El presente Trabajo tiene por objeto realizar un
estudio tanto teórico  107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">como práctico de   la 
 inclusión   en   el  proceso, 
 concretamente en   la fase 
 probatoria,   de   nuevos instrumentos 
que  se  han encuadrado  dentro  de  lo 
que   se  ha  denominado  «prueba electrónica»,  haciendo 
especial  referencia  a  la  aplicación WhatsApp.  Teniendo  en cuenta el
nacimiento exponencial de las denominadas  «Tecnologías de la Información y 
la  Comunicación»,  se  ha generalizado  el  uso  de 
nuevos  medios  de  comunicación, entre los cuales se sitúan las aplicaciones de mensajería
instantánea. Por consiguiente y en líneas generales, se pretende
analizar el recorrido de la prueba electrónica siguiendo el orden
lógico del proceso, o sea, se pretende analizar la licitud en la obtención
de la prueba electrónica,  las  distintas 
formas  de  proponer  y  aportar  la misma  al  proceso penal, 
para  después  conocer  los  medios  de valoración  y  posterior 
autenticidad  que emplean   los   Tribunales de   Justicia 
 españoles.   Para finalizar,   se 
 expondrán   las conclusiones  que  se  han 
alcanzado  tras  el  estudio teórico-práctico  de  la  prueba
electrónica  en  el  proceso  penal, y  se  propondrá  la
adaptación/reforma  de  las  leyes procesales para conseguir una Justicia 2.0 que otorgue
mayor seguridad jurídica.

Este trabajo tiene como objetivo el análisis
crítico de la nueva  107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">calificadora del homicidio, tras la 
entrada  en  vigor  de  la  Ley

13.104/2015,  que  es  el 
femicidio.  Pasa  por  el  desarrollo  del pensamiento  feminista  y 
la  evolución  de  la  criminología feminista.  Expone  los  aspectos
críticos  y  dogmáticos  del homicidio  agravado  y  el 
feminicidio.  Por  último,  se  provoca una discusión acerca de las razones de política
criminal que llevaron a la creación de la novela de cualificadora, así como
de los efectos positivos y negativos de la penalización del
femicidio de cara al principio constitucional de igualdad.

El modelo de Justicia Juvenil en Brasil se
inspira en las directrices  line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">internacionales para la protección integral de
la infancia y la

adolescencia y se guía por los procedimientos
establecidos en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, Ley
8.069/1990) y la Ley del

SINASE (Ley 12.594/2012). De acuerdo con estas
leyes, aunque inimputables por el Código Penal, los
adolescentes son

responsabilizables, ante la ley especial. A ellos, por lo tanto, se
imputa la aplicación de los seis tipos de “medidas socioeducativas”
(Art.112, artículos I a VI, la Ley Nº 8.069, de 1990.): advertencia; obligación
de reparar el daño, prestación de servicios a la comunidad, libertad
asistida, libertad parcial y el internamiento en un centro de
enseñanza. En los últimos cuatro, hay la presencia del psicólogo como
profesional que forma parte de un equipo interdisciplinario de atención
socioeducativa. Este artículo presenta una visión general del marco
normativo que guía el trabajo de los profesionales en el Sistema de
Atención Socioeducativa en Brasil y discute las posibilidades psicólogo
en este escenario. Por lo tanto, proponemos una reflexión sobre la
propuesta de la socioeducación en términos generales y, en
concreto, cuestionamos cómo sería la  actuación  del 
psicólogo  en  este  tipo  de  actividad.

Apuntamos  a  tres 
aportaciones  que  la  psicología  podría ofrecer el servicio de atención socioeducativa: 1)
promocionar procesos de

resignificación junto a los adolescentes acerca
de la práctica de delitos y las consecuencias de sus acciones para
la vida en la comunidad; 2) mediar acciones de inclusión de
los adolescentes en sus familias en la comunidad; 3) construir 
conjuntamente  proyectos  de

vida  que  fomenten  la 
participación  política  y  ciudadana  de los  adolescentes como herramienta de
transformación social.