CNCCC - Fallos
Penales de Interés General nº 60/2017: Condena: color:#222222">

Privación de la libertad -sustracción y
retención- de una persona con

el fin de obligarla a tolerar algo contra su
voluntad, agravado por

tratarse la víctima de una persona a quien el
imputado le debe un

respeto particular, en concurso real con el delito
de desobediencia.

Reincidencia - Inadmisibilidad del planteo de
inconstitucionalidad de

la agravante contenida en el inciso 2° del
artículo 142 bis del Código

Penal, último supuesto: “individuo a quien se
deba respeto particular”

- Casación parcial por errónea interpretación y
aplicación al caso del

inciso 2º del art. 142 bis del CP (Voto de la
mayoría)

Inconstitucionalidad rechazada del art. 50 del
CP (Voto de la mayoría)

– Disidencia parcial: Inconstitucionalidad del
art. 50 del CP.

(Magariños) – Agravante del inciso 2º del art.
142 bis del CP: rechazo

del recurso y confirmación (Mahiques).-







En esta entrega del año 2017 les hacemos llegar:



El fallo de la Sala de III de la Cámara Nacional
de Casación en lo

Criminal y Correccional de la Capital Federal,
dictado en “R., J. M.

s/ privación ilegal de la libertad”, (causa nº
8.009/2014, Reg.

254/2017), rta. el 12/04/2017, por el cual se
hizo lugar parcialmente

al recurso de casación interpuesto por la
defensa de J. M. R. y, en

consecuencia, se casó el punto dispositivo II de
la sentencia

recurrida, modificando la calificación legal
asignada a los hechos por

los que recayó condena por resultar
constitutivos del delito de

sustracción y retención de un persona con el fin
de obligarla a

tolerar algo contra su voluntad, agravado por
haber logrado el autor

su propósito, en concurso real con el delito de
desobediencia

(artículos 55, 142 bis, primer párrafo, primera
y segunda oración, y

239 del Código Penal y artículos 470, 530 y 531
del Código Procesal

Penal de la Nación). Asimismo se dispuso enviar
las actuaciones para

que otro Tribunal determine el monto de pena a
imponer y rechazar los

restantes agravios planteados en el recurso de
casación.



            Mario
Magariños, sobre la calificación legal adoptada por

el tribunal, precisó que los desplazamientos
parciales, fuera del

lugar de encierro, que la víctima pudo realizar,
no torna atípica la

conducta toda vez que se acreditó el intenso
temor que la damnificada

tenía y que los movimientos los cumplió debido a
las imposiciones

coactivas que le hizo el imputado, dentro del
contexto de violencia

que ejercía sobre ella, siendo por ello correcta
la subsunción

efectuada por el tribunal cuando asignó carácter
coactivo a la

privación de la libertad (artículo 142 bis, primer
párrafo, del Código

Penal). Respecto al planteo de
inconstitucionalidad del agravante

contenido en el inciso 2° del mismo artículo,
votó por su

inadmisibilidad por adolecer de defectos de
fundamentación. Precisó

que “(…) el planteo de cuestiones federales
demanda, por un lado,

determinar cuál es el principio fundamental que
una ley, decreto,

reglamento o resolución, conculca; corresponde
luego exponer el

motivo, lo que conlleva, de modo ineludible, a
la realización de un

análisis en torno al significado y alcance del
precepto constitucional

de que se trate y, asimismo, de la ley, decreto,
reglamento o

resolución cuya inconstitucionalidad se
pretende; esto supone un

examen en punto al significado y alcance del
acto en cuestión.

Cumplidos tales extremos, es además ineludible
llevar a cabo un

análisis de la falta de coherencia normativa que
se alegue entre el

precepto constitucional del cual se trate y la
norma o acto que

aplicado al caso ocasione agravio federal, según
el recurrente. Se

trata, en definitiva, de establecer una
vinculación directa y concreta

entre el caso objeto de juicio y la cuestión
federal alegada.”.

Asimismo, sobre el agravante ya mencionado,
resaltó que el Tribunal en

la sentencia consideró que la privación de la
libertad coactiva

ejecutada por el condenado fue cometida sobre la
persona de un

“individuo a quien” aquél debía “respeto
particular” por ser la

víctima la madre de sus hijos, interpretación
que otorgó a la

calificante una extensión más amplia e incorporó
una nueva hipótesis

(“madre de los hijos del autor, no conviviente
con éste”), sin

explicar cuál sería el deber de orden legal
quebrantado, por lo que

votó por hacer lugar, al respecto, al recurso de
casación, casar

parcialmente la decisión impugnada y excluir la
aplicación al caso del

agravante contemplado en el inciso 2°, último
supuesto, del artículo

142 bis del Código Penal (artículo 470 del
Código Procesal Penal de la

Nación). Asimismo, teniendo en cuenta su
opinión, señaló que

correspondía remitir a sorteo las actuaciones para
que otro tribunal

determine el monto de pena a imponer,
advirtiendo que “(…) la

exclusión de la calificante arriba resuelta,
determina que la escala

punitiva aplicable al caso debe ser la
establecida en el artículo 142

bis, primer párrafo, in fine, del Código Penal,
esto es, de 8 años a

15 años de prisión, con más la resultante de la
sumatoria con la pena

establecida para el delito de desobediencia
(artículo 239 del Código

Penal), en razón del concurso real (artículo 55
de la ley de fondo)

que media entre ambos en el caso.” Finalmente,
refiriéndose a las

consideraciones que expusiera en “Obredor”
(causa nº 25833, Reg.

