La
obligación estatal de brindar seguridad a los gobernados resulta
pieza toral dentro de los postulados de un Estado Democrático de
Derecho, el cual debe atender a un  respeto  irrestricto 
de  los  derechos  fundamentales  de 
quienes  deben  ser  su  principal  objeto
de resguardo, ello implica el diseño de una política criminal
alineada a estándares garantistas adoptados a través de las
reformas constitucionales del 2008 y 2011. Asimismo, las autoridades
legitimadas para participar en funciones de seguridad pública deben
ser 
quienes, para tal efecto, posean por imperio de ley
facultades para intervenir operativamente, pues participar de facto 
ocasionaría vulneraciones al plano normativo y a la esfera jurídica
de los gobernados.