Artículo 1.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer el Juicio por Jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y el artículo 81, inciso 2° y 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Suprema Corte de la provincia aprobó el Reglamento para Presentaciones y Notificaciones por Medios Electrónicos. De esta manera regula y aprueba la generación de despachos notificadles electrónicamente, accesos mediante escaneos de códigos QR, presentaciones remotas y digitalización completa en todos los fueros y procesos.
En este trabajo el autor analiza la introducción de lo que se ha denominado como técnicas especiales de investigación en la normativa argentina, que tienen que ver con el procedimiento por el cual a una persona, en el marco de una causa penal, se le otorgan beneficios a cambio de información que permita avanzar en la investigación, llamado delator premiado o arrepentido. De esta manera, la persona involucrada en la causa penal puede brindar información al titular de la investigación y, a cambio de ello, el/la juez/a tiene la posibilidad de otorgarle beneficios, que pueden consistir en la reducción de la pena que le correspondería, por una parte y el hecho de evitar la prisión, por la otra.
El autor efectúa un interesante recorrido histórico de esta práctica procesal, como así también un pormenorizado análisis de los debates legislativos producidos en seno de nuestro Congreso Nacional al discutirse las leyes que incorporan estas tecnicas procesales de recolectar información.
A su vez practica un trabajo de campo que consiste en una serie de entrevistas semiestructuradas con Fiscales del fuero federal de la Capital Federal. De esta manera busca verificar cuál es la opinión de los operadores en relación a ciertas características de la implementación de estas técnicas.
Por último, evalúa el ámbito de interpretación del derecho: sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP), en donde se analizaron tópicos vinculados a la aplicación de esta metodología, para arribar a interesantes conclusiones.
La Corte Suprema de Justicia ha zanjado así una discusión de muchos años en el régimen penal económico. Alguno de los párrafos relevantes:
"Por ende, cualquier solución que –por vía interpretativa- pretenda introducir un recorte del principio constitucional bajo examen, en supuestos como el que motivan esta sentencia, goza de una alta presunción de violentar la interpretación auténtica de la ley ya que sería incurrir en una subestimación de otro poder del estado asignarle, al “silencio” de la ley 27.430 sobre el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, consecuencias diversas a las que cabe derivar de los expresos lineamientos de “Cristalux” (Fallos: 330:4445) como así también de la clara previsión del artículo 4° del Código Penal y las normas convencionales en cuyo marco está llamado a operar, en virtud de lo cual el silencio del legislador sobre el punto supone prima facie una decisión de no exceptuar -de la aplicación de ese principio- a la materia penal tributaria.
Si mediante la consagración de la “UVT”, el legislador creó un mecanismo dirigido específicamente a regular la “actualización” de los “parámetros monetarios” del régimen penal tributario, con la finalidad de contrarrestar los efectos adversos de la inflación –como todos coinciden- es porque sin esa incorporación el sistema se mostraba insuficiente para hacer frente a esa realidad y ello era así, aun cuando el propio legislador estaba calificando a los “montos cuantitativos” como “condiciones objetivas de punibilidad”. Cualquier inferencia que, por ende, se efectúe a partir de esa calificación con miras a introducir un recorte en el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna no resiste una interpretación sistemática de la norma en que está inserta ya que atentaría contra el objeto y fin para el cual fue creada la “UVT”, según quedó plasmado en la letra de la ley.
Y si bien el tribunal apelado ha pregonado haber sido receptivo de esa jurisprudencia en algunos de los casos sometidos a decisión (conf. por ejemplo, el voto del vocal que se expidió en segundo término en la causa “Gaspar” citada en el considerando 20), las razones expuestas a lo largo de esta sentencia dan cuenta de que la propuesta formulada por los acusadores públicos y acogida por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en modo alguno condice con claras directrices del legislador que impiden avanzar en ese sentido, por vía interpretativa. De modo tal, que cualquiera fuera la explicación que exista al respecto y aún frente al legítimo interés de buscar contrarrestar, en el ámbito propio de las decisiones jurisdiccionales, el gravísimo perjuicio social causado por aquel estado de situación nunca puede ello llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos, tal como ya se dijo.
