La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso interpuesto contra una multa aplicada a un hombre por la tenencia de animales silvestres sin autorización. En ese sentido, los jueces señalaron que la ley 22.421 tiende a la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de las especies animales que habitan en nuestro país. A dichos efectos, en el comercio y transporte interprovincial y en la importación de especies, la ley establece dos instrumentos necesarios e imprescindibles para cualquier operación que se realice con los animales, a saber: el certificado de origen, extendido por la autoridad de aplicación que ampara la legítima tenencia o posesión de los productos o subproductos de la fauna silvestre, y la guía de tránsito, que se utiliza para el transporte interprovincial e internacional de animales.
Destacaron los magistrados que en el caso los animales de origen exótico debieron haber ingresado al país con un certificado de importación. Por lo demás, el actor no estaba inscripto y carecía de las correspondientes guías de tránsito, de conformidad con lo previsto en los arts. 11 y 12 de la precitada normativa. Este tipo de infracciones son de aquellos ilícitos denominados de pura acción u omisión.
En efecto, estas infracciones son de índole formal, por lo que no se requiere la existencia de dolo para tenerlas por configuradas. En consecuencia y ante el reconocimiento del sustento fáctico, lo argüido por el apelante carece de virtualidad como causal exculpatoria.

SUMARIO:
- Extorsión en grado de tentativa. Procesamiento.
- Elementos suficientes para demostrar tanto la materialidad como la responsabilidad penal de los imputados en los hechos.
- Calificación legal: Vocal Pociello Argerich: Imputados cuya función era la de presentar, ante un juzgado comercial, una auditoría contable y un inventario de un local. Calidad de funcionarios públicos que les sirvió sólo como herramienta para infundir la intimidación que exige la figura contemplada en el art. 168 del Código Penal para lograr la disposición patrimonial indebida. Vocal López: Amenazas utilizadas para lograr la disposición patrimonial indebida que constituyeron un acto intimidatorio expreso que conduce a encuadrar los hechos en el tipo previsto en el artículo 168 del Código Penal. Vencimiento de la voluntad de la víctima que estuvo determinado por la manifestación de una amenaza, a diferencia de lo que sucede en el caso de las exacciones ilegales, donde el solo hecho de invocar la autoridad pública basta tácitamente para quebrantar esa voluntad.
- Confirmación.
- Disidencia parcial en cuanto a la calificación legal: conducta impuesta que encuentra sustento en el delito de concusión (artículo 266 del Código Penal).

RESUMEN:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda formulada por las empresas Edenor S.A. y Edesur S.A. contra la Provincia de Buenos Aires, por la que se buscaba la declaración de inconstitucionalidad de las las resoluciones locales 1118/02, 618/03 y 964/03. Ello, toda vez que el Máximo Tribunal dejó claro que el poder de policía provincial en materia ambiental de la Provincia es concurrente con el nacional, pudiendo complementarse localmente los presupuestos mínimos establecidos en la Ley 25.670, maximizándose los estándares de conservación del medio ambiente.

RESUMEN:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 15 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por no haberse acreditado una afectación interjurisdiccional del daño ambiental bajo análisis, quedando excluida así la competencia del Juzgado Federal de Mar del Plata nro. 4 y reafirmándose la jurisdicción local en materia medioambiental.

En decir, desde una interpretación sistemática y literal de la ley 27.653, no existen dudas que toda persona vinculada al “presunto delito” cualquiera sea su calidad y/o grado de participación, que se acoja a dicho régimen, quedan liberados de todas las acciones penales con fundamento en la Ley Penal Tributaria (24.769) y sus modificatorias, ya que si la ley no hace ninguna distinción en dicho sentido y establece “que el acogimiento al presente título de ésta ley ampliatoria o modificatoria producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduanera...” y que “la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en la presente, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera...”, significa que están incluidos todos los tipos penales regulados en la ley penal tributaria, sin discriminación alguna, y entre los cuales se encuentra la asociación ilícita fiscal.