El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “C., R. D. y otro. s/sobreseimiento” (Causa N° 54.366/2019) resuelta el 2/9/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela  revocaron el sobreseimiento de quienes fueran imputados de haber intentado sustraer dos monopatines eléctricos de los que se encuentran en la vía pública para alquiler de manera on line y cuentan con posicionamiento satelital.

Señalaron que, "(...) Podría sostenerse que mediante el accionar atribuido –llevar sobre los hombros y en la vía pública dos monopatines eléctricos ajenos–, los imputados no lograron quitar los objetos de la esfera de custodia del propietario. No obstante, ello lo fue con motivo de la interceptación por parte del personal policial que dio inicio a la presente causa y permitió el recupero de los bienes, sobre los cuales la empresa “Grin” (Adecco Argentina SA) mantiene una especial relación de dominio que implica dejarlos a disposición en la vía pública para su uso previo alquiler “on line”. La defensa no controvirtió que fueran ajenos a sus asistidos como tampoco que estuvieran en condiciones tales de poder ser considerados abandonados. De hecho, se trata de objetos que cuentan con avanzada tecnología de posicionamiento satelital. Tampoco se negó que R. D. C. y W. J. P. carecían de teléfonos celulares que hubieran permitido acceder a la aplicación “Grin” para contratar el alquiler temporal de las cosas. Todo lo expuesto demuestra que no estaban habilitados para su uso. El desplazamiento concretado en esas condiciones por los nombrados (es decir, con la modalidad expuesta y sin haber alquilado los objetos) no puede sino ser considerado el intento de apoderamiento ilegítimo y doloso que contempla el artículo 162 del Código Penal, de modo que por entender típica la conducta, corresponde revocar el sobreseimiento dictado. (...)".

“Corresponde anular el sobreseimiento dispuesto en las actuaciones, en tanto que el razonamiento efectuado por el a quo presenta fisuras en su estructura lógica al sostener que el suceso atribuido al imputado –haber alzado, abrazado con fuerza e intentado besar a la querellante- pudo haber constituido una “situación displacentera” y “no deseada” para aquella, pero rechazó enfáticamente la posibilidad de que la conducta encuadrara en la conducta típica exigida por art. 119, primer párrafo, CP, pues “objetivamente” no se había afectado su libertad y desarrollo sexual. Es que es precisamente tal situación displacentera y no deseada es la que motivó el inicio de las actuaciones, en virtud de que se consideró afectada la libertad sexual de la denunciante, razón por la cual lo resuelto importó una mera apreciación de los magistrados sin una debida fundamentación que lo sustente, lo que torna arbitrario lo resuelto  (voto de los jueces Jantus, Morin y Días)

No constituye un requisito exigido por el tipo penal previsto en el art. 119, 1er. párrafo, C.P. la ausencia de afección alguna vinculada a la victimización sexual o al desarrollo sexual por parte de la víctima. Lo contrario importa introducir requisitos que el tipo penal en cuestión no exige (voto de los jueces Jantus, Morin y Días)

“G., N. O. s/ recurso de casación”, CNCCC 46394/2016/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 1407/2019, resuelta el 7 de octubre de 2019”

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “C. R., R. D. s/archivo” (Causa N° 43.115/18) resuelta el 30/8/19 donde Mariano Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Mauro Divito confirmaron el auto del juez de la instancia de origen que, en su punto IV, dispuso el archivo por no poder proceder respecto de las lesiones que habrían sufrido seis víctimas en un accidente de tránsito debido a que que no instaron la acción penal.

            El Ministerio Público Fiscal que recurrió la resolución invocó razones de seguridad o interés público (art.72 inciso 2 del Código Penal) pero los vocales precisaron que “…el Tribunal comparte el criterio en que se ha fundado la decisión adoptada, pues de las constancias de la causa no surge que M. T. N. S.,  V. F. V.,  C. P. A.,  Y. A.,  L. A. V. y la progenitora de C. L. L. P. hubieran instado la acción penal y el Dr. De Tommaso sólo invocó razones de seguridad o interés público en ocasión de la audiencia oral, lo que imposibilita atender tal extremo (arts. 445 y 454 del Código Procesal Penal), por lo que no corresponde incluir en la imputación las lesiones –todas de carácter leve- que habrían sufrido los nombrados, de acuerdo con lo establecido por el art. 72, inciso 2º, del Código Penal (de esta Sala, causas números 650080321/2011, “Canolei, Jorge”, del 10 de noviembre de 2016 y 14076 “Canesa, Ezequiel” del 3 de agosto de 2018)….” .