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“El art. 64 de la ley 25.871 dispone que para la
ejecución en forma

inmediata de los actos administrativos de
expulsión firmes y

consentidos dictados respecto de extranjeros en
situación irregular

corresponde: a) que la autoridad competente haya
dictado una

disposición de expulsión respecto de un
extranjero cuya situación de

residencia ha sido declarada irregular; b) que
esa disposición haya

sido consentida o haya adquirido firmeza por
haberse agotado la vía

recursiva; c) que la orden de expulsión se
hubiese dictado respecto de

un extranjero que estuviese cumpliendo una pena
privativa de libertad;

d) que la ejecución de la pena hubiese alcanzado
el estadío necesario

para poder aspirar a la concesión de salidas
transitorias y que no

exista otro proceso o condena pendiente en los
que interese su

detención (voto del juez García al que adhirió
el juez Bruzzone).



Compete a la Dirección Nacional de Migraciones,
en el ejercicio de los

cometidos de política migratoria que le asigna
el art. 105, en función

del art. 3, inc. a, de la ley 25.871, adoptar
decisiones de

declaración de irregularidad de la residencia, o
de cancelación de los

permisos de residencia de extranjeros, y en
consecuencia, decidir su

expulsión del territorio nacional, y determinar
la duración de la

prohibición de reingreso, según los arts. 61,
último párrafo, 62 y 63

de esa ley (voto del juez García al que adhirió
el juez Bruzzone).



Las decisiones administrativas adoptadas por la
Dirección Nacional de

Migraciones que deciden la irregularidad de la
residencia, o de

cancelación de los permisos de residencia de
extranjeros -y en

consecuencia, deciden su expulsión del
territorio nacional, y

determinan la duración de la prohibición de
reingreso, según los arts.

61, último párrafo, 62 y 63 de la ley 25.871-
están sujetas a una vía

de recursos administrativos y judiciales según
los arts. 74, 79 y 84.

El art. 98 de la ley declara que para el
conocimiento y decisión de

los recursos judiciales son competentes los
jueces a cargo de los

Juzgados Nacionales en lo Contencioso
Administrativo Federal o los

Juzgados Federales del interior del país, hasta
tanto se cree un fuero

específico en materia migratoria (voto del juez
García al que adhirió

el juez Bruzzone).



A los fines de que proceda la ejecución de una
orden de expulsión en

los términos del 64 de la ley 25871, por parte
de la autoridad

migratoria, ha de tratarse de un extranjero que efectivamente
esté

cumpliendo pena privativa de libertad en un
establecimiento de

ejecución de pena que acarree privación de la
libertad, o bajo otra

modalidad de ejecución de la pena privativa de
libertad de

cumplimiento efectivo. Si se tratase de una condena
a pena de prisión

de ejecución condicional la situación se regula
de modo diverso, por

el inciso b del art. 64 de la ley 25.871 (voto
del juez García al que

adhirió el juez Bruzzone).



Al menos en el ámbito nacional, puesto que la
ejecución de la pena

está sometida a control judicial (art. 3 de la
ley 24.660), y la

concesión de salidas transitorias está diferida
con exclusividad a los

jueces con competencia para ese control (art. 19
de esa ley), se

infiere sin esfuerzo que la autoridad migratoria
no puede ejecutar la

expulsión sin que, previamente, el juez de
ejecución establezca que se

han reunido los presupuestos del art. 17,
acápites I y II de la ley de

ejecución de la pena privativa de libertad, a
los que remite el art.

64 de la ley 25.871. Si están reunidos, el juez
de ejecución así lo

declarará y lo comunicará a la autoridad
migratoria; en su defecto,

declarará que la decisión de expulsión no es
ejecutable. De tal

suerte, la declaración positiva importa
autorización para ejecutar la

expulsión y es imprescindible para la ejecución
regular de la

expulsión a la que refiere el citado art. 64
(voto del juez García al

que adhirió el juez Bruzzone).



