El Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas, resolvió declarar la procedencia del juicio en ausencia respecto de diez imputados por el atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994. La decisión se fundó en la reciente incorporación al Código Procesal Penal de la Nación del instituto del juicio en ausencia, por medio de la Ley 27.784, que habilita su aplicación en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad frente a imputados declarados rebeldes.

Los acusados se encuentran con pedidos de captura internacionales vigentes e infructuosos. La fiscalía argumentó, y el tribunal compartió, que estas personas conocen del proceso, han eludido su comparecencia durante años y no existen perspectivas reales de que puedan ser juzgadas en presencia.

El juez consideró cumplidos los requisitos de los artículos 431 ter y quáter del CPPN, dado que los hechos investigados —ocurridos en territorio argentino— constituyen delitos encuadrables como crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo internacional conforme al Estatuto de Roma, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otras normas internacionales ratificadas por la Argentina.

Asimismo, el tribunal rechazó expresamente los planteos de inconstitucionalidad formulados contra la nueva legislación, al considerar que se trata de normas procesales de aplicación inmediata, que no vulneran el principio de legalidad ni el derecho de defensa, siempre que se garantice la posibilidad de revisión o nuevo juicio si el imputado comparece posteriormente.

El atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, causó 85 muertes y más de 150 heridos, y fue perpetrado con un coche bomba conducido por un atacante suicida. La investigación sostiene que fue planeado desde Irán por el denominado “Comité de Asuntos Especiales” del régimen teocrático, con apoyo operativo de Hezbollah desde la región de la Triple Frontera. Entre las pruebas citadas figuran declaraciones públicas de los imputados, difusión de alertas rojas de INTERPOL y denegatorias a los pedidos de extradición.

Las posiciones de las querellas fueron divergentes. Mientras AMIA y DAIA respaldaron la medida como un avance institucional en pos de justicia, la Asociación Civil Memoria Activa, APEMIA y 18J objetaron la implementación del juicio en ausencia por entender que se apoya en pruebas débiles, uso abusivo de informes de inteligencia y que podría derivar en una sentencia sin plena controversia.

Con esta resolución, el tribunal dejó habilitado el proceso para avanzar bajo las condiciones del nuevo régimen procesal y, en este sentido, el pronunciamiento cierra del siguiente modo:

No estamos hablando de cerrar heridas por decreto, ni de forzar una reparación simbólica. Estamos hablando de intentar mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar. Y hacerlo públicamente.

Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió.

El 19 de junio de 2025, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Pablo Jantus, Mauro A. Divito, Gustavo A. Bruzzone, Horacio L. Días, Eugenio C. Sarrabayrouse, Daniel E. Morin, Jorge Luis Rimondi y Alberto Huarte Petite, dictó el fallo plenario N° 15/2025.

En dicha resolución se abordó la interpretación de los artículos 396 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), en el marco de lo dispuesto por el artículo 469 del mismo cuerpo normativo, que regula la deliberación y votación en las sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El juez Eugenio C. Sarrabayrouse introdujo el tema con una exposición que incluyó un análisis del derecho comparado, una revisión del sistema establecido por el CPPN y una consideración de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluyó que el régimen procesal penal vigente prevé un sistema de votación por cuestiones vencidas, conforme a la regla de la mayoría.

A este voto mayoritario adhirieron los jueces Mauro A. Divito, Gustavo A. Bruzzone, Horacio L. Días, Jorge Luis Rimondi, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite.

En disidencia, el juez Daniel E. Morin sostuvo que, en los supuestos en que no se alcance mayoría, existen únicamente dos alternativas: recurrir al sistema de cuestiones vencidas o convocar a un cuarto juez —o a los que fueran necesarios— para conformarla. Asimismo, advirtió que el mecanismo de votación por cuestiones vencidas podría afectar la independencia judicial, al imponer una solución que contradiga la convicción jurídica del magistrado interviniente, y generar fallos con falta de coherencia interna.

Finalmente, se resolvió —en concordancia con lo dispuesto por el artículo 469 del CPPN— que para la deliberación y votación en las sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional deben aplicarse los artículos 396 y 398 del mismo ordenamiento, adoptando como regla el sistema de votación por cuestiones vencidas conforme al principio de mayoría.

Invitamos a leer el fallo completo que ofrece numerosas citas de doctrina y jurisprudencia que ilustran tanto la posición mayoritaria como la disidencia.

Por último y para mayor detalle, también se encuentra aquí adjunto —como documento anexo— la Nota de Jurisprudencia de la CSJN sobre Conformación de las mayorías en los tribunales colegiados.

