RESUMEN:
En razón del reclamo policial de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, acontecido en la provincia de Santa Fe en diciembre de 2013, se imputó a cinco policías haber cometido el delito de sedición, y a un civil, de la comisión de los delitos de instigación a cometer delito y de amenazas contra el Gobernador. Dos de esos policías fueron sobresídos en la etapa de instrucción. Los otros tres y el civil, fueron procesados por dichos delitos. En el debate, el Fiscal general cambió la calificación acusatoria contra los tres primeros por la de incumplimiento de deberes del funcionario público, en definitiva, por considerar que no se había tipificado el delito de sedición (conclusión que el Tribunal considero acertada). Esos tres policías fueron absueltos conforme al principio non bis in idem, por haber sido antes imputados de incumplimiento de los deberes del funcionario publico en sede provincial, haberse dispuesto el archivo de la causa y haber fenecido el plazo previsto por la legislación provincial para pedir el desarchivo e instar la causa, lo cual nadie había efectuado. El civil fue condenado como autor del delito de amenazas y absuelto por el delito de instigación al incumplimiento de los deberes del funcionario público.

RESUMEN:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el art. 350 del CPPF, que dispone que las decisiones de jueces en función de revisión que involucren cuestiones federales deben ser consideradas definitivas y son recurribles ante la Corte Federal.

El caso
El Juzgado Federal de Garantías de San Ramón, Salta, decidió homologar el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la fiscalía y la defensa, excepto en lo relativo a la modalidad de cumplimiento domiciliario de la pena. Impuso, en consecuencia, una pena de cumplimiento efectivo.

La defensa impugnó la sentencia en función de la modificación introducida al acuerdo, en punto al modo de ejecución de la condena y al decomiso de un vehículo dispuesto.
La jueza con funciones de revisión interviniente rechazó el recurso en punto a la modalidad de cumplimiento de la condena, pero lo acogió en relación con el decomiso.
La defensa dedujo recurso extraordinario federal ante la CSJN -en lugar de plantear casación ante la CFCP-.

La decisión de la Corte.
La CSJN no se expidió sobre el fondo del planteo. En su lugar, se enfocó en la falta de cumplimiento del requisito formal del recurso extraordinario federal, que requiere que se haya pronunciado el superior tribunal de la causa (art. 14, ley 48). Recuperó los fallos "Rizzo" y "Di Nunzio" de la propia CSJN.

Para examinar la cuestión, revisó el art. 350 del CPPF, cuyo tercer párrafo dispone que "Cuando las decisiones de los jueces con funciones de revisión señalados en el artículo 53 de este Código involucren cuestiones federales, estos serán considerados como el tribunal superior de la causa y su decisión será considerada sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

Dado que no se había cuestionado la constitucionalidad de esa norma, reafirmó la posición sostenida en anteriores casos según la cual el tribunal puede realizar control de constitucionalidad de oficio, especialmente cuando se trata de normas invocadas para habilitar la jurisdicción de la CSJN ("Pedraza" y "Aparicio").

Ya en la tarea de controlar la constitucionalidad de la norma, dejó claro que no compete al Poder Judicial revisar la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones legislativas, como lo son aquellas que disponen la organización judicial. Sin embargo, explicó que la CN autoriza al Poder Judicial en sus arts. 1 y 28 a revisar la razonabilidad de las normas.

En ese orden, consideró que la ley 27.063 y sus modificatorias (que establecen el CPPF) resguardan la función de intérprete constitucional último de la CSJN. Recogió precedentes propios donde la CSJN interpretó que el superior tribunal de provincia es la última instancia en sede provincial y la Cámara Federal de Casación Penal lo es en sede federal. Por ello, para "preservar de forma eficaz el ejercicio de su función más eminente -es decir, la de ejercer el control de constitucionalidad y la de interpretar las leyes federales sancionadas en consecuencia de la Constitución-, es que se decidió [en "Di Nunzio" y su progenie] que era necesario evitar que otras funciones jurisdiccionales ajenas a ello pudieran obstaculizar el adecuado ejercicio de esa labor [...]".

En esa inteligencia, la previsión del art. 350 del CPPF que reserva a la CFCP la única función de revisar impugnaciones de resoluciones pronunciadas por los tribunales de juicio, excluyendo la revisión de otras resoluciones que provengan de cámaras de apelaciones en funciones de jueces de revisión, es contraria a la doctrina que subyace a los precedentes antes recogidos.

Ello por cuanto "en un régimen legal que mantiene la existencia de la Cámara Federal de Casación Penal, no se advierte cómo es que puede excluirse su intervención como ´instancia útil´a los efectos de habilitar la jurisdicción extraordinaria. Esto es particularmente cierto cuando de los antecedentes legislativos no surge cómo o por qué se entiende que el artículo 350 del CPPF preserva el rol eminente de esta Corte, a pesar de eliminar el medio que durante décadas fue considerado fundamental para garantizarlo. Sin impedir los cambios legislativos, la razonabilidad exige que una nueva habilitación de la jurisdicción extraordinaria -a contracorriente de nuestra práctica institucional consolidada- al menos demuestre cómo se satisface el imperativo de la Constitución de que esta Corte sea su última interprete. Si la intervención de la casación como tribunal intermedio permitía a esta Corte tanto preservar eficazmente su rol eminente y revisar un producto más elaborado como a los justiciables encontrar un remedio a sus agravios en instancias anteriores debería, al menos, advertirse una explicación concreta en los debates legislativos sobre cómo es que el nuevo régimen se ordena a tales objetivos."

En definitiva, dispuso atribuirle competencia a la CFCP para que agote su jurisdicción en la resolución de cuestiones federales suscitadas en un procedimiento en concreto, para preservar la función eminente de la Corte.