312/15, rta. el 4/8/2016) enviado como Mail de
interés nº 128/2015,

señaló que correspondía hacer lugar al recurso
de casación, casar la

decisión y declarar la inconstitucionalidad del
artículo 50 del Código

Penal.



Pablo Jantus, realizando algunas precisiones,
adhirió al voto de

Magariños, con excepción del planteo de
inconstitucionalidad del

instituto de la reincidencia respecto de la cual,
remitiéndose a su

voto en  "Legajo de ejecución penal en
autos Olea, Héctor  Federico

s/robo con armas", causa nº 1070/06, Reg.
192/15,  rta. el 24/6/15,

precisó que no podía prosperar. Por último,
señaló que ante el pedido

de la fiscalía, había sido adecuado declarar
reincidente a R.



Finalmente, Carlos Alberto Mahiques, adhirió al
voto de Magariños

dejando sentada su disidencia parcial respecto
de la aplicación de la

agravante del inciso 2º porque consideró que fue
acertada por parte

del Tribunal y; su opinión en contrario sobre la
cuestión referida a

la reincidencia debido a que tiene al respecto
la misma postura que

Jantus (“Crosso”, causa 50260/12, Reg. nº
267/15, rta. el 16/7/2015,

enviada como Mail de interés nº 104/2015), por
lo que votó por

rechazar el recurso de casación interpuesto por
la defensa y confirmar

la resolución recurrida en todo cuanto fuera
materia de recurso.

Martes 30 de
mayo de 2017 font-family:"Arial",sans-serif;color:#222222">


En los autos “C. S., J. J. y otros s/ robo”, la
defensa del imputado

interpuso un recurso de apelación contra la
resolución que no hizo

lugar al planteo de nulidad de la detención,
requisa y secuestro de

elementos realizadas por un policía preventor.



Frente a ello, los integrantes de la Sala V de
la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Ricardo Pinto, Mirta López

González y Rodolfo Pociello Argerich,
sostuvieron que, de acuerdo a la

secuencia de eventos que relató el agente, la
interceptación en la vía

pública de los imputados –término que debe ser
distinguido del

arresto- aparece como válida dentro de las
funciones de prevención,

pues las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que indicó, conforman

un cuadro que razonable y objetivamente pudo
llevar al agente a

considerar que se hallaba en la presencia de la
posible comisión de un

delito o al menos frente a una situación que lo
llevase a indagar este

extremo.



Los jueces agregaron que los funcionarios de la
policía están

facultados a interceptar a una persona en la vía
pública, detenerla

por un breve lapso para interrogarla si existe
sospecha de que podría

estar vinculada con un delito e, incluso, si
considera que estuviera

armada, puede cachearlo para despejar su duda.



Eso se suma a la declaración del policía que
sostuvo que el imputado,

junto a un compañero, fueron vistos mientras
saltaban el guardarail y

cruzaban apresuradamente una avenida, en medio
de los automóviles,

llevando una mochila, que se encontraba abierta,
con una notebook en

su interior cuya propiedad no pudieron justificar.



Al ser detenidos, el personal policial llamó al
número que figuraba en

un carnet que se encontró en la mochila y el
damnificado confirmó que

fue víctima de un robo unas horas antes.



En ese contexto, los magistrados resaltaron que
la actuación del

personal policial se encuentra dentro de las
prescripciones del art.

230 bis por cuanto la requisa estuvo justificada
conforme a la ley

procesal toda vez que la norma habilita a las
autoridades policiales a

“inspeccionar los efectos personales que lleven
consigo” los

destinatarios de la medida, y la explicación del
preventor aparece

como razonable en las circunstancias del caso en
tanto permitían

presumir que provenían de un delito.

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “G., P. R. s/procesamiento” (causa n° 2.918/2017) rta. 5/5/2017, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó como autor del delito de robo con armas (artículo 166 inciso 2, primer párrafo, del Código Penal). En el caso, se le endilga, en coautoría con una mujer, haber desapoderado de su automóvil a un taxista apoyándole al damnificado en su espalda un caño doblado en forma de “L” con un encendedor adherido con cinta adhesiva, huyendo ambos con el rodado y siendo interceptados, tras una breve persecución, por personal policial. Los vocales confirmaron el procesamiento modificando la calificación legal por robo con arma de utilería (artículo 166 inciso 2, in fine, del Código Penal).

Precisaron que sin perjuicio del resultado de la rueda de personas -en donde el damnificado reconoció erróneamente a un integrante de la rueda ajena al hecho- los elementos reunidos daban sustento al procesamiento. En punto a la calificación legal, señalaron que si bien el elemento incautado no era de los denominados arma "propia", el damnificado creyó que era un arma de fuego, privándolo de la posibilidad efectiva de resistir, por lo que tipificaron la conducta en el artículo 166 inciso 2do, tercer párrafo, del Código Penal (robo agravado por el uso de un arma de utilería), toda vez que el fundamento del agravante radica exclusivamente en la capacidad de intimidación del elemento.