Asimismo, hágase saber a la Cámara Federal de Casación Penal –con miras a evitar la reedición de situaciones como las generadas en el sub examine- que su actuación como tribunal superior de la causa incluye, en función de los lineamientos de que dan cuenta los considerandos 6° a 10, la de agotar el ejercicio de su competencia, a la luz del principio del máximo rendimiento, en cuyo ámbito debió haberse dirimido la jurisprudencia contradictoria a la que dio lugar la cuestión bajo examen y donde necesariamente deberá ser canalizado cualquier futuro intento por hacer valer alguna solución que prescinda de aplicar lo resuelto por el Tribunal en Fallos: 330:4544 (“Palero”) a reformas introducidas en tipos penales que contemplan “montos cuantitativos” ya sea que se argumenten “nuevas y fundadas razones para demostrar claramente el error e inconveniencia” de lo allí resuelto y/o que se esgriman nuevas circunstancias de hecho para diferenciarse de esa solución. Ello con expresa indicación de que, en caso de existir jurisprudencia contradictoria, la vía extraordinaria federal solo corresponde que sea habilitada una vez que ese tribunal intermedio haya zanjado sus diferencias mediante los mecanismos que consagra el derecho argentino y en el marco de los principios de “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108)."
- Escribano imputado: Apreciable disminución de las capacidades y estado de vulnerabilidad que presentaba quien en vida suscribiera la escritura de venta que se encuentra acreditada. Imputado que tenía la obligación de llevar a cabo, al momento de la suscripción del documento público, un juicio de valor de acuerdo a su leal saber y entender e incluso, por elementales razones de prudencia, de abstenerse ante la evidencia de una notoria falencia en la capacidad. Elementos suficientes para mantener el reproche penal que se le dirige en calidad de participe necesario de la defraudación orquestada por el coimputado y la autoría en la falsedad ideológica.
- Coimputado autor mediato: circunstancias relativas a la ausencia de capacidad de la occisa acreditada. Imputado que en el momento de los hechos fue pareja de la compradora del bien -declarada inimputable y en consecuencia sobreseída-. Elementos reunidos que permiten sostener que su ex pareja no podía comprender y/o dirigir sus acciones. Situación compatible con violencia de género. Imputado que administraba los bienes a su pareja.
Sumario: I.-Introducción. II.-Leviathan y principio de legalidad. III.- Causas de justificación e integración del tipo penal. IV.- Consideraciones en torno a la punibilidad y al castigo. V.- Palabras finales.
Resumen:
En este artículo, el autor contrasta la relevancia histórica que se ha dado a Cesare Beccaria con la escasa atención que ha merecido Thomas Hobbes en la fundamentación liberal del Derecho penal. El autor muestra cómo, a lo largo de "Leviathan", Hobbes sentó las bases para una concepción liberal del Derecho penal que incluía importantes límites al poder punitivo del Estado.
SUMARIO:
Resumen: Este artículo reseña el nuevo texto de Thomas Piketty: después de los «LuxLeaks» en 2014, los «Panama Papers» en 2016 y los «Paradise Papers» en 2017, las revelaciones de los «Pandora Papers», resultado de una nueva filtración de 12 millones de documentos de las finanzas offshore, muestran el alcance de que los más ricos siguen evadiendo impuestos. Contrariamente a lo que a veces se afirma, no existe un indicador fiable de que la situación haya mejorado en los últimos diez años.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones Córdoba confirmó por mayoría el sobreseimiento dictado a una mujer acusada de trata de personas con fines de explotación sexual haciendo lugar a la “excusa absolutoria” prevista en la ley 26364
El Tribunal por mayoría, con voto de la Dra. Liliana Navarro -al que adhirió el Dr. Eduardo Avalos- y la disidencia del Dr. Abel Sánchez Torres confirmó el sobreseimiento dictado en primera instancia por el Juez Federal de Villa María pero modificó la causal del mismo al considerar aplicable la excusa absolutoria en favor de la imputada, tras haberse probado que la misma había sido victima de trata de personas, explotación sexual y abuso durante su niñez , adolescencia y juventud.
Consideró aplicable la figura de excusa absolutoria prevista en el art 5 de la Ley 26.364 ya que “que los delitos que podría haber cometido la encartada B., fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años, y la ley no exige simultaneidad, porque es evidente que las consecuencias del sometimiento de la víctima se prolongaran en un período de tiempo mayor o menor, o quizás no logren superarse nunca, y la persona sólo aprenda a sobrevivir con esos episodios traumáticos de por vida, lo que forjaran su personalidad”.
Sentencia condenatoria del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa a cargo del Dr. Maximiliano Boga Doyhenard.