El objetivo de este estudio se sitúa en analizar
las  "Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">consecuencias de la sentencia dictada por el
Tribunal de Justicia de

la Unión Europea el 13 de mayo de 2014 en
materia de protección de datos personales, así como la reforma de la
normativa europea y la

repercusión que ello ha tenido en la
jurisprudencia española.

Junto con los clásicos debates jurídicos
referidos a la atribución o  line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">no al Ministerio Fiscal de la fase de
investigación, junto con la introducción en nuestro sistema procesal del
principio de oportunidad penal,  cada  vez  cobra 
mayor  atención  en  España  la conveniencia  de  articular medidas
legales que incentiven la colaboración con la Justicia, y en especial, las
confesiones y delaciones de criminales arrepentidos, como
instrumentos que favorecerían la obtención de valiosa
información  y  fuentes  de prueba,  sobre  todo  en 
lo  que  se  refiere  a  la  delincuencia económica.  El  presente 
estudio  expone  las  distintas  figuras jurídicas utilizadas actualmente como incentivos
para premiar la delación de colaboradores, testigos y acusados,
y examina su evolución de cara a su futura incorporación a la normativa
procesal española.

El derecho de asilo constituye un elemento
central en font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">

nuestros días para la vigencia de los derechos
fundamentales en la

comunidad internacional. Dentro de su ámbito,
uno de los fenómenos más

recientes viene determinado por el recurso a
dicha institución por

parte de quienes se trasladan a España
procedentes del área

centroamericana alegando su condición de perseguidos
por las maras de

aquellos países.

Las características propias del régimen del
asilo y la protección

subsidiaria aparecen entonces en toda su
virtualidad ya que la

petición instada cuenta con la dificultad de
apoyarse, las más de las

veces, en un relato de persecución procedente de
personas distintas a

las autoridades estatales. Encontrándose, a su
vez, fundamentada en

una motivación relacionada con el crimen
organizado y, por lo tanto,

en principio, ajena a la Institución de asilo.
Añadiéndose a lo

anterior las dificultades probatorias de quien
se encuentra amenazado

por

agentes de organizaciones clandestinas. La
regulación legal del asilo,

no obstante, permite entroncar las peticiones de
esta clase con el

fundamento de la institución. Lo que, en última
instancia, hace

depender su reconocimiento de la acreditación
por el peticionario de

una actitud de pasividad, cuando no de
connivencia, con la actividad

delictiva por parte de las fuerzas de seguridad
y de los responsables

estatales de los países de origen.

Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Puede ser descargada también aquí

Usted es jefe de policía. Tiene un plan en marcha para hacerle frente al crimen y la violencia. Goza de la confianza de las autoridades políticas de su país. Tiene asesores que lo guíen en la toma de decisiones del día. Siente que tiene una buena narrativa que contar a la ciudadanía.

No obstante, sus esfuerzos pueden verse frustrados si no tiene un buen vocero que le ayude a manejar la relación con los medios. En la policía, pocos puestos son tan importantes como el vocero que maneja la relación con los medios. Un buen portavoz tiene una relación constructiva con los periodistas, contextualiza las noticias buenas y las noticias malas, tiene un buen sentido de lo que es noticia y lo que no lo es, y goza de la confianza de sus jefes y de la ciudadanía.

De nuestra reciente guía sobre el manejo de la relación con los medios, aquí cuatro preguntas clave que un jefe de policía debe hacerse a la hora de seleccionar y empoderar a su portavoz.

