justicia.

El trabajo analiza los resultados de las políticas anticorrupción implementadas en Quintana Roo, México. Se efectúa una descripción de trece categorías metodológicas empleadas en el archivo denominado «informe de labores y resultados 2022», del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo de 2022. Se identifica el impacto social que ha tenido el sistema anticorrupción y la percepción que tiene la ciudadanía ante el fenómeno de la corrupción.

El trabajo analiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello se realiza un estudio del caso «Adolescentes Recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del Servicio Nacional de Menores (SENAME) vs. Chile» y un repaso por los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El artículo analiza la intervención de las comunicaciones en el proceso penal cubano, la evolución histórica de esta medida en las leyes procesales del país y el rol de la Fiscalía como órgano responsable del control de la investigación, en el contexto de los desafíos impuestos por la Ley 143 de 2021 sobre el proceso penal.

Este trabajo sostiene que, en el proceso penal bonaerense, la investigación autónoma de la defensa no solo es un derecho del imputado sino un deber profesional para asegurar una asistencia técnica efectiva. A partir de los pilares del derecho de defensa y de la igualdad de armas, se cuestionan los resabios inquisitivos que persisten en la investigación penal preparatoria -en particular, el rol preponderante que se le otorga al Ministerio Público Fiscal mediante el art. 273 CPPBA- por su impacto en la preparación de la estrategia defensiva. Se propone habilitar prácticas investigativas propias (entrevistas a testigos, recolección y resguardo de fuentes, pedidos de informes y, cuando corresponda, solicitud directa de medidas ante el juez de garantías), con especial cautela en supuestos de vulnerabilidad. El trabajo articula fundamentos constitucionales y convencionales, referencias comparadas y jurisprudencia local, concluyendo que la defensa debe independizar su pesquisa para sostener una teoría del caso propia.

La editorial de la Dirección de la Revista Pensamiento Penal para el Dossier Especial «40 años de democracia: reflexiones sobre una conquista diaria» recupera un espacio de análisis sobre la trayectoria democrática argentina desde 1983. Destaca los logros alcanzados e identifica desafíos persistentes, como la influencia de poderes fácticos, la corrupción y la vulneración de derechos. Los ensayos que integran el dossier ofrecen un enfoque interdisciplinario y crítico, abordando memoria histórica, rol del Poder Judicial, política de drogas, defensa pública, sistema penitenciario, legislación ambiental y perspectiva de género. El objetivo perseguido: fomentar la reflexión, el debate y la construcción de una democracia más robusta y resiliente.

Hugo Seleme analiza el retorno de la democracia a Argentina hace cuarenta años como un proceso de aspiraciones realistas y limitadas, diseñado en contraste con la inmoralidad y devastación del régimen militar anterior. Reflexiona sobre la naturaleza “resignada” de esta democracia inicial, que buscaba garantizar derechos básicos como alimentación, salud y educación, más que prometer riqueza o bienestar abundante. Su texto invita a pensar la democracia como un proyecto constante, marcado por tensiones, limitaciones y la necesidad de vigilancia y compromiso ciudadano para su consolidación.

El artículo analiza la probation desde una perspectiva de justicia restaurativa orientada al diseño de medidas que disminuyan la conflictividad y la violencia social. La investigación demuestra que el éxito de las PROB-CEC requiere un seguimiento integral inclusivo y la presencia activa del Estado, junto con las organizaciones de la sociedad civil; especialmente en contextos de vulnerabilización. A partir de experiencias en la Provincia de Buenos Aires, se proponen cuatro estrategias y propuestas concretas de política criminal para mejorar la articulación del seguimiento y optimizar los recursos judiciales-administrativos existentes, promoviendo formas sostenibles de pacificación comunitaria.

El trabajo analiza el rol del Poder Judicial argentino en los cuarenta años de democracia, destacando su complicidad durante la dictadura y el valor del proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” para reconstruir su legitimidad democrática. Se sostiene que, aunque dicho proceso consolidó los derechos humanos, persisten graves desafíos actuales: la selectividad del sistema penal, su sesgo punitivo hacia los sectores vulnerables, las condiciones inhumanas de detención y la indulgencia frente a la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad. A través de un enfoque crítico, se advierte sobre la necesidad de políticas judiciales activas que aseguren la investigación y sanción de violaciones actuales, y se propone retomar los principios del proceso de Memoria, Verdad y Justicia como guía para fortalecer el Estado de Derecho y la confianza social en la Justicia argentina.

