Se analiza la aplicación de las instituciones
del tercer grado y  de line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

la  libertad  condicional  a 
infractores  extranjeros,  tras  la

reforma operada en el art. 89 del Código Penal español por la
LO

1/2015, para poner de manifiesto que nos encontramos ante una

modificación que utiliza ambas herramientas como vías de
acceso a la

expulsión de infractores extranjeros, en lugar  de 
como  vías  útiles

 para  su  reinserción.

Para  ello,  se  parte  del 
estudio  del  declive  que  ha  sufrido

la  reinserción  social  en  España 
a  raíz  de  diversas  medidas

legales  que  el  El medio abierto en España
como vía de acceso a una

expulsión tras la reforma de la LO 1/2015 legislador ha venido

adoptando, principalmente desde el año 2003,  así 
como  del  análisis

 e  interpretación  de  sentencias de la
Audiencia Provincial

española, en aras de conocer los criterios  que 
siguen  al  aplicar

la  libertad  condicional  y  el 
tercer  grado  a  los  condenados

extranjeros.  Se  llegó  a  la 
conclusión  de que se trata de medidas

que no son proclives a la reinserción social de los
infractores

extranjeros, puesto que, en vez de utilizarse para
reinsertarlos en la

sociedad, se emplean para practicar su expulsión.

El objetivo fue identificar los factores
relacionados con la  line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">interrupción  y  mantenimiento  de 
conductas  delictivas  en adolescentes  egresados  de  un 
Programa  de  Intervención Especializada,   del   sur 
 de   Chile.   La   metodología 
 de investigación  incluyó:  a)  un 
monitoreo  estadístico  de  los  50 adolescentes  egresados,  a  fin 
de  detectar  reingresos  al Sistema de Protección y al área de Justicia Juvenil del Servicio
Nacional de Menores (Sename); b) la aplicación de entrevistas con 
profundidad  a 12  adolescentes  (seis  reincidentes 
y  seis  no reincidentes); c) la realización de entrevistas a referentes familiares 
y  al  conjunto de  profesionales  del  equipo 
de  intervención.  Los  resultados destacan  que  el  54  %  de 
los  adolescentes monitoreados no presentan reingresos a la Red Sename;  sin  embargo,  al  momento 
del  estudio  un  26  %  de estos se encontraban ingresados a Programas de Protección de
Derechos y un 20 % estaban vigentes en Programas de Justicia 
Juvenil.  A nivel  cualitativo,  se  aprecia 
que  el  factor  de mayor relevancia en el grupo que no registra reingresos es  el 
apoyo  de  la  red familiar  y  escolar.  Para 
mejorar  los  procesos   de intervención,   los   profesionales 
 plantean   la necesidad  de establecer  un  sistema  de 
acompañamiento  especializado,  con  un fuerte  énfasis  en  el  trabajo 
familiar  y vinculación sociomunitaria.

El artículo relata la evolución del derecho penal uruguayo relativo a las drogas hasta la adopción del actual régimen, que introduce cambios trascendentes en las figuras delictivas respecto de las drogas ilícitas en general, así como particularmente en cuanto a la regulación del mercado de la marihuana, lo que ha hecho que el modelo uruguayo sea observado hoy con gran atención a nivel internacional.

Un nuevo enfoque argumentan que las leyes vigentes criminalizan excesivamente a  ciertos  grupos  ya  que  la  visión  actual  utiliza como  herramienta  principal  el  encarcelamiento, lo cual resulta desproporcionadamente punitivo para estos grupos, tal es el caso del incremento en el número de mujeres que han sido privadas de su libertad por delitos relacionados con las drogas. Si bien el debate
sobre la necesidad de incorporar un enfoque de salud pública en el combate a las drogas ha sido impulsado tanto por organizaciones de la sociedad civil (nacionales e internacionales), como por los tres Poderes de la Unión en  México,  las  discusiones  en  torno  a  este
fenómeno  pocas  veces  han  incorpo una dimensión de género. Es decir, los diagnósticos y recomendaciones de política pública pocas veces toman en cuenta la manera diferenciada en la cual los hombres y las mujeres se relacionan con el consumo, tráfico y comercialización de drogas (y cómo son castigados por el Estado).

En este sentido, este artículo pretende presentar una visión general sobre la situación de desigualdad en la que las mujeres son afectadas por las políticas prohibicionistas en materia de drogas. Para ello se presentan diversas estadísticas generadas por organizaciones internacionales sobre los niveles de la población carcelaria en América Latina, además se esbozan las razones que pueden explicar la participación de las mujeres en delitos relacionados con las drogas y las circunstancias que motivaron su incursión en dichas actividades. También se busca responder a la pregunta ¿por qué las mujeres enfrentan de manera distinta —a los hombres— el encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas? Finalmente se recopilan las propuestas de diversas organizaciones internacionales especializadas en el tema, así como las recomendaciones para asegurar la integridad de mujeres en prisión elaboradas a partir de la normatividad internacional aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.