El Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 2 – 1CJ de la Provincia de Mendoza dictó sentencia en los autos “M. L. E. c/ R. B. C. R. p/ Daños derivados de violencia de género”, constituyendo un importante precedente en materia de responsabilidad civil por hechos de violencia de género. El fallo no solo incorpora la perspectiva de género como herramienta interpretativa obligatoria -conforme a la normativa constitucional y convencional-, sino que la emplea para valorar el daño sufrido por la víctima. Asimismo, solicita la imposición de sanciones a los letrados del demandado por conductas que revictimizaron a la actora.

Resumen del caso
El demandado, C. B. R., fue hallado culpable del delito de amenazas coactivas -art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal- en un contexto de violencia de género, contra su exesposa, M. L. E., mediante sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la provincia de Mendoza.
A raíz de dicha condena y frente a los continuos hostigamientos y situaciones de acoso, la actora promovió una demanda por daños y perjuicios en el marco de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Los letrados patrocinantes de M. L. E. detallaron el patrón sostenido de violencia psicológica, económica, patrimonial, simbólica y digital, ejercido por el demandado durante más de quince años. Las manifestaciones de violencia afectaron todos los ámbitos de la vida de la actora, provocándole un perjuicio permanente en su salud. Se identificó el accionar del demandado como un esquema sistemático de dominación, hostigamiento y control, que incluyó acoso cibernético, imputaciones públicas falsas, suplantación de identidad, daños patrimoniales y laborales, así como la violación de medidas judiciales.
La demanda se formuló en concepto de reparación plena e integral de los daños personales, psicológicos y morales sufridos, reclamando la suma de $7.659.776,73, o lo que en más o en menos resultare de la prueba producida.

Resumen del fallo
En la sentencia, la Dra. Ruiz Díaz destacó que la aplicación de la perspectiva de género no es optativa, sino un imperativo constitucional y convencional, conforme a los arts. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Ley N° 26.485. Afirmó que dicho enfoque no constituye una “ideología”, sino una metodología hermenéutica destinada a garantizar la igualdad real y el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Señaló, además, que resulta indispensable para dimensionar adecuadamente los daños producidos en contextos de violencia estructural.
El fallo priorizó el testimonio de la víctima, evaluado conforme a parámetros acordes con la dinámica de la violencia de género. Se determinó que el daño sufrido por la actora es permanente y evolutivo, afectando su integridad, su vida profesional y sus vínculos personales. Se otorgó especial relevancia a la pericia psicológica, la cual resultó determinante para acreditar la existencia del daño y su vinculación directa con hechos ilícitos. Asimismo, se diagnosticó a la actora una incapacidad psíquica crónica severa equivalente al 35%.
La magistrada reconoció el efecto de cosa juzgada de la condena penal (art. 1776 del Código Civil y Comercial de la Nación) en relación con los hechos constitutivos de amenazas coactivas. Pese a los cuestionamientos de la defensa -que intentó desconocer la sentencia penal y se opuso a la incorporación de dicho legajo como prueba-, se concluyó que los hechos que motivaron la condena penal dictada por el Tribunal Oral Federal se encontraban suficientemente acreditados.
El fallo también da cuenta de que, durante el proceso, se adoptaron medidas de protección para garantizar la intimidad y el bienestar de la víctima, tales como audiencias restringidas y la limitación de la intervención del consultor técnico del demandado en las pericias psicológicas.
Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar a lo requerido por la actora y condenó al demandado a abonar la suma de $79.788.988,75, más los intereses establecidos en los considerandos.
Cabe destacar que, en uno de los apartados del fallo, la magistrada solicitó la aplicación de sanciones a los letrados del demandado por planteos e incidencias manifiestamente improcedentes, que ocasionaron dilaciones procesales reiteradas. Se advirtió una notoria falta de empatía frente a la situación de la actora, destacando que el ejercicio del derecho de defensa pudo y debió compatibilizarse con el debido respeto a la víctima. Asimismo, se ordenó a dichos profesionales realizar una capacitación en perspectiva de género, con un contenido mínimo de 50 horas cátedra, a dictarse en una institución pública provincial.
Este fallo constituye un modelo jurisprudencial que articula adecuadamente la responsabilidad civil con una mirada integral de la violencia de género. Reafirma el compromiso del Poder Judicial con los derechos de las mujeres, la reparación del daño desde una visión interseccional y la obligación de actuar con diligencia reforzada ante situaciones de violencia y desigualdad estructural.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de los arts. 54 y 56 bis de la Ley 24.660, modificada por la Ley 27.375, en tanto impiden el acceso al régimen de libertad asistida a personas condenadas por delitos de narcotráfico, en el caso de Marlene Jimena Cortez, condenada por el delito de transporte de estupefacientes.

El Tribunal concedió la libertad asistida considerando que la exclusión legal basada en la naturaleza del delito vulnera los principios de igualdad, humanidad, proporcionalidad, intrascendencia de la pena y el fin resocializador, consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos (CADH, PIDCP). Además, valoró especialmente la condición de vulnerabilidad estructural y de género de la interna, así como su evolución penitenciaria positiva y el cumplimiento de las condiciones materiales y subjetivas para acceder al instituto.