El trabajo analiza el auge del negacionismo como una amenaza estructural para las democracias del siglo XXI. Partiendo de la experiencia argentina y del Juicio a las Juntas, se sostiene que el futuro democrático depende de mantener viva la memoria del pasado autoritario. Se examina el negacionismo como fenómeno político, cultural y jurídico que busca reescribir la historia, banalizar los crímenes de Estado y habilitar nuevas formas de violencia y desigualdad. Retomando a autoras como Di Cesare, Fronza y Brown, se vinculan los negacionismos contemporáneos –de los crímenes de lesa humanidad, del cambio climático o de la pandemia– con la subjetividad neoliberal que los sostiene. Se propone enfrentar el negacionismo como una “batalla madre” para resguardar la verdad histórica, la dignidad humana y la igualdad como pilares de la democracia.

El texto de Gonzalo Scivoletto reflexiona sobre los cuarenta años de democracia argentina y sus desafíos actuales frente al ascenso de movimientos autoritarios y el debilitamiento de la solidaridad social. A partir del triunfo de fuerzas liberales radicales, analiza la crisis de la democracia como fenómeno global, marcada por la desafección ciudadana, la desigualdad y la erosión del sentido deliberativo. Contrasta dos grandes narrativas sobre dicha crisis: la liberal-socialdemócrata y la de la izquierda radical, subrayando la necesidad de repensar la democracia más allá del formalismo institucional y de recuperar su dimensión ética y participativa.

El artículo analiza la persistente crisis de legitimidad del Poder Judicial argentino desde 1930 hasta la actualidad. Examina la doctrina de facto y la continuidad de jueces durante dictaduras, señalando su complicidad en la represión ilegal y la falta de depuración en la transición democrática de 1983. Revisa las reformas procesales y el rol del Consejo de la Magistratura, destacando la arbitrariedad en la selección de magistrados y el “techo de cristal” que limita el acceso de mujeres a cargos jerárquicos. Concluye que la reforma judicial es una asignatura pendiente para consolidar el Estado de Derecho.

El artículo examina las violencias invisibilizadas sufridas por mujeres y disidencias durante el terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983). Señala cómo la dictadura utilizó la maternidad y los roles de género como mecanismos de control y estigmatización, imponiendo torturas sexuales, apropiación de bebés y discursos degradantes que buscaban quebrar la identidad femenina y política. A pesar de avances judiciales que reconocieron los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad, persiste la deuda histórica de visibilizar estas experiencias. La memoria, verdad y justicia requieren integrar la perspectiva de género para consolidar una democracia inclusiva y equitativa.

El trabajo sostiene que la consolidación democrática en Argentina requiere la plena implementación del juicio por jurados en la justicia nacional y federal. Analiza su origen constitucional y su valor como institución política que garantiza participación ciudadana, transparencia y control del poder punitivo. Recupera experiencias provinciales exitosas y el impacto del jurado en la legitimidad judicial, la educación cívica y la confianza social; y concluye que democratizar la justicia mediante jurados es una deuda constitucional y ciudadana impostergable.

Gabriel Ignacio Anitua, referente de la criminología crítica, analiza las tensiones de la política penal argentina tras 40 años de democracia. Su trabajo muestra la oscilación entre avances garantistas en derechos humanos y oleadas punitivistas impulsadas por demandas sociales y mediáticas. Examina hitos como el Juicio a las Juntas, las leyes de impunidad, las reformas Blumberg y el hiperencarcelamiento contemporáneo. Con mirada experta, advierte sobre el “sentido común punitivista” que amenaza la vigencia democrática y subraya la necesidad de políticas criminales racionales y respetuosas de los derechos humanos.

Cuatro décadas continuas de democracia en Argentina arrojan un balance complejo en materia penal. Las partes centrales que conforman el sistema penal –esto es, los planos constitucional, sustantivo, procesal y de ejecución– han sido objeto de constantes modificaciones parciales e incoherentes entre sí, que revelan una tensión entre enfoques humanitarios y punitivos. La forma de legislar ha fluctuado entre la delegación la creación de normas a juristas y el populismo punitivista, lo que repercute sobre la legitimidad democrática del sistema penal. Se aboga por una discusión profunda, racional y participativa en legislación penal, nutrida por la academia, que involucre diversas disciplinas y tome en consideración la voz de la ciudadanía.

El trabajo analiza las reivindicaciones feministas en Argentina desde el retorno a la democracia. Examina cómo la inclusión política de las mujeres, a través de leyes de cupo y paridad, impactó en la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Destaca hitos como la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Educación Sexual Integral, la protección contra la violencia de género y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Concluye que la participación política femenina ha sido decisiva para transformar la agenda pública y consolidar derechos fundamentales en clave de igualdad.