la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó a la prensa la reciente publicación de su Informe Anual 2015. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina.

A través de esta publicación, el organismo de control pone en conocimiento del Poder Legislativo nacional, pero también de los poderes ejecutivo y judicial, las restantes esferas estatales y la sociedad civil, la situación de los derechos humanos en el sistema penal nacional y las principales intervenciones del organismo ante sus más graves vulneraciones.

Un recorrido por su contenido permite identificar como principales problemáticas la violencia institucional, la producción de muertes bajo custodia, el aislamiento y la sobrepoblación, y las afectaciones en el acceso a diversos derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de estas violaciones a derechos humanos, se observan agravadas en el caso de ciertos colectivos específicos, como jóvenes, adolescentes, niños y niñas, mujeres, LGBTI y extranjeros privados de libertad.

La presentación estuvo a cargo del Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo, quien realizó un recorrido sobre los principales ejes temáticos del informe y resaltó en su discurso que el tema central de la cárcel es la sobrepoblación. La acompaño en la mesa el Dr. Ramiro Gual, responsable del Observatorio de cárceles Federales.

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo estatal encargado de proteger y promover los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Sus funciones de control, reconocidas por la Ley Nº 25.875 se han visto consolidadas desde su designación como parte integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y mecanismo local para la prevención de la tortura en el régimen penitenciario federal (arts. 11, 32 y 36, Ley Nº 26.827).

Entre sus atribuciones, el organismo audita prisiones, comisarías, destacamentos de otras fuerzas de seguridad e institutos de menores. Se entrevista en condiciones de confidencialidad con personas privadas de libertad, realiza recomendaciones administrativas a los diferentes actores del sistema penal, e incide en causas judiciales como denunciante, amigo del tribunal o parte querellante.

Anualmente, la Procuración Penitenciaria se encuentra comprometida a presentar ante el Congreso de la Nación un informe circunstanciado sobre el estado de situación de la privación de la libertad en Argentina, y las acciones emprendidas por el organismo para erradicar las principales prácticas vulneradoras de derechos humanos y mitigar sus consecuencias más gravosas. 

Este informe describe y analiza el funcionamiento del sistema judicial penal en la provincia de Buenos Aires luego de la reforma procesal penal implementada en 1998, que buscó el traspaso del sistema inquisitivo a uno con rasgos acusatorios. En este trabajo se presenta una descripción de los lineamientos generales, y del contexto político en el que fue pensada e implementada la reforma. En segundo lugar, se describe la estructura formal del sistema penal en la provincia de Buenos Aires tanto en sus aspectos normativos como sociológicos (fiscalías, policías, juzgados de garantías, cámaras de apelaciones de garantías, defensa pública, víctima, tribunales orales, cámara de casación y suprema corte). En tercer lugar, se analiza el desempeño  de la etapa de investigación, centrando el foco en la flagrancia, la capacidad de investigar, el instituto de la prisión preventiva y la violencia Institucional. Y por último, se analiza la instancia del juicio oral y el peso que tiene el instituto del juicio abreviado. De este modo, se presentan los lineamientos principales de la reforma y se busca identificar los principales problemas que obstaculizan el logro pleno de su cometido. Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto “Seguimiento de los procesos de reforma judicial en América Latina” del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).