la 
investigación  describe desde una  perspectiva 
analítica - jurídica  las  finalidades, administración 
y  formas  de  resolver  la  situación 
jurídica  de  los  bienes  afectados en  el
proceso  penal  colombiano    y 
propone  una  guía  de  análisis 
dirigida  a  los  sujetos procesales   e  
intervinientes;   que   permita  
interpretar,   comprender   y  
aplicar   las instituciones  legales  previstas 
para  el  manejo  de  los  bienes; 
según  su  competencia, funciones y ejercicio de sus
derechos.
Mediante
la  identificación  teórica-jurídica   
de  la  naturaleza  y  alcance  de  las
finalidades del bien como evidencia o elemento material probatorio,
como objeto material del ilícito, como medio de reparación, con
fines de comiso o susceptible para iniciar la extinción  de 
dominio,  se  determina  quien  administra 
los  bienes  afectados  ,  como se resuelve, 
cuándo  y  por  quien  de  forma 
definitiva  la  situación  jurídica  de 
aquellos, devolviéndolos,   destruyéndolos  
,   entregándolos   como   medio  
de   reparación   e ndemnización de perjuicios
a la víctima , profiriendo sentencia ordenando el comiso o
declarando la extinción de dominio de los mismos . 

Este
artículo expone la problemática de los antecedentes penales a
efectos de autorizar la residencia de ciudadanos de terceros países
en España. Se critica la denegación automática de la autorización
inicial de residencia por el hecho de tener antecedentes penales y el
uso de los ‘antecedentes policiales’, así como la falta de
criterios públicos para denegar la renovación de la autorización
de residencia. En segundo lugar se aborda la expulsión
administrativa como consecuencia de la condena (que incluye la
expulsión directa cuando la pena privativa de libertad es mayor de
un año y la expulsión indirecta por la no renovación de la
autorización de residencia a causa de los antecedentes penales). Se
finaliza con unas reflexiones sobre las consecuencias de carecer de
la autorización de residencia para el cumplimiento de la pena
privativa de libertad.

Las
concepciones dogmáticas del derecho niegan la posibilidad de
convivencia en un mismo territorio, de sistemas jurídicos diversos,
asegurando que el derecho estatal sea el único válido y a su vez,
tenga carácter omnipresente. Este trabajo, analiza y discute la
vigencia que tiene para las mujeres maya-mam del municipio de
Colotenango, Guatemala, la resolución de sus conflictos en las
instancias jurídicas disponibles a nivel local, en la articulación
de un sistema jurídico positivo e indígena. En particular, interesa
dar cuenta de la forma en que las mujeres han ido abriendo camino, a
través de las barreras ligadas al racismo y sexismo del sistema
jurídico positivo, así como a las
expresiones
patriarcales presentes en los espacios jurídicos comunitarios para
poder enfrentar, denunciar y resolver situaciones cotidianas
asociadas a la violencia de género.

Este 
artículo  tiene  por  objetivo  encontrar 
la  relación  entre  los  delitos 
sexuales  cometidos  en  el marco  del 
conflicto  armado  de  Colombia  y  los 
delitos  de  lesa  humanidad,  catalogados 
así  por algunos instrumentos internacionales.  Con este
proposito, en un primer momento, se expondran las  
características   de   ambos,  
haciendo   enfasis   en sus  
elementos   y,   posteriormente,  
se 
determinaran 
las  razones  por las  cuales  uno  encaja 
en  el  otro,  en  el  contexto  socio
jurídico colombiano.

