El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en “C, O. G. s/ libertad condicional”, (causa nº 76.685/96, Reg. 96/17), rta. 22/2/2017, por el cual Luis M. García, Horacio Dias y María Laura Garrigós de Rébori, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anularon la decisión recurrida y reenviaron las actuaciones para que el juez de ejecución, previa audiencia del condenado y de la víctima, dicte nuevo pronunciamiento.

Luis M. García, a cuyo voto adhirieron Dias y Garrigós de Rébori, señaló que no se encontraba en discusión que el condenado sufrió en detención el tiempo necesario que le permite solicitar la libertad condicional. Precisó que el Consejo Correccional había emitido un informe favorable y fundado respecto de O. G. C. y que, durante la sustanciación de la libertad condicional, el psicólogo especialista en salud mental de la Unidad informó que no era necesario para el programa de tratamiento individual, incluir al condenado al régimen especial del programa para agresores sexuales (CAS), por lo que el magistrado de ejecución carecía de competencia para opinar sobre el programa de tratamiento mas adecuado y excedió su jurisdicción al expedirse en el sentido que lo hizo. Finalmente, agregó que no se siguió el procedimiento previsto en el art. 28 de la ley 24.660, párrafo 2do y 3ro, antes de tomar una decisión sobre el pedido de libertad condicional previsto para los condenados por los delitos del art. 119, párrafo 2do. y 3ro., 120 y 125 del CP, expidiéndose por declarar la nulidad de la decisión recurrida y reenviar la causa para que el juez de ejecución, previa audiencia, dicte un nuevo pronunciamiento.

Asimismo se adjunta el fallo de la Sala I emitido en “R. C., M. s/ libertad condicional”, causa nº 32.795/07, Reg. nº 395/17, el 23/05/2017, por el cual María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Luis M. García, se expidieron en el mismo sentido en un caso que no resulta ser exactamente igual pero tiene similitudes que permitieron llegar a la misma conclusión. 

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Concordia condenó a la provincia de Entre Ríos a pagar la suma de 545 mil pesos por el asesinato de un joven a manos de un prófugo que no había regresado a la cárcel luego de una salida socio-familiar.

V. R. tenía 18 años cuando fue asesinado por dos delincuentes que le robaron su celular. Uno de los dos condenados por el crimen se había fugado días antes del hecho, tras gozar una salida transitoria.

En los autos "F., B. A. C/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos S/ Ordinario", la madre de la víctima demandó al Estado local por los daños y perjuicios que le produjo el homicidio de su hijo, en base a la "deficitaria prestación del servicio de seguridad" a raíz de la fuga del delincuente, quien estaba cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia.

En este escenario, la Justicia señaló la “deficiencia” en “no haber recapturado al prófugo, pese a existir una orden en tal sentido, sin que existan constancias de la actuación desplegada para hacerlo”. Sobre este punto, el juez destacó que dicha conducta “perduró durante veinte días y se logró superar en la jornada siguiente al homicidio”.

“¿Era necesario que ocurra semejante hecho aberrante para actuar con suficiente diligencia?”, se preguntó el magistrado y así determinó la "responsabilidad del Estado provincial, con especial énfasis en que la falla del servicio se tradujo después lisa y llanamente en posibilitar al condenado su participación criminal en el hecho”.

Por ello, para el sentenciante “no cabe sino imputar materialmente a aquellos organismos del Estado que concentran el uso de la fuerza pública; precisamente, para sustraérselo a los particulares y evitar el caos social”.

El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en “SABA CASTILLO, Fabián y otros s/ recurso de casación”, (causa nº 23.227/14, Reg. 262/17), rta. 17/4/2017, por el cual Luis Fernando Niño, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morín, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por las defensas, casaron la sentencia recurrida y absolvieron a Luciano Acosta Escobar y a Gerardo Fabián Saba Castillo. Asimismo, hicieron extensivos los efectos de la resolución a la situación procesal de M. N. K., casaron la sentencia en los puntos IV y V, dejaron sin efecto la declaración de responsabilidad y suspensión del trámite de la causa dispuesta a su respecto y lo absolvieron en orden al hecho que se le imputó en la presente causa.

Luis Fernando Niño, señaló que asistía razón a la defensa porque el tribunal no valoró la prueba reunida en el debate con estricto apego a la regla de la sana crítica y los principios que la regulan, como así tampoco desestimó las hipótesis absolutorias planteadas, por lo que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, correspondía absolver de culpa y cargo a los condenados y a M. N. K.

Eugenio Sarrabayouse y Daniel Morín, adhirieron al voto de Niño.