Al respecto, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial conforme a razones de economía procesal (Fallos: 311:2607).
En efecto, más allá de que de momento no es posible determinar cuáles han sido las modalidades desplegadas a efectos de hacerse de los datos de las tarjetas de crédito cuyos titulares desconocieron las operaciones, y luego, cuáles habrían sido las demás maniobras engañosas cometidas a efectos de lograr la disposición perjudicial, lo cierto es que el detrimento patrimonial se verificó en esta ciudad, sitio donde se halla radicada la sede central de “T. A. S.A”, de modo tal que la declinación de competencia se presenta cuanto menos prematura, teniendo en cuenta que en esta jurisdicción han tenido inicio las actuaciones y se ha incorporado gran parte de la prueba.
En función de ello, en estos casos, donde se investigan conductas que habrían tenido lugar en diversas jurisdicciones, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación y mayor economía procesal (Fallos: 332:869).
De tal forma, si bien los imputados tendrían su domicilio en la provincia de Bs. As. y en ese medio se habrían recibido los equipos de telefonía móvil, por razones de economía procesal y una mejor administración de justicia se justifica que, de momento, la investigación continúe en esta jurisdicción, máxime teniendo en cuenta la postura de los titulares de la vindicta pública en este asunto.

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, junto a otras comunidades indígenas y afectadas directas en sus derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación, promovieron un amparo contra la Provincia de Jujuy, la Provincia de Salta y el Estado Nacional con el objeto de que: (a) se ordene a los demandados suspender todos los actos que autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes; (b) que las demandadas lleven adelante una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente; (c) que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental.

En su pronunciamiento, la Corte resaltó la importancia de las cuencas hídricas afirmando que es la unidad que comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular. Indicó asimismo que se trata de un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua y que la comprensión amplia de las complejas situaciones que los conflictos alrededor de la gestión de una cuenca hídrica pueden generar, demanda conjugar la territorialidad ambiental, que responde a factores predominantemente naturales con la territorialidad federal.

A la luz de estas consideraciones, ordenó, como medidas conducentes, requerir en un plazo de 30 días: (I) al Estado Nacional (Secretaría de Minería de la Nación) que informe y acompañe copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad; (II) a la Provincia de Salta, para que presente copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o el Juzgado Administrativo de Minas o a la autoridad administrativa que haya intervenido; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros; que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados en cada uno de esos supuestos; (III) a la Provincia de Jujuy, para que presente copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o el Juzgado Administrativo de Minas o a la autoridad administrativa que haya intervenido; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros; que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados en cada uno de esos supuestos.