Fallo de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa n° 75.834 caratulada “Araya, Braulio Omar s/ Recurso de Queja (art. 433 C.P.P.) interpuesto por Fiscal General”, de fecha 25 de Agosto de 2016, donde se resolvió que la obligación del Estado Argentino al adherir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por intermedio de la Ley 24.632, no se ve comprometida si el caso presenta circunstancias particulares que no pueden ser desatendidas a la hora de evaluar la viabilidad del instituto.

En los autos “Recurso de Casación con preso – G. C., C. por corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años en perjuicio de S. Y. G., F. C. G. y A. L – O., S.", la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, confirmando así la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán.

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2015, cuando el hombre fue “filmado por las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 en momentos en que les daba dinero a unas niñas para luego besarlas en la boca”.

La defensa se agravió al considerar que la sentencia resulta “arbitraria” porque se “sustenta en pruebas -reproducción de video y secuestro del dinero- que fueron cuestionadas por la defensa”.

Tras analizar el caso, el Tribunal determinó que “no hay sorpresa alguna cuando la a-quo funda en el contenido de los DVD su sentencia, pues para ese fin fueron admitidos e incorporados y respecto de ello nada dijo en tiempo oportuno el Defensor”.

“Si estimaba necesario que la exhibición del material probatorio se hiciera en su presencia, así debió solicitarlo y no puede ahora pretender guitar valor probatorio a material indubitado, porque el mismo consintió que no fuera expresamente reproducido en el debate”, añadió el fallo.

Por otra parte, los jueces recordaron que “el artículo 476 inc. e) del CPP, permite que las declaraciones del art. 327 del CPP se suplan por lectura, con la única condición que se haya llevado a cabo con las formalidades prescriptas, situación que no ha sido cuestionada en autos”.

De igual forma, los magistrados afirmaron que “tampoco se ha cuestionado ni reviste reparo constitucional el supuesto de incorporación de la declaración prestada por el procedimiento especial establecido a favor de menores de edad víctima de delitos contra la integridad sexual, toda vez que la norma procesal resulta armonización del inviolable derecho de defensa del imputado y del interés superior del niño, que debe ser priorizado en toda decisión legislativa y judicial”.

Por último, los sentenciantes concluyeron que “no hay violación de garantía alguna al registrar hechos que ocurran en la vía pública”, y añadieron: “Quien allí desarrolla sus actor no puede esperar privacidad y por ello, sin expectativa de intimidad, no surge violación a garantía alguna de dichos registros”.

Fallo de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dictado en causa n° 74.917 caratulada “Rojas, Gabriel Alejandro s/ Recurso de Casación” y suacumulada causa n° 74.954 caratulada “Rojas, Gabriel Alejandro s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal” la cual determinó que ante la realización de la víctima de una acción típica la cual se encuentra justificada por el estado de necesidad del artículo 34 inciso 3° del Código Penal, el aquí imputado funcionario policial no puede amparar su conducta en un permiso dirigido contra la acción justificada de la víctima.

La Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial, María Jimena Sendra, en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en conflicto con la ley penal, solicitó el sobreseimiento de su asistida acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sendra expresó que la mujer "obró bajo un estado de necesidad justificante, por lo que su acción no resulta punible en los términos del art. 34 inc. 3 del CP", y fue, además, víctima de hechos de violencia emitidos por quien fuera su pareja y consorte de causa en las presentes actuaciones.

"La violencia de género atraviesa los motivos por los que las mujeres entran en conflicto con leyes que criminalizan el comercio, tráfico o contrabando de estupefacientes", explicó la Defensora. Por lo tanto, "a la hora de evaluar la conducta de mujeres involucradas en delitos relacionados con el tráfico y la comercialización de sustancias estupefacientes es importante conocer la situación de cada mujer en particular, indagar en su historia de vida y así conocer los factores de vulnerabilidad que han favorecido su inmersión en este tipo de hechos".

La magistrada destacó que es necesario preguntarse respecto de las posibilidades reales que tenía la mujer de actuar de un modo diferente, teniendo en cuenta la violencia psicológica y física que ejercía su pareja sobre ella, como así también respecto de sus hijos. En este sentido, "existía una amenaza concreta de atentar contra la vida de la señora g. como la de sus hijos, y una situación coercitiva reforzada y concretizada en aplicación de actos de violencia física".

Sobre ese punto, "debe señalarse que el hecho de que puedan existir muchas mujeres que opten por sacrificarse al exponerse a un altísimo riesgo con tal de no participar en hechos delictivos, ello no puede tener ninguna relevancia en la valoración jurídica de quienes no siguen ese camino. Aun cuando, desde el punto de vista psicológico, siempre cabe la posibilidad fáctica de actuar conforme a la norma, lo cierto es que el derecho no exige comportamientos heroicos”.

En definitiva, el ejercicio de poder efectuado por el señor la pareja de la mujer imputada, anulaba su consentimiento de voluntad. Es por ello que el ordenamiento jurídico no puede exigirle a la señora una conducta distinta. 

Ante el pedido de la Defensora, los integrantes del Tribunal resolvieron absolver a la mujer por falta de acusación fiscal.