El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco hizo lugar a la acción de habeas corpus colectivo correctivo interpuesto por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura en favor de la totalidad de las mujeres alojadas en la División de Alojamiento Femenino de la Policía de la Provincia del Chaco.
En la acción interpuesta, se describieron una serie de hallazgos en el marco de visitas de inspección sin previo aviso, entrevistas confidenciales e información proporcionada por la Organización de la Sociedad Civil "Bandada, Feminismo Entre Rejas" sobre trato discriminatorio hacia las mujeres en relación a varones privados de libertad en otras dependencias policiales, entre las que se encontraban: imposibilidad de comunicarse con sus hijos menores de edad, restricciones arbitrarias del uso del patio, deficiente atención medica, regímenes de encierro prolongado en celdas, restricción arbitraria del uso de telefonía móvil en relación a varones, entre otras.
El fallo realiza un abordaje integral respecto de la protección de los derechos de las mujeres, recoge normativa nacional e internacional como la Recomendación General N° 19 del Comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para las mujeres privadas de libertad, asimismo, hace alusión a la Recomendación General N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se sustenta en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos consagradas por las Naciones Unidas, las Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad o Reglas de Brasilia, adheridas por Acuerdo Nº 3092/2009 del STJ en las que se consideran como especialmente vulnerables a las mujeres por razón del género y a las personas privadas de la libertad. Se realiza un análisis de las vulneraciones de derechos a la luz de las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas (Reglas Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas (Reglas de Bangkok).

El Máximo Tribunal hace lugar a la acción en su totalidad, ordenando una serie de medidas, entre las que se encuentra "exhortar a la Policía de la Provincia del Chaco y al Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia (SPP) a la readecuación de la política penitenciaria, asegurando el cumplimiento irrestricto de las normas legales, constitucionales y convencionales vigentes tendientes a la prevención e investigación, reparación y sanción de cualquier acto u omisión que implique un tratamiento inhumano y/o degradante en efectivo cumplimiento de la legislación y estándares nacionales e internacionales aplicables."
Luego de la interposición del habeas corpus y previo a la sentencia, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco, realizó la transferencia de dicho centro de detención a la orbita del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.

Se puede acceder también a la presentación formulada por el Comite para la Prevención de la Tortura provincial.

RESUMEN:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza condenó a penas de hasta nueve años de prisión a 14 personas involucradas en una maniobra de contrabando de mercaderías desde Chile hacia Argentina. En el debate, intervino la Fiscalía General N°1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, interinamente a cargo de María Gloria André.
Los magistrados Alberto Carelli y Alejandro Piña junto con la jueza María Paula Marisi comunicaron que los fundamentos de la decisión se conocerán en cuarenta días, de acuerdo a lo que permite el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 400.
Durante el juicio, que involucró a comerciantes de ambos países, transportistas y agentes de Aduana locales, la Fiscalía explicó que los hombres conformaron una asociación ilícita que funcionó entre octubre de 2016 y julio de 2018. Bajo la presentación de documentación apócrifa, habría ingresado al país mercadería sin declarar por un monto cercano a los 350 millones de pesos. En la instrucción de la causa intervino el fiscal federal Fernando Alcaraz.
José Rodríguez Núñez y Daniel Martínez Pinto fueron condenados a nueve años de prisión por liderar una asociación de tres o más personas destinada a cometer delitos y por tres hechos de contrabando agravado. Además, se les fijó la inhabilitación especial de cinco años para el ejercicio del comercio; la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembros de las fuerzas de seguridad y la inhabilitación absoluta por dieciocho años para desempeñarse como funcionarios o empleados públicos.
Para Adrián Fourcade Salassa, Nam Ho Park Lee, Eugenio Nasi Pereira, Jorge Rojas Huerta y Carlos Barón Knoll, el Tribunal fijó una pena de cinco años y seis meses de prisión al considerarlos integrantes de la asociación ilícita, así como también responsables de delito de contrabando. Con respecto a Ángel Palumbo Cerdán, la condena fue de cuatro años y seis meses de prisión.
A Pedro Emilio Escárate Vera, Juan Marcelo Agüero Bustos, Sergio Nicolás Agüero Bustos y Sebastián Horacio Espejo Reyes se los condenó a cuatro años de prisión por importar mercadería sin control aduanero.
En el caso de Juan Alberto Oliva Soria, la pena fue de cuatro años y dos meses de prisión, mientras que Mario Manuel Rodríguez, que se desempeñaba en la Aduana, recibió dos años de prisión de cumplimiento condicional, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Conforme surge de https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/mendoza-condenas-de-hasta-nueve-anos-de-prision-para-catorce-personas-por-contrabando-de-mercaderias-desde-chile-hacia-argentina/, los detalles de la causa, de acuerdo a la acusación consisten en que Rodríguez Núñez y Daniel Martínez Pinto, junto Zheng “Esteban” Cheng, actualmente prófugo, lideraban una asociación ilícita que operó en la provincia de Mendoza desde al menos octubre de 2016 hasta julio de 2018. La banda se dedicaba al contrabando de mercadería extranjera de distintos géneros desde la República de Chile a Argentina. La maniobra se llevaba a cabo mediante la presentación de documentación apócrifa para poner a disposición de terceras personas la mercadería que luego era vendida en la provincia de Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Para el Ministerio Público Fiscal, la asociación contaba también con la intervención de Park Lee, Fourcade Salassa, Nasi Pereira, Rojas Huerta, Barón Knoll, Palumbo Cerdán y Jorge Andrés Carreño Rivet, prófugo a la fecha. En ese esquema, Martínez Pinto, Rodríguez Núñez y el también prófugo Cheng dirigían el accionar del resto de los imputados, a quienes les impartían órdenes para la ejecución de los hechos de contrabando que supervisaban desde su ideación hasta la puesta en ejecución, interviniendo directamente en cada una de las etapas desde la República de Chile hasta la distribución en distintas provincias argentinas.
Los líderes de la asociación contaban con dinero en efectivo en moneda estadounidense para poder llevar a cabo sus maniobras, provisto por Cheng y también por Palumbo Cerdán, que además proporcionaba a la organización tres oficinas en Chile, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. De acuerdo a la acusación, en cada una de esas oficinas se recibían los clientes pagaban en dólares o con cheques la mercadería. Luego, Palumbo Cerdán les entregaba dinero a Rodríguez Núñez y a Martínez Pinto para que pudiesen costear los gastos de logística que requería la ejecución de las maniobras que llevaban adelante con su organización criminal.
En mayo de 2018, Martínez Pinto y Rodríguez alquilaron un galpón en la localidad mendocina de Coquimbito para almacenar la mercadería ingresada subrepticiamente al país, acondicionarla y despacharla. De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, Nasi Pereira coordinaba la recepción de las cargas ilícitas en el galpón y supervisaba su posterior traslado desde allí hasta la empresa de transporte de cargas Andesmar para que fuera enviada, por encomienda, a los destinatarios finales, quienes luego pagaban mediante depósitos en las oficinas que se vinculaban a Palumbo Cerdán.