El extrañamiento no constituye un derecho del
condenado; se trata de

una manifestación del ejercicio de la soberanía
estatal y según los

casos revestirá exclusivamente la naturaleza de
una decisión de

política migratoria o de seguridad, concretada
en un acto

administrativo de expulsión, y otras veces,
además, la naturaleza de

una pena accesoria impuesta con motivo de una
condena penal,

establecida en la ley penal. Se destaca su
carácter político y

discrecional guiado por criterios de
selectividad, sin perjuicio de

los límites que le impone la prohibición de
discriminación y el deber

del Estado de asegurar al extranjero cuya
expulsión se ordena, el

acceso a un juez o tribunal para la protección
de los derechos

fundamentales que pudieran verse lesionados de
manera ilegal o

ilegítima con el acto de expulsión (voto del
juez García al que

adhirió el juez Bruzzone).





El acto de expulsión sólo reviste la naturaleza
de pena si ésta es la

sanción principal o accesoria por la realización
de una conducta

constitutiva de una infracción a una prohibición
de naturaleza

materialmente penal, lo que presupone una ley
que defina el

presupuesto de hecho de la sanción. Es
característico del derecho

penal que –salvo en el caso de las llamadas
penas alternativas- las

penas principales y accesorias no están sujetas
al principio

dispositivo (voto del juez García al que adhirió
el juez Bruzzone).





La ley 25.871 no provee al extranjero de ninguna
vía judicial para

promover que las autoridades migratorias
declaren su residencia

irregular, cancelen o revoquen una autorización
de residencia

anteriormente concedida, ni para instar la
propia expulsión o

extrañamiento. Esto se deduce sin esfuerzo del
contexto de la ley que

en su art. 74 declara revisables por vía
administrativa o judicial

ciertas decisiones sin proveer, sin embargo, de
ningún recurso o vía

judicial para que el extranjero promueva la
cancelación de su

autorización de residencia, o para que se lo
expulse del territorio.

Decisiones de esta clase no están concebidas
para garantizar el

derecho fundamental de salir libremente de
cualquier país, sino

orientadas a fines de política migratoria por
razones de seguridad,

orden, salud o moral públicos, o a la protección
de derechos o

libertades de otros. De modo que la persona no
tiene legitimación para

reclamar del Estado ser expulsada por alguna de
esas razones cuya

apreciación y necesidad quedan libradas a la
discreción del

legislador, al momento de definir los supuestos
de expulsión en la

ley, y por la autoridad de aplicación en cada
caso concreto (voto del

juez García al que adhirió el juez Bruzzone).



El orden normativo prevé un instrumento
específico sobre cuya base

puede eventualmente suscitarse una incidencia
típica de ejecución de

la pena, que sólo puede promover el condenado o
quien actúe en su

nombre, cual es el Acuerdo sobre Traslado de
Personas Condenadas entre

los Estados Partes del Mercosur, aprobado por
ley 26.529. Esta

disposición concede al condenado un derecho
sustantivo a promover una

incidencia de ejecución y obtener su traslado
para la ejecución de

todo o parte de la sentencia en el territorio
del país de su

nacionalidad, o de aquél en el que tiene
concedida autorización de

residencia permanente, a diferencia de los de
los arts. 61, 62, 63 y

64 de la ley 25.871, que no dan base a ningún
derecho a opción del

condenado (voto del juez García al que adhirió
el juez Bruzzone).



No corresponde que los jueces de ejecución den
trámite como incidente

de ejecución a peticiones de los condenados o
sus defensas para que el

juez promueva u ordene la ejecución de
expulsiones del territorio

dictadas por la autoridad administrativa en los
términos de los arts.

