“Sobre la base del estándar fijado en el fallo “Benitez” de la Corte Suprema, la circunstancia de que la defensa nunca haya podido controlar la declaración del damnificado prestada en sede policial el día del hecho, por el suceso que se le reprocha a la imputada sumado a que se trataría de una persona que no dominaba perfectamente el idioma castellano y cuya identidad nunca fue fehacientemente constatada, resulta inviable la valoración de tal testimonio incorporado por lectura al debate.

Cita de “Benitez” Fallos: 329:5556

Cabe considerar que no se han satisfechos las pautas señaladas por la Corte Suprema al convalidar la constitucionalidad del procedimiento previsto en el art. 391 CPPN en “Benitez” -en cuanto concluyó que puede resultar admisible bajo ciertas condiciones, que deben evaluarse caso por caso- si en las actuaciones, la defensa no tuvo posibilidad de controlar el testimonio brindado por el damnificado ante la policía, que fue incorporado por lectura al debate sin que haya podido ser ratificado en instrucción ante ningún operador judicial dado que aquél nunca pudo ser habido pese a las diligencias que se efectuaron para intentar localizarlo. A partir de ello, se observa que, en definitiva, no sólo la defensa no tuvo la oportunidad de controlar esa prueba de cargo, sino que, además, si se prescinde de tal testimonio, el resto de los elementos de prueba valorados por el tribunal no permiten acreditar la culpabilidad de la imputada en el marco del delito de robo agravado por su comisión con un arma, en grado de tentativa, con la certeza que todo pronunciamiento de condena exige.

Cita de “Benitez” Fallos: 329:5556

“Barez, Noelia Carolina s/ recurso de casación”, CNCCC 76985/2016/TO1/1/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 182/2019, resuelta el 7 de marzo de 2019”

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “B., H. D. s/ procesamiento” (Causa n°. 64.751/2018) resuelta el 9/4/19, donde Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laíño confirmaron el procesamiento de quien fuera imputado de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal y reiterado en al menos ocho oportunidades, en perjuicio de una mujer sordomuda y con retraso mental, a quien tuvieron que practicarle una interrupción legal del embarazo a raíz de los hechos. 

              En la misma resolución ordenaron remitir oficio al Ministerio de Salud de la Nación para que tome las medidas pertinentes e instruya a los profesionales de la salud de que deben conservar el material biológico que se obtenga en los procedimientos abortivos aunque no exista denuncia en trámite por abuso sexual. En efecto, precisaron que “….Finalmente cabe efectuar ciertas consideraciones con relación al contenido de la nota suscripta por una de las médicas del Hospital… que se incorporara a fs. 46. De allí surge que el material biológico que se obtenga en los procedimientos abortivos a causa de una violación sólo deben ser preservados en caso de denuncia en trámite por el hecho abusivo. Sin embargo, el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, no supedita la conservación de las muestras a la existencia de un proceso penal. El apartado 2.2.3 indica: “En los casos en que la ILE se haya realizado por causa de violación es conveniente conservar el material para un eventual estudio de ADN” (el resaltado es propio). La utilización del término destacado despeja cualquier duda al respecto y, además, una interpretación contraria como la que alega el nosocomio resultaría absurda, pues contradice los distintos avances que se han dado en esta materia. A modo de ejemplo, mencionamos las nuevas disposiciones relativas a la extinción de la acción penal en el supuesto de hechos cometidos contra menores de dieciocho años de edad (art. 67 del Código Penal). Más incoherente se tornaba esa exigencia en este caso porque la víctima posee discapacidad mental que, sin dudas, ha tenido incidencia directa en la falta de denuncia oportuna; ello no podía ser soslayado por las autoridades médicas que la atendieron. A fin de evitar que situaciones como éstas vuelvan a reiterarse corresponde remitir un oficio al Ministerio de Salud de la Nación a fin de que tome las medidas pertinentes e instruya a los profesionales de la salud….”.

“Si bien las decisiones que no hacen lugar a la extinción de la acción penal no se dirigen contra una de las enumeradas en el art. 457 CPPN, es admisible el recurso de casación si en él se ventilan cuestiones de naturaleza federal derivadas de la supuesta vulneración del derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria (derecho de defensa y al recurso, contemplados a través de los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8 y 8.2h CADH; y 14 y 14.5 PIDCyP) que exigen tutela inmediata, ya que pueden ser insusceptibles de reparación ulterior y permiten equiparar la decisión recurrida a las contempladas en esa norma constituyéndose la cámara de casación en el superior tribunal de la causa con arreglo a la doctrina de la Corte Suprema sentada en “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108). Ello es así, en tanto los agravios de la defensa involucran en sustancia una queja de errónea aplicación de la ley de fondo y procesal, pues adjudica al a quo haber rechazado el planteo de prescripción por haber considerado erróneamente firme la sentencia de condena emitida por el procedimiento del art. 431 bis CPPN, sobre la base de la errónea interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan la notificación al imputado de tal clase de sentencias (Voto de la jueza Llerena al que adhirió el juez Rimondi).                                                                             

Toda vez que no se encuentra en discusión la inexistencia de notificación personal al imputado de la sentencia condenatoria, puesto que –en rigor- sólo se gestionó la notificación personal únicamente respecto del coimputado que se hallaba en ese momento privado de su libertad, criterio que no responde al estándar fijado por la Corte Suprema en “Villarroel Rodríguez”, no cabe asignar firmeza a la condena dictada contra el imputado con el único argumento relativo a que fue notificada su defensa. Asimismo, carece de relevancia que a la sentencia de condena se haya arribado como consecuencia de la celebración de un acuerdo de juicio abreviado por aplicación de lo dispuesto por el art. 431 bis CPPN en la medida en que si la revisión de la condena debe ser garantizada sin importar si hubo debate oral previo o fue producto de un acuerdo de juicio abreviado, la necesidad de notificación personal al imputado que garantice su voluntad recursiva tampoco admite matices vinculados al trámite que derivó en el dictado de esa condena. En consecuencia, corresponde anular la decisión que no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal postulada por la defensa, puesto que la denegación del reclamo tuvo por único argumento la firmeza de la sentencia de condena, puesto que la firmeza del fallo no puede reposar en la exclusiva conformidad del defensor técnico (Voto de la jueza Llerena al que adhirió el juez Rimondi).

Cita de “Villarroel Rodríguez”, Fallos: 327:3824; “Basualdo”, CNCCC 28799/2012/TO1/2/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 536/2015 e “Ivanov”, CNCCC 27772/2008/TO1/5/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 602/2015, resuelta el 30 de octubre de 2015

“Moya, Mauricio Miguel s/ recurso de casación”, CNCCC 6588/2009/TO1/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 289/2019, resuelta el 25 de marzo de 2019”