“G., D. M. s/flagrancia”
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AR-SA">07/07/2017 .CCC - Fallos Penales de Interés General nº 85/2017:
Excarcelación rechazada - Peligro de elusión y entorpecimiento –
Confirmación - Sumario en el cual durante la audiencia multipropósito
(Ley 27.272), a instancia del fiscal, se imprimió a la investigación
el procedimiento común - Defensa que recurrió - Recurso mal
concedido.-
El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “G., D. M.
s/flagrancia” (causa n° 17.178/2017) rta. 7/4/17, donde la Sala
interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la
defensa contra la resolución del juez de la instancia de origen que no
hizo lugar a la excarcelación y, debido a lo solicitado por el fiscal,
imprimió al sumario el trámite común cuando en el inicio tramitaba
bajo las previsiones de la ley 27.272. Oportunamente, en la audiencia
multipropósito el fiscal calificó el hecho como amenazas coactivas,
amenazas simples, lesiones agravadas por tratarse de su pareja y
atentado a la autoridad (arts. 89, 92 en función del 80, inciso 1°,
149 bis y 237 del Código Penal). Los vocales confirmaron el rechazo de
la excarcelación y declararon mal concedido el recurso de apelación
interpuesto respecto del cambio de trámite.
Precisaron, sobre el pedido de libertad, que la escala penal
permitiría la excarcelación pero que registraba una reciente condena
en suspenso, dos rebeldías y otra causa en trámite. Agregaron que
existía riesgo de entorpecimiento, por haber tenido una actitud hostil
y amenazante hacia su pareja, sus hijas y el personal policial
interviniente, situación que no podía ser neutralizada con el
ofrecimiento de la defensa de que se le coloque una pulsera
electrónica e instale su domicilio en otro lugar.
Respecto al cambio de trámite, indicaron que el recurso de la defensa
había sido mal concedido debido a la que la ley 27.272 no lo prevé,
dándole sólo la potestad para el caso en que se mantenga el sumario
bajo las previsiones de la ley 27.272. Agregaron que la recurrente no
había precisado cuál era el perjuicio que le había provocado el cambio
de trámite, resaltando que incluso planteó que debía profundizarse la
investigación para determinar si su defendido había comprendido la
criminalidad de su conducta.