Por otro lado, el fallo se pronuncia críticamente respecto del plenario “Tobar Coca”, en el cual la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la constitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24.660 (modif. 27.375). La defensa de Cortez sostuvo que el plenario:

- No tuvo unanimidad para su tratamiento como plenario;
- Fue dictado con la integración incompleta del tribunal (vacancias);
- Incurrió en un exceso al pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma, algo que no sería materia idónea para un plenario según la doctrina del voto minoritario (Slokar, Gemignani, Ledesma); y
- No resulta vinculante en un sistema de control de constitucionalidad difuso, como el argentino, lo que habilita a los jueces inferiores a apartarse cuando lo exigen las circunstancias del caso concreto.

A partir de esta interpretación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de Córdoba desestimó el valor vinculante del plenario “Tobar Coca” y fundamenta la inconstitucionalidad con base en la situación concreta de la persona condenada, sus derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, y dejó firme la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 38, que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por reparación integral del imputado M. I. Arellano. La defensa había ofrecido una donación dineraria, la renovación del registro de conducir y un curso de educación vial como medidas resarcitorias en el marco del artículo 59 inciso 6º del Código Penal.

No obstante, el tribunal consideró que la ausencia de una norma procesal específica que regule dicho instituto —a diferencia de la conciliación, expresamente contemplada en el Código Procesal Penal Federal— imposibilita su aplicación. Asimismo, se ponderó la fundada oposición del Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción penal en delitos de acción pública.

El voto mayoritario destacó la necesidad de contar con previsión normativa expresa para operar válidamente esta causal de extinción, reafirmando el carácter vinculante del marco procesal vigente y la intervención fiscal en resguardo de la legalidad y la protección del bien jurídico "fe pública".

El 30 de abril de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - Sala 6 confirmó el procesamiento de 27 agentes del Servicio Penitenciario Federal por su participación en hechos de tortura cometidos contra personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto), el 16 de febrero de 2013. La resolución se refiere a una intervención violenta del personal penitenciario luego de una protesta carcelaria originada por una disposición del Subprefecto Ayala que modificaba el régimen de visitas, lo que fue rechazado por la población penal por considerarlo arbitrario y degradante.

Tras iniciarse un motín con rejas atadas, objetos arrojados y colchones incendiados, se desplegó un operativo del SPF para restablecer el orden. Sin embargo, lo que aquí se juzga no es la respuesta inicial a la revuelta, sino los hechos ocurridos una vez contenida la protesta y reestablecida la seguridad, donde se identificaron conductas sistemáticas de tortura física y psicológica, ejecutadas en forma conjunta por los agentes involucrados.

Las víctimas relataron que, tras ser reducidos, fueron obligados a formar una “pila humana”, uno sobre otro en un espacio mínimo, y que continuaron siendo agredidos con golpes de puño, bastonazos, patadas y disparos de postas de goma, incluso cuando estaban boca abajo y sin ofrecer resistencia. Durante el traslado hacia un recinto conocido como “Palito”, los internos debían atravesar un pasillo humano conformado por los propios agentes, modalidad conocida como “puente chino”, en la que recibían golpes a su paso. Una vez en ese recinto de 6x6 metros, fueron obligados a permanecer de pie, con la mirada contra la pared y las manos en la espalda, siendo agredidos si hablaban o se movían.

Además, se constató que muchos fueron forzados a firmar actas donde se atribuían las lesiones a accidentes (“me caí en la ducha”, “me golpeé con la cama”), bajo la amenaza de ser trasladados si se negaban a hacerlo. Las lesiones fueron examinadas por peritos de la Procuración Penitenciaria y del Cuerpo Médico Forense, y si bien muchas fueron clasificadas como “leves”, su ubicación –principalmente en la espalda y la parte posterior de la cabeza– evidenció que ocurrieron cuando los internos estaban ya inmovilizados, lo que reafirma el carácter de los hechos como tortura en contexto de encierro.

El material audiovisual incorporado al expediente refuerza estos testimonios: se documentan disparos y golpes cuando ya no había enfrentamientos, escenas de amontonamiento forzado, pisotones, y un llamativo corte en la filmación justo en el tramo donde se habría producido el “puente chino”, lo que revela una intención de ocultar deliberadamente el accionar represivo. Los penitenciarios involucrados actuaban con cascos y sin identificaciones visibles, lo que imposibilitó individualizar a los responsables directos, pero el tribunal entendió que existió una acción conjunta, organizada y con reparto de tareas, lo que permitió imputar de forma coautor a todos los procesados.

Las defensas intentaron justificar la violencia como una respuesta legítima a un motín violento y armado, pero el tribunal fue claro al establecer que la violencia analizada no fue en el marco del control de la revuelta, sino una represalia ilegítima posterior, organizada para castigar y humillar a los internos, lo que configura plenamente el delito de tortura conforme al artículo 144 ter del Código Penal.

En este sentido, se descartaron los argumentos que pretendían reducir la calificación a apremios ilegales, así como los planteos de arbitrariedad y de falta de identificación concreta, señalando que el ocultamiento de identidades y la fragmentación de las pruebas respondían a una lógica de impunidad institucional. Por todo ello, el tribunal resolvió confirmar el procesamiento y avanzar hacia el juicio oral, entendiendo que las pruebas reunidas son suficientes para acreditar una violación grave a los derechos humanos en contexto de encierro.

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