RESUMEN:
El Tribunal Oral Federal de General Roca hizo lugar al pedido de sobreseimiento de la Defensa que obró con dictamen favorable de la Fiscalía Federal por los delitos de Almacenamiento, siembra y cultivo de cannabis y guarda de semillas agravada por llevarse a cabo de forma organizada por más de tres personas.
Entre los argumentos de las partes se sostuvo:
El sobreseimiento es pertinente no solo en lo relativo a la vigencia y extensión del principio de aplicación de ley penal más benigna, sino a la vigencia de la ley 27.350, su decreto reglamentario 883/2020, normativa posterior a los hechos, y a la ley 27.669 que establece un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas, sus productos derivados afectados al uso medicinal incluyendo la investigación, uso industrial y promoviendo el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial. Asimismo, la ley establece que tiene como objeto regular esa cadena de producción y controlar autorizaciones administrativas para el registro e inscripción de semillas, cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, procesamiento, comercialización y cualquier otra etapa o actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis, sus semillas y derivados afectados al uso medicinal e industrial.
Refirieron que el art. 2 de la ley también excluye del ámbito de aplicación de la ley de drogas, todas las actividades vinculadas a esta cadena de comercialización, producción y distribución intervenida y regulada por la autoridad de aplicación.
Entendieron respecto a dos imputados que era necesario puntualizar dos aclaraciones relativas a su situación que surgen de la pieza acusatoria. En ese sentido, se citó el extracto del requerimiento de elevación a juicio donde se consignó que L. y su pareja –que en ese momento era N. A. fervientes consumidores y se dedicaban a la comercialización de semillas –página 24 primer párrafo- y en segunda instancia el extracto contenido en la página 30 tercer párrafo en el que se estableció que Lanusse realizaba publicaciones en la red social Facebook bajo la leyenda “un equipo de argentinos trabajando todos los días para los cultivadores argentinos”, es decir, se entendió al comercio de semillas como un trabajo.
Luego se realizó un repaso del nuevo marco normativo ahora vigente y aplicable al caso por el que los acusados fueron traídos a juicio, particularmente la ley 27.350, su decreto reglamentario respecto del autocultivo e intercambio de información y material cannabico pero a ello debe agregarse el gran aporte de la ley recientemente sancionada –ley 27669- que tiene entre sus tan novedosas características, impacto directo en los incisos a y d de la ley 23.737.
El Sr. Fiscal General y siguiendo sus expresas instrucciones, sostuvo que iba a acompañar los pedidos de sobreseimiento formulados por las respectivas defensas, sin perjuicio de que a juicio de ese ministerio, existe cierta divergencia entre la situación del acusado H. con respecto a los restantes imputados porque éstos últimos fueron acusados de formar parte de una microempresa dedicada al comercio de semillas. Ahora bien teniendo en cuenta la reciente sanción de la ley 27.669, el marco regulatorio que plantea y la previsión de la autorización para comercializar semillas, ese Ministerio entiende que debe ser aplicada en beneficio de los acusados en razón de que autoriza la actividad que fue inicialmente objeto de investigación, ello en aplicación del art. 3 del CPPN.
Por todo ello manifestó que acompaña la postulación de la defensa y solicita se resuelva el sobreseimiento total y definitivo de los acusados (art. 336 inc. 3° CPPN y art. 2 CP).