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Garamond;mso-ansi-language:ES-AR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
AR-SA">La sanción de la ley 27.499, “Ley Micaela”, dispuso la capacitación
obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas
las personas que se desempeñen en los 3 poderes del estado. Si bien su
implementación marcó un avance importantísimo en la visualización de las
violencias por razones de género y resaltó la necesidad de que haya
capacitaciones obligatorias en perspectiva de género, lo cierto es que las
desigualdades, las discriminaciones, los distintos tipos de violencia, los
femicidios y otros crímenes de odio siguen ocurriendo. Surgen entonces varios
interrogantes ¿es suficiente la aplicación de la Ley Micaela? ¿Es necesario
extender las capacitaciones a la sociedad en general? Además de las políticas
públicas que ya están funcionando, ¿cuáles otras se pueden proyectar? Sin
pretender dar una respuesta absoluta, resulta primordial fortalecer las medidas
de prevención, la implementación de la ESI desde edades tempranas, transversalizar
las capacitaciones en materia de género a distintos sectores de la sociedad a
través de talleres de sensibilización y concientización; y, en aquellos casos
judicializados, profundizar el acompañamiento, asesoramiento, la escucha, el
respeto a la autonomía, el abordaje integral interdisciplinario y el análisis
con perspectiva de género en cada una de las etapas del proceso.

En el marco
del estado actual de la legislación en referencia a los delitos contra la
Administración Pública se han evidenciado en la realidad global una inusitada
persecución a figuras políticas de distintas latitudes bajo una modalidad
novedosa de utilización espuria del derecho penal y de las herramientas
estatales para la persecución del delito. Estas estrategias han sido
identificadas por numerosos autores como operaciones de Lawfare, cuyo único fin
es lograr ventajas geo políticas o electorales a partir de la formulación de
imputaciones criminales. Ante esto, todavía subsisten algunos tipos penales
como el art. 242 del Código Penal que efectivizan la protección sobre las
inmunidades constitucionales que resguardan los fueros parlamentarios como
reaseguro del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. El
presente ensayo pretende revalorizar estos aspectos desde una visión que parte
del Bien Jurídico y que consustancialmente se relaciona con los Derechos
Humanos.  

Resumen: Prietamente voy a indicar en este escrito algunas cuestiones plasmadas en la serie televisiva que ha tenia suma trascendencia y popularidad en estos últimos días vinculada a ciertos institutos de Derecho penal. Precisamente me estoy refiriendo a la serie surcoreana “El juego del calamar”, la cual, como intentare demostrar más abajo, es muy rica a nivel intelectual en relación a elucubraciones dogmáticas de tinte penal.

Sumario: I.- Introducción. II.- Sinopsis de la serie. III.- Método de la dogmática penal. De la ficción jurídica a la realidad mundana. IV.- Algunos institutos penales presentes en “El juego del calamar”. a.- Aplicación espacial de la ley penal. Sistemas o principios imperantes, b.- Autoría y participación, c.- Estado de necesidad exculpante o disculpante, d.- El consentimiento en sede penal, e.- Análisis de Derecho penal, parte especial. A propósito de los delitos en particular, 1.- Secuestro, 2.- Asociación ilícita, 3.- Tráfico de órganos, 4.- Homicidio. V.- Reflexiones finales. VI.- Bibliografía.

El autor analiza la prisión preventiva por entender que es donde se refleja más que en ninguna otra institución jurídica la ideología política que subyace a un determinado ordenamiento jurídico.

El fenómeno del stealthing nos presenta nuevo desafíos y debates sobre su tratamiento jurídico a la luz de los distintos avances alcanzados en materia de los derechos identitarios, sexuales y reproductivos de la población.

Resumen: El artículo explora algunos de los principales desafíos del proceso de implementación de un instrumento de diagnóstico de las personas privadas de libertad (el OASys) durante el 2018 y 2019, en el marco de la construcción de un modelo de intervención para el sistema penitenciario uruguayo. Se interpretan estos desafíos en el marco del proceso de reforma penitenciaria y a la luz de algunos debates contemporáneos respecto a los instrumentos de evaluación de riesgo. Para ello se describen algunos hitos institucionales del proceso de implementación y se recogen algunas percepciones de los aplicadores del nuevo instrumento que dan cuenta de las importantes transformaciones que el OASys ha significado para el trabajo técnico penitenciario. Se observa que su implementación es tan solo la primera etapa de una serie de transformaciones institucionales que se necesitan para cumplir los lineamientos de un nuevo modelo. Se discuten algunos cambios necesarios para dicha construcción sea exitosa, como la necesidad del fortalecimiento de los equipos técnicos en las unidades para desarrollar respuestas de intervención, la mejora en las condiciones de reclusión en buena parte del sistema, la mejora de los sistemas de registro de la información y la necesidad de reforzar la función de investigación y evaluación de las políticas y programas implementados y a implementar.