En
el ordenamiento jurídico costarricense existe un vacío tanto a 
nivel doctrinario, como  legislativo  y 
jurisprudencial,  especi
almente 
en  materia  penal,  respecto  del tratamiento 
jurídico  de  la  teoría  de  la 
perforación  del  velo  corporativo,  que 
se 
enarbola
desafiante frente a la tradicional consagración de la personalidad
jurídica autónoma  de  las  figuras 
asociativas  mercantiles,    distinta  de 
la  de  sus  socios.  El somero desarrollo de
este instituto a nivel nacional ha tenido que producirse en la 
vía 
jurisprudencial.   La  creación  deliberada 
de  estructuras  corporativas  es  muy
frecuente,  y  si  bien  son  medios 
legítimos  utilizados  en  la  práctica 
diaria  del comercio, también lo es que se utilizan como
instrumentos para cometer delitos y distraer bienes, frutos de esos
ilícitos. La práctica del levantamiento del velo se da
–infrecuentemente-en materia penal, lo  cual  a 
criterio  de  la  autora entorpece  y 
limita  las  investigaciones  penales,  y 
en consecuencia,  la  posterior  imputación  de 
estos  delitos  a  las  personas  detrás 
de estas estructuras, así como la persecución de su patrimonio. Se
observa, entonces, un  problema  teórico  y 
normativo,  que  presenta  severas 
repercusiones  a  nivel social y económico. Los  
atributos   otorgados   a   la  
personalidad   jurídica   de   estas  
asociaciones mercantiles,    dificultan  en 
gran  medida  la  labor  investigativa,  de 
imputación  de delitos  y  recuperación  de 
bienes,      pues  constituyen   
instrumentos  efectivos  para disipar rastros.Esto 
hace cuestionarse la necesidad de legislación que expresamente
permita a las autoridades judiciales perforar el velo corporativo
cuando se está ante un abuso de la  personalidad 
jurídica,  o  si  basta con la implementación de un
“test” a nivel jurisprudencial,   el   cual  
ha   tenido   gran   desarrollo  
y   éxito   en   los  
sistemas anglosajones, especialmente en Estados Unidos. En  ese 
sentido,  la  hipótesis  de  la  cual 
se  parte  en  esta  investigación  es 
que  la perforación  del  velo  corporativo 
es  una  herramienta  jurídica-procesal 
inexistente en nuestro ordenamiento jurídico penal e incorporada del
derecho anglosajón por vía jurisprudencial que, bien definida y
aplicada, sería de gran utilidad no sólo en la elaboración de 
la  teoría del  caso sino en la resolución del mismo y en
el rastreo y recuperación    de   
bienes.    Este   instituto   
permitiría    desarticular   
estructuras societarias complejas, facilitando la labor de probar la
existencia de la comisión de 
un 
delito,  y  la  posibilidad  de 
identificación  e  individualización  de  las 
personas físicas  que  se  escudan  detrás 
de  las  sociedades  para  realizar  las 
actividades delictivas.  Esto  a  su  vez 
permitiría  evitar  la  distracción  de 
bienes  que  deberán 
responder
civilmente por los perjuicios causados. Para ello se analizó la
aplicabilidad de la teoría del corrimiento del velo social en
el 
Derecho 
Penal  Costarricense,  específicamente  en 
relación a los  delitos  cometidos mediante  
la   creación   y   utilización  
de   estructuras   corporativas  
complejas. Se analiza   si los procesos   de  
integración normativa han   sido   idóneos  
en   la 
experiencia 
costarricense  para  solventar  la  laguna 
estudiada,  para  finalmente denotar que la falta de
regulación del instituto dicho representa un problema de la
práctica  jurídica en  la  resolución  de 
casos  concretos  y  cómo  ello  favorece
-y  a  la 
larga
fomenta-determinadas conductas disvaliosas. Específicamente 
en  la  experiencia  penal,  y  luego 
de  hacer  un  análisis  sobre  los 
fines 
del  proceso  penal,  sus  etapas,  actores 
y  principios orientadores  concluye  la autora 
que  éstos  son  suficientes  para 
autorizar  el  levantamiento  del  velo 
social. Éste debe entenderse a la luz de ciertas máximas: por una
parte está el principio de 
libertad  
probatoria,   la   búsqueda   de  
la   verdad   real,   la  
subjetividad   de   la responsabilidad 
penal,    el  mandato  de  restablecer 
las  cosas  al  estado  que  tenían antes 
del  hecho,  así  como  las  reglas 
de  responsabilidad  por  el  hecho 
punible  y 
otras
normas del ordenamiento penal. Luego   realizar  
el   estudio   referido,   concluye  
que el   ordenamiento   jurídico 
costarricense
-tal  cual-contiene  suficientes  sustento 
jurídico  que  faculta  a  los jueces de todas
las áreas a aplicar la doctrina del levantamiento del velo social,
en cualquier materia, incluyendo por supuesto la penal. Sin embargo,
la realidad dista de  esa  posibilidad  jurídica, 
ya  que  se  constató  que  los 
jueces  actúan  de  forma tímida frente a esa
posibilidad. Además que, no infrecuentemente en materia penal se
penetra detrás de las estructuras corporativas mediante mecanismos
procesales cuestionables, sin existir un verdadero análisis de
fondo.

