Sentencia que anuló una resolución previa que había sobreseído a Javier Milei en un incidente por falta de acción en una querella interpuesta por Jorge Alberto Fontevecchia. El Juez Farah argumentó que la resolución inicial era nula por ser extemporánea y confusa, ya que el juez de primera instancia había aceptado la excepción de falta de acción antes del momento procesal oportuno. Además, criticó la falta de fundamento en la decisión original, señalando que no se había analizado adecuadamente la atipicidad de las expresiones de Milei ni se había considerado la inmunidad parlamentaria o la protección a la libertad de expresión.

El fallo del Juez Farah enfatizó la necesidad de un análisis exhaustivo de las expresiones de Milei, considerando el contexto, el rol de la figura pública, la protección a la libertad de expresión y la noción de "asunto de interés público". Se destacó la importancia de un procedimiento adecuado que permitiera a ambas partes presentar sus argumentos y pruebas antes de tomar una decisión. Por lo tanto, se declaró la nulidad de la resolución anterior y se ordenó continuar el trámite procesal con un nuevo juez, sin asignación de costos a ninguna de las partes.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de revocar una sentencia que condenó por suministro gratuito de estupefacientes, argumentando una violación al principio de congruencia.

La causa había llegado a juicio con la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5, inc. c, Ley 23.737), a raíz de un operativo llevado a cabo por la División Drogas Urbanas de la Policía Federal. Durante este operativo, se observó a un individuo realizar un “pasamano”, lo que motivó un posterior allanamiento en su domicilio. En el lugar se encontraron 207.59 gramos de cannabis distribuidos en ocho frascos de vidrio y cinco recipientes de plástico, una balanza, una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, la suma de $1,000 y documentación personal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 consideró que los elementos aportados por la acusación estaban insuficientemente probados. En cambio, sostuvo que, tras un análisis exhaustivo del conjunto probatorio y a la luz de la sana crítica, solamente se podía acreditar la configuración del delito de entrega ocasional de sustancia estupefaciente a título gratuito y para consumo personal de quien la recibe. En consecuencia, condenó al acusado a una pena de seis meses de prisión condicional y a costas.

Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia por mayoría.

El tribunal de juicio, ante la solicitud de la Fiscalía de condenar a J.C.O. y D.C.G. como coautores de filicidio, condena al primero y absuelve a la segunda debido a la duda. La Fiscalía apela la sentencia argumentando que D.C.G. no podía desconocer los malos tratos sufridos por la menor y que, según la data de muerte consignada en la autopsia, ella también estuvo al cuidado de la menor durante el día en que se requirió la urgente intervención médica. La Corte acoge la apelación y anula la sentencia por unanimidad. La mayoría ordena enviar el caso al tribunal de origen para que emita una nueva sentencia acorde con los fundamentos establecidos, mientras que la minoría califica el hecho e impone una pena de acuerdo con el artículo 80, inciso 1° del Código Penal.

La resolución N° 357/2024 de la Cámara Federal de Casación Penal (Argentina) expresa su profunda preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías y dependencias policiales en todo el país. Los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y la Procuración Penitenciaria de la Nación revelan un preocupante aumento en el número de detenidos en estas condiciones, que se caracterizan por ser infrahumanas e incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Estas condiciones incluyen hacinamiento, falta de higiene, alimentación deficiente, ausencia de atención médica adecuada, y la imposibilidad de acceder al régimen progresivo de ejecución de pena.

La resolución destaca la violación de derechos humanos fundamentales inherentes a estas situaciones, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que refuerza la responsabilidad del Estado en la garantía de la dignidad y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad. Por ello, se exhorta a los jueces federales de todo el país a adoptar medidas inmediatas para que los detenidos sean alojados en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su permanencia en comisarías y dependencias policiales donde las condiciones de detención no respeten la dignidad humana. La resolución ordena registrarse, informarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y publicarse.

El 23 de octubre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el recurso de casación presentado por el Servicio Penitenciario Federal en relación con el “Habeas Corpus” solicitado por internos del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. En 2019, se había desestimado un recurso de apelación contra una orden judicial que mantenía un cupo de 545 internos, argumentando que la habilitación de nuevas plazas podría agravar las condiciones de detención, dado que las celdas unipersonales se transformarían en compartidas, afectando la habitabilidad. La Corte Suprema anuló decisiones anteriores debido a fundamentos superficiales y no pertinentes. Finalmente, la Cámara rechazó el recurso de casación, argumentando que las decisiones sobre el incremento de internos debían estar basadas en estándares de habitabilidad, y que el Servicio Penitenciario Federal había sobrepasado las limitaciones impuestas por el juez al intentar modificar la capacidad del penal sin seguir el debido proceso. Se declaró inadmisible el recurso con costas.
El argumento central de la Cámara de Casación para declarar inadmisible el recurso de casación del Servicio Penitenciario Federal se basó en la necesidad de garantizar que las condiciones de detención de los internos en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa cumplan con los estándares mínimos normativos y de habitabilidad. La Cámara enfatizó que el incremento del número de internos, mediante la habilitación de cuchetas en celdas que originalmente eran unipersonales, podría agravar las condiciones de detención, lo que contraviene el derecho de los internos a condiciones dignas. Además, la Cámara argumentó que decisiones administrativas de este tipo deben someterse al control judicial para asegurar que no se vulneren los derechos humanos fundamentales durante la privación de libertad.