Ello, además, garantizará un tratamiento profundo de las cuestiones federales que surjan, de manera previa a su abordaje por la CSJN.

Finalmente, dejó establecido que la aplicación en el tiempo de este criterio debe ser presidida por una especial prudencia, de modo que debe aplicarse a las apelaciones federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad al fallo, para no afectar los derechos de las partes. Remitió el caso a origen y restableció los plazos para que la defensa plantease un recurso ante la CFCP.

Fallo relacionado:
La decisión de la CSJN es coherente con el fallo plenario "Ruiz", dictado por la CFCP en fecha 28/05/2024, donde resolvió que:
"Esta Cámara Federal de Casación Penal se encuentra habilitada para intervenir en las impugnaciones deducidas contra las resoluciones definitivas o equiparables a tales, emitidas por las cámaras federales de apelaciones -jueces con funciones de revisión, art. 53 CPPF-, cuando esté involucrada una cuestión federal o arbitrariedad en la decisión impugnada(arts. 10 inc. c Ley 24050, 18 in fine Ley 27146, 53 y 350CPPF y Ac. CFCP 3/12)."

Disponible en este enlace.

RESUMEN:
La magistrada a cargo del Juzgado de 1era Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº15 de la CABA sobreseyó a una mujer imputada por el delito de tenencia simple de estupefacientes en el marco de la Homologación parcial de un acuerdo de juicio abreviado (avenimiento) donde se encontraba imputada junto a tres ciudadanos más.

El acuerdo fue arribado por la acusación fiscal y la Defensa Técnica en virtud de abuso de armas desarrollado en un Hotel de la ciudad en julio de 2021.

Luego de un análisis circunstanciado de los elementos traídos a su despacho a la hora de resolver entendió que el hallazgo de cinco (05) envoltorios de nylon que contenían una sustancia polvorienta que, tras la pericia técnica llevada a cabo indicó que se trataba de clorhidrato de cocaína, no podía atribuirse a su co- autoría pese al acuerdo de las partes.

A la luz de las constancias obrantes y la declaración de la imputada en oportunidad de realizarse la audiencia de visu correspondiente, entendió que conforme la perspectiva de género impuesta al Estado a juzgar estas causas, la misma resultaba totalmente ajena al hecho endilgado, del cual sólo podía acreditarse su mera presencia en el lugar donde la sustancia fue secuestrada.

Sostuvo en sus principales pasajes: No atiende a criterio de justicia alguno realizar una imputación a una persona tan solo por las circunstancias en que se vio inmiscuida. Y esto es lo que pasaría de confirmarse una condena homologando el acuerdo traído. Por eso el hecho resulta atípico.

La formación en cuestiones de género es un requisito de participación en concursos para magistrados a nivel federal, y ha sido causal de destitución de magistrados. Quizás la mayor preocupación hoy es que el proceso penal no revictimice a las mujeres, pero cuando se trata de imputadas todavía falta mucho. Nótese que las fiscalías especializadas no investigan casos de mujeres imputadas. Todo esto provoca un riesgo de que las obligaciones estatales se estén cumpliendo de modo discriminatorio y parcial, de acuerdo al rol procesal, remarcó la Magistrada.

RESUMEN:
La sentencia del Juzgado en lo Penal Económico n° 11 señala que no se encontraron los elementos objetivos necesarios para configurar los tipos penales previstos en los artículos 863 y 864, inciso d) del Código Aduanero. En particular, se destaca la falta de engaño, ocultación o falsa declaración ante el servicio aduanero, lo que es crucial para establecer el delito de contrabando .
Además, aunque se reconoció que el imputado tenía en su poder semillas de cannabis y sustancia vegetal al ingresar al país, se consideró que la cantidad y calidad de la sustancia deben ser examinadas bajo el tipo penal previsto por el artículo 14 de la Ley N° 23.737, que regula la tenencia de estupefacientes .
Se mencionó que aplicar una pena severa por contrabando de una escasa cantidad de estupefaciente para consumo personal podría atentar contra el principio de proporcionalidad de las penas y el principio de igualdad ante la ley. Esto se basa en la idea de que el legislador no debería imponer un tratamiento más riguroso para ilícitos menos graves en comparación con aquellos de mayor gravedad .
Incluso se mencionó la posibilidad de un error de prohibición, donde se argumenta que el imputado podría haber tenido razones sensatas para suponer que su conducta era permitida, lo que también contribuye a la decisión de sobreseimiento .
Se analizan distinciones importantes respecto a las competencias administrativas y penales en relación con el cannabis.
Se establece que el marco regulatorio aplicable al cannabis debe ser considerado principalmente en el ámbito administrativo, donde los organismos de salud tienen un rol preponderante. Esto implica que la regulación y control del uso de cannabis, especialmente en contextos medicinales, recaen en el Ministerio de Salud y no exclusivamente en el ámbito penal.
Se menciona la Ley 27.350, que regula el uso del cannabis medicinal, y se hace referencia a los decretos reglamentarios (como el 781/2022) que introducen un glosario de términos y nuevas interpretaciones sobre lo que se considera "estupefacientes". Esto sugiere que las semillas de cannabis no deben ser clasificadas como marihuana en el contexto penal, ya que la ley y los decretos establecen que el control de estas actividades corresponde a la administración de salud.
Además, el fallo hace una distinción entre las conductas que pueden ser objeto de sanción penal y aquellas que están reguladas administrativamente. La tenencia de cannabis para consumo personal o medicinal, bajo ciertas condiciones, no debería ser tratada con la misma severidad que el tráfico o contrabando de estupefacientes con fines comerciales.