Las
figuras de familiares -especialmente de las madres- han venido
ganando legitimidad en los últimos años en Argentina para reclamar
por sus víctimas, ocupando también un lugar central en las
aproximaciones de las ciencias sociales. Este artículo pretende
analizar aquellas contiendas morales que restringen el acceso a la
condición de "activista familiar" en los sectores
populares, en la medida en que han sido escasamente problematizadas
por la academia. El texto se inscribe en una investigación
etnográfica y comparativa que desarrollo desde 2007, y que aborda
redes de relaciones familiares, sociales y políticas vinculadas a
muertes violentas en sectores populares de Córdoba (Argentina). A
través del recorrido etnográfico se propone señalar, por un lado,
el modo en que la apelación a la figura de la madre para legitimar
su intervención política tiende a reforzar las acusaciones morales
que pretende trascender. Y por otro, reflexionar sobre las
exclusiones de aquellas muertes que quedan aparentemente inscriptas
fuera de los "contextos políticos".

El
delito de homicidio tiene una agravante que se configura cuando el
delito se comete por “el hecho de ser mujer”. En Colombia, solo
hasta el 4 de marzo de 2015 la Corte Suprema de Justicia se ocupó
por primera vez de un caso en el cual se daba aplicación a la
agravante, y determinó los elementos que son importantes para su
configuración. En este texto analizo el concepto de feminicidio
dentro de un contexto más amplio de violencia contra la mujer, al
igual que los conceptos de violencia de género, violencia contra la
mujer y, finalmente, violencia sexual y feminicidio, todo ello con el
propósito de mostrar los diferentes elementos que están alrededor
de este fenómeno. 

El
Código de la Niñez y Adolescencia propone el internamiento como
último recurso y establece, además, una amplia gama de sanciones
alternativas no privativas de libertad basadas en principios
educativos. En el presente artículo se abordan los factores directos
e indirectos que influyen en la no reinserción social de los
adolescentes; se propone una estrategia de atención sociopsicológico
y pedagógico que permitan la reorientación del adolescente
multiproblemático: el estado, la comunidad y la familia deben
colaborar, en su conjunto, para lograr este objetivo. La estrategia
socioeducativa no privativa de la libertad se orienta en varias
dimensiones: el acompañamiento personal, familiar y
sociocomunitario.

[…]
el
día o la noche en que el olvido estalle
salte
en pedazos o crepite/
los
recuerdos atroces y los de maravilla
quebrarán
los barrotes de fuego
arrastrarán
por fin la verdad por el mundo
y
esa verdad será que no hay olvido.
Mario
Benedetti, «Ese gran simulacro» (fragmento).
 

1
La conmemoración de 30 años del retorno a la democracia el 1 de
marzo de 1985 nos ofrece una excelente oportunidad para reflexionar y
hacer un balance sobre tres décadas de lucha por verdad y justicia
en el Uruguay.

2
En 2013 y 2014, Uruguay ha ganado elogios internacionales y adquirido
la imagen de un bastión del progreso en las Américas. En octubre de
2012, el aborto fue legalizado; más tarde, en 2013, se aprobó el
matrimonio igualitario, que reconoce como legítimo el matrimonio
civil entre personas del mismo sexo, y además se legalizó la
marihuana, colocando de esta forma a Uruguay a la vanguardia de la
llamada «guerra contra las drogas» (Lessa & Le Goff, 2013). Y
finalmente, su presidente José «Pepe» Mujica —con su forma
campechana, práctica de liderazgo e imagen del «presidente más
pobre del mundo»—, constituye un contraste refrescante con la
mayoría de los líderes del mundo y ha ganado muchos titulares de
prestigiosos periódicos internacionales como el The Guardian y el
The New York Times.

3
A raíz de estos logros, el 21 de diciembre de 2013, Uruguay fue
elegido «país del año» por la famosa revista británica The
Economist. Al otorgarle el galardón, la publicación afirmó que
dichas reformas no benefician solamente a una nación, sino que, de
ser emuladas, podrían favorecer al mundo entero.

4
Yuxtaponiendo estos logros recientes en el campo de los derechos
humanos con la cuestión de los crímenes de la dictadura en Uruguay,
la disparidad no podría ser más clara y paradójica. Eso es a tal
punto que, en realidad, parece que se estuviera hablando de dos
países diferentes dado lo marcado de los contrastes entre los
avances del presente y las cuentas pendientes del pasado de la
dictadura que aún quedan por resolver plenamente.

5
En este artículo enmarcaré mi discusión en términos de lo que se
ha logrado en estos 30 años de democracia a la vez que subrayaré
las tareas que quedan irresueltas y por tanto el nuevo gobierno que
asumió en marzo de 2015 habrá de encargarse.

6
Mi análisis se divide en dos partes. En primer lugar, voy a insertar
el caso uruguayo en el marco regional del Cono Sur, comparándolo
brevemente con las trayectorias de la lucha por verdad y justicia en
Argentina y Chile. En la segunda parte, e inspirada en el informe
sobre Uruguay presentado en setiembre de 2014 al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas por el Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición, Pablo de Greiff, la discusión se organizará en
torno a cuatro ejes principales: justicia, verdad, memoria y
reparación.

Este
artículo propone el concepto de terrorismo de estado colonial como
categoría para el análisis de los usos de la violencia política
llevados a cabo por los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico y
por organizaciones pro-estatales en el conflicto colonial
puertorriqueño.
Para
ello, el artículo está dividido en tres partes generales: en primer
lugar, se presenta un análisis de la definición jurídico-política
del colonialismo estadounidense a través del concepto del estado de
excepción colonial; en segundo lugar, expone el concepto de
terrorismo de estado colonial; y en tercer lugar, desarrolla una
breve historia sobre los usos del terrorismo de estado colonial a lo
largo de la historia del colonialismo estadounidense en Puerto Rico.
De este modo, este artículo busca establecer una agenda de
investigación para la mejor comprensión de la relación entre el
colonialismo, la violencia política, el derecho y la
despolitización.