1. ¿Eligió su vocero con cuidado? Seleccione a personas que realmente les guste la gente, que sean rápidas, elocuentes y entusiastas. Deben tener la capacidad de responder con agilidad a los hechos que están sucediendo. La velocidad y la confianza generalmente son la esencia del trabajo de un portavoz. La preparación para ambas requiere un gran conocimiento de los problemas y dominio de los procedimientos de comunicación de su organización, de manera que se pueda proceder con absoluta seguridad en caso de que sea necesario. A veces, las personas que fueron periodistas son buenos voceros, ¡pero no siempre es así! Es posible que hayan cruzado al “otro lado” con resentimientos de parte de sus ahora ex colegas, que terminarán siendo contraproducentes. Vale la pena consultar discretamente con aquellas personas que los conocen y repasar sus relaciones con sus compañeros para asegurarse de que representarán la imagen y el mensaje que se desea para el organismo.
2. ¿Su vocero transmite confianza a la ciudadanía y a los periodistas? Los comunicadores de la policía ágiles y experimentados generalmente gozan de la confianza de los ciudadanos y, a menudo, son los que mejor conocen la mentalidad y las preocupaciones de los representantes de los medios de difusión y de la comunidad con los que se relacionan diariamente. Esto puede parecer evidente, pero en muchos departamentos policiales, particularmente en América Latina, este enfoque de sentido común no se da.
3. ¿Tiene el portavoz el acceso a las máximas instancias de tomas de decisiones? Jefes de policía: Mantengan cerca a sus voceros. En general, mientras más acceso tenga el vocero al jefe de policía, más eficaz será la implementación del programa o de la política del jefe. Idealmente, el portavoz (de alto nivel) debería ser un miembro clave del equipo encargado de tomar las decisiones del jefe, lo cual no solo realiza un aporte sobre cuál es la mejor manera de enviar un mensaje sobre un programa o una política nueva, sino también pone en alerta a un jefe sobre los posibles inconvenientes en términos de respuestas de la comunidad y de los medios de difusión.
4. ¿Cuándo deben intervenir las autoridades políticas? Hay situaciones en que debe informar el portavoz. En otras corresponde que el jefe de policía actúe como el portavoz. Pero hay demasiados casos donde las situaciones que deberían ser manejadas por los jefes de policía (o sus portavoces) son manejadas por políticos (ministro de seguridad, de justicia o del interior). Esto puede resultar en una receta para el caos y la disfunción, algo que es particularmente cierto en un momento de crisis o desastres naturales. En dichas situaciones, es fundamental que la información sea divulgada por parte de un jefe de policía o un vocero designado, que se tenga una línea de comunicación preestablecida, con procedimientos implementados por un portavoz capacitado y con conocimiento de las mejores prácticas para manejar una crisis. La interferencia política – más allá de establecer una línea política general o supervisar el desempeño de la policía – va en contra de la planificación, la coordinación y la reacción rápida ante situaciones cambiantes. Pueden generar confusión y la apariencia (o la realidad) de que la policía no sabe lo que está haciendo y ha perdido el control de la situación.

El siguiente artículo es producto de mi tesis de
maestría en Salud  font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">Mental, donde abordo las representaciones
sociales en torno a la

institucionalización en el contexto penal
juvenil. La metodología cualitativa permitió recuperar la perspectiva de
los sujetos desde una

mirada holística, descriptiva y analítica,
mediante entrevistas a jóvenes que transitaron por instituciones de
encierroy a informantes

claves del campo jurídico, las ciencias sociales
y la salud mental, y el análisis de noticias periodísticas. Para la
construcción de datos

se utilizó el método de comparación constante
(Soneira, 2006). Se presentan algunos hallazgos en torno a las
técnicas de gobierno

institucional que, mediante la gestión de los
cuerpos y la producción/administración de sufrimiento
psíquico, reactualizan el

dolor social (Scribano, 2007, 2009) incorporado
en el cuerpo, originado en las condiciones estructurales de
vida, por las falencias

del Estado como garante de derechos y su fuerte
presencia desde una vertiente punitiva. De esta manera, la
institucionalización tiende a

construir subjetividades precarias,
configurándose en instrumento de reproducción del orden social establecido. Estos
aportes invitan a

pensar críticamente los sentidos y las prácticas
que justifican el encierro con objetivos “socio-educativos”, pero
encubren la finalidad

histórica actual de control social sobre ciertos
sectores juveniles, considerados peligrosos y productores del riesgo