La reciente Ley 9361 que reformó el registro judicial en Costa Rica permite a las personas que hayan recibido una condena penal, eliminar sus antecedentes penales en menos tiempo, de acuerdo a una escala que considera el monto de la pena y el delito cometido. Si durante el proceso penal se demuestra que la persona condenada enfrentaba condiciones de vulnerabilidad al momento de la comisión del delito, el juez de ejecución de la pena también podrá ordenar la cancelación del registro una vez cumplida la pena impuesta.  Esta es otra forma en que el Estado costarricense introduce los principios de proporcionalidad y racionalidad en la política criminal, incluyendo delitos relacionados con drogas, que sin duda constituye un importante precedente para prevenir la discriminación social y laboral de personas que han enfrentado condenas penales.