En
una sociedad patriarcal como la nuestra, la violencia de género ha
estado presente en todos los ámbitos del quehacer humano. La
administración de justicia no ha estado exenta de los sesgos
androcéntricos que históricamente han colocado a la mujer en
una 
posición 
de  subordinación,  opresión  y 
discriminación,  en  la  cual  sus 
opiniones  y necesidades  reales  no  han 
sido  tomadas  en  cuenta  a  la  hora 
de  que  el  aparato jurisdiccional, con toda su
fuerza y poder, ha tenido que entrar en funcionamiento.     
En
este contexto, surge la importancia de una investigación como la
presente, la cual se realiza  desde  un  enfoque 
cualitativo,  y  tiene  como  objetivo 
general  determinar la presencia o no, de sesgos, mitos y
estereotipos androcéntricos en la administración de justicia, y de
existir, valorar su incidencia en la violación de los derechos de
las niñas y adolescentes  víctimas  del  delito 
sexual  de  violación  en  los  procesos 
penales  juveniles tramitados ante el Juzgado de Familia y Penal
Juvenil de Puntarenas, finalizados en el año dos mil cuatro con el
dictado de una sentencia absolutoria.Para lograr dicho objetivo, se
realiza un análisis documental del 100% de los procesos penales
juveniles tramitados ante el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de
Puntarenas, por  el  delito  sexual  de 
violación  en  los  que  las  víctimas 
fueron  mujeres  menores  de edad, finalizados en el
año dos mil cuatro con el dictado de una sentencia absolutoria, la
investigación es jurídica desde una perspectiva género sensitiva,
y su área de estudio es  el  Juzgado  de 
Familia  y  Penal  Juvenil  de  Puntarenas. 
Por  tanto,  se  trata  de  una
investigación de carácter local.Las unidades de análisis, son los
tres (3) expedientes de los procesos penales juveniles tramitados 
ante  el  Juzgado  de  Familia  y 
Penal  Juvenil  de  Puntarenas,  por  el 
delito sexual de violación, finalizados en el año dos mil cuatro
con el dictado de una sentencia absolutoria   y  
en   los   que   las  
víctimas   fueron   mujeres  
menores   de   edad. Estos representan el 100% de
dichos procesos judiciales

El
propósito del presente trabajo fue probar un modelo estructural para
analizar la relación entre justicia procedimental y la aceptación
del tratamiento psicológico de los adolescentes en conflicto con la
ley. La muestra estuvo conformada por 92 jóvenes, que se encontraban
estaban recibiendo tratamiento en internamiento o en externamiento
por haber sido sentenciados por el juez de menores. Los participantes
contestaron un cuestionario con reactivos acerca de la percepción
del procedimiento judicial, el trato de la policía, la aceptación
de la sentencia y el tratamiento psicológico que recibían. Los
resultados revelaron que la percepción del adolescente en relación
al trato del juez predijo de 
manera
positiva la aceptación al tratamiento psicológico y judicial. 

El 
presente  trabajo contiene  un  análisis 
dogmático  y –fundamentalmente –crítico  de  la
actual  regulación  de  la  estafa-falta 
en  el  ordenamiento  jurídico  penal 
chileno.  Se  constata que dicha regulación provoca a lo
menos dos problemas de relevancia penal. Primero, ella no resulta
adecuada si se la compara con el estatuto jurídico-penal del
hurto-falta. Segundo, ella  no  resulta 
satisfactoria  si  se  consideran  las 
hipótesis  específicas  de  fraude  a 
las  que expresamente se extendería su sanción.
Palabras
clave:Estafa, hurto, hurto-falta, hurto en tiendas