61, 62 y 63 de la ley 25.871. Una incidencia a
tenor del art. 64 –es

decir, que la autoridad de aplicación emitiese
una orden de expulsión

y extrañamiento que tiene por efecto interrumpir
la ejecución de la

pena privativa de libertad, cuestión que no
responde a ninguna de las

finalidades de los arts. 1 y 6 de la ley 24.660-
sólo puede tener

lugar cuando la autoridad administrativa pide
autorización al juez

para ejecutar una expulsión consentida y firme,
en cuyo caso el juez

sólo tiene jurisdicción para autorizarla o
denegar la autorización,

pero no para ordenar que sea ejecutada, puesto
que tales decisiones

políticas han sido adoptadas por el legislador
al definir la autoridad

competente para declarar irregular la residencia
de una persona, o

para cancelar una anteriormente concedida, y en
consecuencia para

decidir su expulsión con prohibición de
reingreso (extrañamiento), y

los presupuestos en los cuales ésta pueda ser
decretada. De modo que

los jueces tampoco tienen jurisdicción para ordenar
a la autoridad

migratoria que ejecute una resolución de
expulsión, que no responde a

un derecho de la persona objeto de la expulsión,
y por ende tampoco

puede dar base a un derecho adquirido por ésta
(voto del juez García

al que adhirió el juez Bruzzone).



No hay base normativa que permita reconocer que
una persona tenga

derecho a ser expulsada del territorio del país
en el que se

encuentra, los jueces que supervisan la
ejecución de una pena

privativa de libertad no tienen jurisdicción
para promover ante la

autoridad administrativa el dictado de una
decisión de expulsión, y

por ende, tampoco la tienen para ordenar que
ésta sea ejecutada. En

cambio, sí releva de su competencia “autorizar
todo egreso del

condenado del ámbito de la administración
penitenciaria”, de modo que,

si se dan los presupuestos definidos en el art.
64 de la ley 25.871,

por referencia al art. 17, acápites I y II de la
ley 24.660, entonces

es indispensable su declaración en tal sentido y
su autorización para

que el condenado pueda egresar del
establecimiento penitenciario a los

fines de ejecutar la expulsión. Allí se agota su
jurisdicción y no

tienen ninguna otra para ordenar la ejecución de
una orden

administrativa dictada por las autoridades
competentes del poder

ejecutivo, ni para ponerle plazos a su ejecución
(voto del juez García

al que adhirió el juez Bruzzone).



Corresponde confirmar la decisión que tuvo por
acreditado el

cumplimiento de las exigencias previstas en el
art. 64 de la ley

25.871 y autorizar un nuevo extrañamiento del
imputado a su país de

origen y anularla en cuanto dispuso requerir a
la autoridad migratoria

que ejecute su expulsión del territorio nacional
por haber satisfecho

holgadamente tal normativa pues la decisión
respecto de este último

aspecto ha sido dictada por el juez de
ejecución, sin competencia, y

por ende, en exceso de jurisdicción toda vez que
tal incidencia sólo

puede tener lugar cuando la autoridad
administrativa pide autorización

al juez para ejecutar una expulsión consentida y
firme, en cuyo caso

el juez sólo tiene jurisdicción para autorizarla
o denegar la

autorización, pero no para ordenar que sea
ejecutada. En referencia a

ello, si bien el recurrente no alegó exceso de
jurisdicción sino que

pretendió derechamente la revocación de tal
punto, tal pretensión

presuponía de modo implícito que este tribunal
tiene jurisdicción sea

para revocar, sea para confirmar de modo que
conserva su potestad

inherente de revisar su propia competencia
porque no podría confirmar

un dispositivo judicial dictado sin jurisdicción
por el juez a quo.

Ello no implica que este tribunal de revisión
deba necesariamente

revisar todas las incidencias decididas de modo
previo a la resolución

impugnada sino, simplemente, que puede examinar
el alcance de la

propia competencia para confirmar o dejar sin
efecto la decisión

dictada por el juez de ejecución (voto del juez
García al que adhirió

el juez Bruzzone).