El 
presente  artículo  hace  referencia  a 
la  crisis  carcelaria  que  se  vive 
en  México, haciendo  énfasis  en  el 
estado  de  San  Luis  Potosí. 
Posteriormente  el  trabajo  describe  y 
revisa las  reformas  legislativas  que  se 
han  generado  en  materia  penitenciaria 
en  el  estado  potosino en respuesta a la crisis
carcelaria en especial analizando con este propósito la inclusión
de la figura del juez de ejecución, su impacto, sus atribuciones y
su coordinación con otros poderes y centros de reinserción

El
objetivo de este trabajo es analizar la política española en
materia de justicia transicional. Tomando como referencia las tres
dimensiones de la justicia de transición señaladas por L. Joinet
–verdad, justicia y reparación–, primero se señalarán las
deficiencias observadas y, a continuación, serán sugeridas algunas
medidas que, de adoptarse, acercarían a España a lo que la
literatura especializada considera que son los estándares
internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos.

el
siguiente trabajo consta de dos partes; por un lado he recopilado
información sobre la etnia gitana en general, es decir, he empezado
buscando si el resto de la población discrimina a los gitanos por el
simple hecho de ser un colectivo marginal, si los medios de
comunicación difunden noticias con información peyorativa sobre la
etnia gitana, si los prejuicios hacia los gitanos son positivos o
negativos, si la policía actúa de forma diferente cuando los
delincuentes son gitanos, si la etnia gitana es un colectivo excluido
del resto de la población o por el contrario, si está integrada en
ella, todo esto para conocer si existe distancia social entre los
gitanos y la población. La gran parte de la información la he
conseguido gracias a la Fundación Secretariado Gitano que se encarga
de desarrollar todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la
plena ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones
de vida, promover la igualdad de trato y a evitar toda forma de
discriminación, así como a promover el reconocimiento de la
identidad cultural de la comunidad gitana.
Para
todo ello realizan informes anuales y desarrollan otras actuaciones
acerca de los diferentes temas que puedan estar relacionados con la
población gitana.
Para
contrastar toda esta información he realizado dos cuestionarios con
distintas preguntas y los he pasado tanto a personas gitanas como a
personas del exogrupo. Con los resultados obtenidos he realizado
gráficas para ver si la información que yo tenía coincidía
después con los resultados obtenidos en los
cuestionarios.Finalmente, con toda la información y con los datos de
los distintos gráficos he establecido una serie de conclusiones.

La
actualidad jurídica en  el  mundo requiere el desarrollo
de políticas públicas en materia criminal, cuyo origen son los
fenómenos
sociales,
culturales, políticos, económicos.Esta realidad implica la
aparición de fenómenos delictivos que incluyen, más allá  de
la persona natural, las  organizaciones con capacidad de ser
sujetos de derecho, en el campo civil y  en  el campo 
penal.  Este  referente es válido  a  la 
luz  de  las  previsiones  normativas 
establecidas  en  la legislación civil y recientemente las
sanciones impuestas a las empresas diferentes delitos. Por esto, es
necesario analizar la realidad jurídica que presenta la
responsabilidad penal a los entes colectivos  y 
establecer  si  el  ordenamiento  jurídico 
colombiano considera controles  y sanciones que pueden imponerse
a las personas jurídicas;si éstas son eficaces en las teorías de
las funciones de la pena; si las actividades corporativas propician
delitos por la empresa. Todo esto para determinar la necesidad de
implementar una política criminal en torno al tema. Esta es la forma
de construir una base que pueda soportar la
necesidad
de crear una política pública que otorgue responsabilidad a las
personas jurídicas y hacerle frente al fenómeno expuesto,
creando
un
precedente en la práctica legislativa nacional.Para analizar
integralmente  el  problema, se desarrollan tres conceptos
para abordar el problema de una manera clara.Primero, el Ius Puniendi
del Estado, como la facultad por medio de la cual se penalizan las
conductas; el significado de política pública y la política
criminal como manifestación del Ius  Puniendi, su procedencia y
fundamento; y  el principio societas delinquere non potest
vigente en el sistema jurídico colombiano.

El
presente articulo propone un análisis critico del fundamento de
garantía del orden publico, buscando identificar su posible relación
con la continuidad del uso indiscriminado de la prisión preventiva
después del advenimiento de la ley nº 12.403, del 4 de mayo de 2011
y los fines que ha servido en la realidad selectiva del sistema
penal. Para cumplir con tal  objetivo,  relacionaremos 
algunos  conceptos  referentes  a las  medidas 
cautelares  penales,  también  analizar  los 
principios guía del  proceso penal, algunos aspectos
criminológicos  ligados  al  tema  de  los 
datos  referentes  al  encarcelamiento 
provisorio  en  Brasil,para  ofrecer  las
referencias  epistemológicas  que  contribuyan 
para  el desarrollo del tema. Concluimos la inconstitucionalidad
del fundamento ya que directamente infringe los principios
constitucionales de presunción de inocencia y legalidad,
contribuyendo en gran medida por el uso indiscriminado de la
detención preventiva y, consecuentemente, para la ocurrencia de las
violaciones de derechos humanos.
PALABRAS
CLAVE: Prisión  Preventiva.  Orden  Público. 
Derechos  Humanos.  Inconstitucionalidad.