En los autos  “l., J. M. s/ Recurso de Casación", el defensor de un menor, condenado a siete años y seis meses de prisión por homicidio simple en grado de tentativa, interpuso un recurso de casación contra la sentencia y solicitó que se valore la intención de su defendido de "no lastimar a persona alguna y su joven edad".

Ante ello, los integrantes del Tribunal expresaron que "la no intención de lesionar ha sido completamente descartada en razón a los hechos y la calificación legal de los mismos, tal como han adquirido firmeza en el auto de responsabilidad confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín. Respecto de la poca edad del joven, entiendo al igual que el a quo que ello resulta abarcado por el tratamiento legal especializado, la distinción etárea en orden a la imputabilidad y la escala penal reducida o la no aplicación de pena conforme la ley 22.278".

Los magistrados detallaron que "por imperio de los principios de ultima ratio de la pena privativa de la libertad(arts. 7 y 36 inc. 4°, ley 13.634; regla 19.1 de Reglas de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing-), de culpabilidad penal –en el caso de jóvenes infractores, disminuida por su evolución madurativa inconclusa- y pro homine, se impone acudir a la reducción de la sanción en los términos del art. 44 del Código Penal".

En ese sentido, "en el caso particular de la culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior a la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto”. 

Por otro lado, los jueces explicaron que "en materia penal juvenil, habrá de signarse la decisión sancionatoria en la proporcionalidad de la respuesta estatal, en las circunstancias y gravedad del delito, así como en las necesidades preventivas de la sociedad, como lo manifiesta el Comité de Derechos del Niño en su Observación General N° 10".

Por todo lo expuesto, los magistrados resolvieron casar parcialmente la resolución en crisis y fijar la pena impuesta al menor condenado cinco años y cuatro meses de prisión.

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “M. C., L. M. s/excarcelación” (causa n° 41.054/2015) rta. 12/9/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución del juez de la instancia de origen que no hizo lugar a la excarcelación del imputado. En el caso, el fiscal no se opuso a que se hiciera lugar y los vocales, por la mayoría conformada por los votos de Luis María Bunge Campos y Rodolfo Pociello Argerich, ante la ausencia de contradictorio, revocaron lo decidido y concedieron la excarcelación bajo una caución personal o real de mil pesos con más la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Mario Filozof, en disidencia, realizó un control de legalidad del dictamen fiscal, precisando que adolecía de razonabilidad (arts. 65 y 69 C. P. P. N.) debido a que no se valoraron circunstancias dirimentes tales como el registro de causas paralelas en trámite, que se identificó con diferentes nombres y que fue declarado rebelde, logrando ser detenido sólo en ocasión de la comisión de un nuevo delito, todo lo cual imponía la prisión preventiva. Agregó, que no se vislumbraba otra medida cautelar menos gravosa que neutralice los riesgos procesales y garantice la realización del juicio oral, máxime cuando el tiempo que lleva en detención (inferior a un mes) no era desproporcionado. Por último, estimó que siendo que el imputado cumplió los 18 años, su situación procesal quedó fuera del obstáculo legal que impide imponer la prisión preventiva a los menores de edad (art. 315 C. P. P. N.).

El fallo de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa n° 75.136 caratulada "Ortega Villa, Paulino s/ Recurso de Casación” y su acumulada causa n° 75.132 caratulada “B. B., M. s/ Recurso de Casación”, entre otras cuestiones resolvió que si la imputación debatida posee incidencia sobre una mujer que aduce ser víctima de violencia (de género y doméstica), debe incorporarse la “perspectiva de género” como pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución de este tipo de casos,  exigiendo para ello un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.