“Incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva el tribunal que decidió la sustitución de la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento impuesta al imputado por un tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas y al alcohol, puesto que las medidas de seguridad que se intentan aplicar están claramente determinadas para el supuesto en el que se imputa la conducta que describe el art. 14 de la ley 23.737, y no para los casos de los arts. 164 y 166 del Código Penal que se reprocha en las actuaciones. Al respecto, si bien es posible la interpretación in bonam partem de normas, se debe tratar de una situación que lo requiera ya sea porque la norma sea vaga, o presente puntos oscuros, o porque el encuadre del caso ofrezca dificultades, lo que no ocurre en el caso (voto de la jueza Garrigós de Rébori al que adhirió el juez Bruzzone).

Se ha hecho una errónea aplicación al caso del art. 17 de la ley 23.737 al disponer la sustitución de una pena de efectivo cumplimiento, por un tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas y el alcohol, porque tal disposición se refiere solamente a los supuestos de delitos del art. 14, segundo párrafo, de esa ley. Si se tratase del condenado por otros delitos –como en el caso en el que se reprochó los delitos previstos en los arts. 164 y 166, inc. 2º, del Código Penal en grado de tentativa-, y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez o tribunal pueden imponer una medida de seguridad curativa junto con la pena que corresponda al delito pero no en sustitución de ésta, según el art. 16 de aquella ley. En consecuencia, resulta inadmisible la aplicación in bonam partem de la ley que alegó el tribunal a quo por tratarse de un caso no previsto, porque ese argumento conduciría a que los jueces nunca estarían atados a la ley aplicable al caso, sino que la aplicarían o no según su propio criterio (voto del juez García)

“Zappia, Fernando Martín s/ sustitución de pena”, CNCCC 2211/2014/TO1/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 77/2018, resuelta el 15 de febrero de 2018”

Fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela.

Mediante la Acordada 2/2018, suscripta por los
supremos Ricardo font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
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Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan
Carlos Maqueda, Horacio

Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema
de Justicia aprobó la

reglamentación "de los efectos secuestrados
en causas penales que no

puedan entregarse a sus dueños y objetos
decomisados con finalidad

pública".



Invocando la necesidad
"imprescindible" de "instrumentar políticas de

estado consistentes, coordinadas, efectivas y
permanentes en el

tiempo" en materia de lucha contra la
actividad delictiva, y

reconociendo "la trascendencia que el
ordenamiento jurídico le da al

fin social de los bienes que han sido utilizados
para cometer el hecho

o el producto de ellos", la Corte decidió
implementar medidas para el

mejor aprovechamiento de los bienes
secuestrados, que usualmente no

pueden ser entregados a sus dueños pero respecto
de los cuales es

necesario preservar su valor.



"La custodia y mantenimiento de aquéllos
requiere la adopción de

medidas que implican, en definitiva, erogaciones
públicas. Por tanto,

resulta de toda justicia asignarle a estos
bienes una finalidad de

utilidad pública de modo tal que, a la par de
asegurarse su

conservación, toda la sociedad se beneficie de
ellos", resalta el

texto de la Acordada.



Recomendaciones



Además dela aprobación del reglamento, que
figura como anexo de la

acordada, la Corte dictó una serie de
recomendaciones a los

magistrados que intervengan en este tipo de
causase incluso creó una

comisión especial encargada de monitorear el
cumplimiento de la nueva

normativa.



A tales efectos, el Alto Tribunal les recordó a
todos los magistrados

que, dentro de los treinta días de disponerse el
secuestro, deberán

inscribir -con carácter obligatorio e
inexcusable- "la información

completa de todos aquellos bienes de cualquier
naturaleza que se

encuentren sometidos a decisión jurisdiccional
únicamente en la 'Base

General de Datos de Bienes Secuestrados y/o
Comisados en causas

Penales de competencia de la Justicia Nacional y
Federal'".



"El bien afectado podrá ser asignado
provisoriamente para el uso del

Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, está la

posibilidad de que sea asignado
"provisoriamente en carácter de

depositario judicial a entidades con fines de
interés público, para el

cumplimiento de sus objetivos específicos y uso
dentro del territorio

nacional"



Dónde van a parar los objetos secuestrados



Conforme el texto del anexo, para cada causa se
abrirá una cuenta

especial y el producido de la venta de los
efectos secuestrados y los

bienes decomisados, deberá ser ingresado por las
respectivas

instituciones bancarias a nombre de la Corte.
Los bancos además de

informarle al Juzgado respectivo, deberán hacer
lo propio con el

Máximo Tribunal.



El reglamento también indica que cuando un juez
considere que un bien

secuestrado tenga "utilidad social"
deberá ponerlo a disposición de la

Corte, a través de la Subdirección de Gestión
Interna y Habilitación,

que decidirá si afecta el bien al Máximo
Tribunal y posteriormente lo

tasará, mientras tanto, el bien continuará bajo
la órbita del Juzgado.



Según esta normativa, el bien afectado podrá ser
asignado

provisoriamente para el uso del Poder Judicial y
de las fuerzas de

seguridad. Por otra parte, está la posibilidad
de que sea asignado

"provisoriamente en carácter de depositario
judicial a entidades con

fines de interés público, para el cumplimiento
de sus objetivos

específicos y uso dentro del territorio
nacional".