El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “L., C. y otros s/ procesamiento-concusión y enriquecimiento ilícito” (causa n° 32.688/2012) rta. 5/5/17, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de tres miembros de la PFA contra la resolución del magistrado de la instancia de origen que los procesó por concusión (cobro de dádivas a comerciantes) y, a dos de ellos, también por enriquecimiento ilícito. Los vocales revocaron parcialmente el procesamiento respecto de la concusión por entender que no había mérito para procesar o sobreseer y confirmaron parcialmente el procesamiento por enriquecimiento ilícito.  

            Mariano Scotto y Mauro Divito, sobre la concusión, explicaron que la utilización de testigos de identidad reservada no vulneró el derecho de defensa de los imputados y tuvo como objetivo proteger la integridad física y moral de quienes depusieron, por lo que rechazaron el planteo al respecto introducido. Agregaron que la imputación, de momento, no estaba debidamente acreditada, por lo que votaron por revocar el auto apelado y disponer la falta de mérito. El vocal Jorge Luis Rimondi adhirió a dicha solución pero aclaró que en caso de que eventualmente se los procese, se deberán revelar las identidades de los testigos.

            Finalmente y con relación al delito de enriquecimiento ilícito (hecho II), todos coincidieron en confirmar parcialmente el procesamiento, debido a que no habían podido justificar el notable incremento patrimonial que tuvieron, situación que se desprendía de los informes recabados a diversos organismos públicos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo recusatorio con respecto al juez federal de Esquel, Guido Otranto, interpuesto en el incidente nro. FCR 8232/2017/2/CA1 en el marco del caso Santiago Maldonado, disponiendo la inmediata intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

La decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado.