Mediante el dictado de la Resolución 707/19, del pasado 17 de abril, el máximo tribunal bonaerense aprobó el Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad, que será de aplicación en el ámbito de los órganos jurisdiccionales del fuero penal, que intervengan en requerimientos de restitución preventiva de inmuebles públicos o privados ocupados por los mencionados grupos.

El Protocolo prevé como objetivos establecer directrices que permitan garantizar la debida actuación de las medidas judiciales a las garantías constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos; prevenir y/o reduciré el impacto social que puede generar la instrumentación de las citadas medidas; y, garantizar la evaluación previa de los efectos multidimensionales de los desalojos.

Asimismo, establece medidas preliminares obligatorias a adoptar por el Agente Fiscal, previa a la orden de restitución preventiva del inmueble, dentro de las que se incluye el pedido de informes respecto del inmueble y de las personas que se encuentran en el mismo.