El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “D. L. E. y otro s/estafa procesal” (causa n° 32.265/2016) rta. 9/9/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el pretenso querellante contra la resolución del juez de la instancia de origen que desestimó por inexistencia de delito la denuncia y rechazó su pedido de legitimación. En el caso, el denunciante como socio de una S. R. L., imputó a dos ex empleados de la empresa una presunta estafa procesal, por haber iniciado una demanda laboral en la cual, sin acompañar elementos de prueba falsos, afirmaron aspectos vinculados a la modalidad y extensión de la relación laboral no verídicos. Los vocales, por unanimidad, confirmaron la desestimación por inexistencia de delito y, por mayoría, confirmaron el rechazo de legitimación.

Ricardo Pinto señaló que una simple mentira no acompañada de pruebas falsas resulta insuficiente para configurar el ardid típico del delito de estafa (art. 172 CP), por lo que debía confirmarse la resolución que desestimó la denuncia. Sobre la legitimación, indicó que al no constituir los hechos delito alguno, no correspondía tener por parte al denunciante. Mauro Divito coincidió sobre el fondo de la cuestión votando por confirmar la resolución que desestimó los hechos pero manifestó su disidencia en cuanto a la legitimación porque la calidad de ofendido directamente por el delito debe acreditarse con carácter meramente hipotético, por lo que la decisión adoptada sobre el fondo no puede erigirse como un obstáculo. Finalmente, habiendo sido convocada la vocal Mirta López González para dirimir la disidencia sobre la legitimación para querellar, coincidió con Pinto y emitió su voto en idéntico sentido.-

En los autos “r. o. f. e. s/ habeas corpus”, el defensor oficial presentó una acción en contra del mantenimiento de la medida privativa de libertad impuesta a su asistido ya que "ha superado todos los límites de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la considera ilegal". El Defensor entiende que la imposición de una medida de seguridad sin límites transgrede los derechos fundamentales de las personas con padecimientos psiquiátricos, colisionando con las normas constitucionales de plazo razonable y el principio de última ratio del derecho penal. 

Los integrantes del Tribunal expresaron que "en primer lugar, no se puede pasar por alto el debido resguardo de los derechos y garantías de quien se encuentra ejecutando una medida terapéutica involuntaria y coactiva –que no es otra cosa que una privación de libertad-, indeterminada en el tiempo y que, por haber en este caso superado los quince años, ya es mayor a la pena que hubiera sido impuesta para el delito en cuestión". Además, se debe tener en cuenta  los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, tutela judicial e igualdad de trato resultan aplicables al examen de este caso ya que  r.o.f.e. perdió su razón de ser dentro de la órbita de este proceso penal.

"La postura general que sostiene la necesidad de exigir un límite temporal a las penas, se basa esencialmente en el principio de proporcionalidad, puesto que al tener las medidas de seguridad naturaleza penal, se encuentran amparadas por las garantías propias del sistema penal. Es así que la proporcionalidad debe comprenderse como marco garantizador de derechos fundamentales", detallaron los magistrados.

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces sostuvieron que “debido a su condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud, y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapacidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico”.

En este caso en particular, continúa firme una medida de seguridad impuesta al imputado hace más de quince años, sin un límite de tiempo establecido, en clara violación de los principios de legalidad y proporcionalidad, atentando contra los derechos fundamentales de quien, siendo una persona con una discapacidad mental, se encuentra en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Situación ésta que debiera activar los mecanismos de protección del Estado y no, justamente, incrementar la órbita de acción del poder punitivo.

Los jueces afirmaron que "es obligación del juez de ejecución que está conociendo en el asunto seguir interviniendo en el control judicial y periódico del tratamiento terapéutico del causante, a fin de no generar un estado de desamparo durante la espera hasta que se finiquite la cuestión de si es un Tribunal de Familia el que deba atender la problemática del caso".

Por todo lo expuesto, hallándose en juego el ejercicio de un derecho de raigambre constitucional, los camaristas resolvieron hacer lugar a la petición de Hábeas Corpus interpuesta a favor del detenido.