Contexto y hechos relevantes
En la causa N° 14262/2024, un hombre fue detenido tras secuestrarle en su poder aproximadamente 1,995 kg de cocaína con un 83% de pureza, cuyos envoltorios presentaban un símbolo asociado a un cartel de Bolivia. Durante su arresto, el imputado declaró espontáneamente que no residía en el domicilio registrado en su documento, sin poder precisar una dirección alternativa. Pese a estos indicios, el Colegio de Jueces de Revisión de General Roca le concedió la excarcelación bajo una caución real de $500.000 y le impuso, además, la obligación de presentarse semanalmente ante la comisaría y mantener contacto con la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Impugnación del Ministerio Público Fiscal
El fiscal consideró arbitraria la decisión de excarcelación, argumentó que existían suficientes indicadores de riesgo procesal, como la falta de un domicilio real y los presuntos vínculos del imputado con una organización criminal dedicada al narcotráfico. Sostuvo que, en tales circunstancias, la prisión preventiva era la única medida idónea para garantizar que el acusado no eludiera la justicia ni obstruyera la investigación. Sin embargo, la impugnación fue rechazada en primera instancia, lo que motivó al Ministerio Público a elevar una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Decisión de la Cámara Federal de Casación Penal
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso fiscal y confirmó la excarcelación, manteniendo la caución impuesta inicialmente. Los jueces Slokar y Mahiques coincidieron en que el Ministerio Público Fiscal no había demostrado que los riesgos procesales justificaran la prisión preventiva, especialmente cuando el imputado había cumplido sin incidencias las condiciones de su libertad durante más de cuatro meses.
En su voto, el juez Slokar destacó que la solicitud fiscal no cumplía con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal (arts. 220, 209 y 210), subrayando el carácter excepcional de las medidas coercitivas en el sistema adversarial.
En su voto, el juez Slokar destacó que la solicitud fiscal no cumplía con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal (arts. 220, 209 y 210), subrayando el carácter excepcional de las medidas coercitivas en el sistema adversarial.
A su turno, el juez Mahiques resaltó que no se había probado que la prisión fuera la única alternativa viable, dado el comportamiento ajustado a derecho del acusado bajo supervisión de la DCAEP.
Por su parte, el juez Barroetaveña votó en disidencia, en consonancia con la posición del Ministerio Público Fiscal.

Relevancia de la resolución
Este fallo refuerza el principio de que la prisión preventiva debe ser una medida de último recurso, aplicable solo cuando no existan alternativas menos gravosas para asegurar el desarrollo del proceso. La decisión subraya la importancia de evaluar circunstancias concretas —como el cumplimiento previo de las obligaciones impuestas— antes de restringir la libertad de un imputado. Además, sienta un precedente sobre el rigor probatorio exigido al Ministerio Público Fiscal al fundamentar riesgos procesales, en línea con las garantías del debido proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza rechazó el recurso de casación interpuesto por los defensores de los cinco penitenciarios condenados a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de cuatro años por considerarlos a todos coautores del delito de severidades (art. 144 bis, inc. 3 del CP).
El máximo tribunal mendocino destaca que el fallo de la jueza de condena, antes de proceder a la valoración y análisis detallado del plexo probatorio, estableció las directrices metodológicas y el marco teórico-conceptual que necesariamente debe adoptar el juzgador al afrontar la resolución de los casos en los que está involucrado el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, expresando que se debe tener en cuenta la existencia de roles diferenciados, asimétricos y la concurrencia de posiciones jerárquicas de poder.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza refuerza esta idea con citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay), los principios básicos elaboradores por Naciones Unidas acerca del uso de la fuerza estatal y las directrices para la aplicación de estos principios que elaboró Amnistía Internacional.
La sentencia rechaza cada uno de los agravios de índole procesal y sustancial interpuesto por las defensas, de los que se destacan dos argumentos:
El primero, de orden procesal, mediante el cual, los defensores entienden arbitraria la valoración de la jueza al calificar como parciales los testimonios de descargo de penitenciarios. No obstante, la Corte mendocina rechaza este agravio al considerar que la conclusión expresada por la jueza se basa en argumentos adecuados y suficientes, tales como, que forman parte del mismo cuerpo de seguridad al que pertenecen los acusados, de modo tal que pueden existir motivos de camaradería o cercanía laboral para que, en sus declaraciones, intentaran reducir la gravedad de los hechos, y que existen razones lógicas luego de contrastar esas declaraciones con los demás elementos de prueba.
El segundo, de orden sustancial, los defensores entienden que la jueza ha incurrido en un error al afirmar que el tipo subjetivo requiere el conocimiento del carácter ilegítimo de la severidad impuesta, mientras que las defensas sostienen que la figura en cuestión requiere solo dolo. Aquí la Corte mendocina establece que el hecho de imponer tratos rigurosos y vejaciones, tales como golpear fuertemente con los puños, dar patadas en las canillas o tonfazos a una persona privada de su libertad y de forma complemente innecesaria, en la medida en que esta ya se encuentra reducida y esposada –o incluso cuando está siendo trasladada en binomio al departamento de sanidad-, es un comportamiento indudablemente doloso, bajo cualquier opción teórica que quiera adoptarse para la imputación del tipo subjetivo.

Por Lucas Lecour, responsable de la Sección Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.