Derechos humanos y ejecución penal en el nuevo sistema de justicia de México

En México, la transición del sistema inquisitivo
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acusatorio oral posibilitó la reconfiguración de las
prácticas de los

operadores jurídicos. Recientemente se llevó a cabo una
profunda

reforma normativa en la fase de ejecución encaminada a
alinearla los

principios que rigen el enjuiciamiento penal. Si bien es
previsible

que en dicha fase se reconfiguren las prácticas de los
operadores,

todo apunta a que tendrán que superarse distintas prácticas a
partir

del cambio, originadas en esquemas propios de la cultura
judicial de

los funcionarios que aplicarán la reforma. El elemento
central de la

reforma de justicia de 2008 es tener un sistema que pretende
ser más

garantista durante todo el proceso jurídico y posteriormente
en la

supervisión de la pena. En el sistema inquisitivo velar por
los

derechos humanos de los involucrados en el proceso no era
prioridad.

El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley dicta
todas

las normas que deben salvaguardar los derechos humanos de las
personas

que han sido sentenciadas. En el presente artículo se abordan
las

percepciones de los operadores jurídicos en la transición del
sistema

de justicia a partir de entrevistas realizadas en el Juzgado
de

Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos en el 2014. Pero,
así como el

nuevo sistema tiene bondades que tocan tanto al imputado como
a la

víctima, nos preguntamos de qué manera la cultura judicial de
los

funcionarios que aplicarán la reforma en materia de ejecución
podría

interferir en la protección de los derechos humanos de las
personas

privadas de la libertad y sus familias