Analiza la legislación local y nacional (Ecuador) en el tema de drogas, para lo
cual se describe el perfil humano e integración institucional que buscan
los organismos de control encargados de dar cumplimiento a la norma
establecida. Describe escenarios, sucesos e historias de represión a
individuos que realizan el consumo de marihuana en espacios públicos,
que tienen como consecuencia la criminalización de los mismos. Para
la comunicación social la metodología utilizada a través de entrevistas
se plasma en una crónica periodística que relata todas las aristas
referentes al hecho, su contenido se  direcciona al conocimiento y descriminalización lejos del tabú y la moral que empaña al tema. Plantea
propuestas de sectores sociales enfocadas a terminar el narco y
microtráfico para de esta manera romper el vínculo que asocia a las
drogas con la delincuencia.  Se concluye que policía como institución
falla en la aplicación de la ley, pues el vacío jurídico referente al
consumo de marihuana, la represión y criminalización son el resultado de
la mala práctica.

Luego de una investigación empírica sobre agentes de la policía militar y
sobre casos penales relacionados con delitos de drogas, la aparición
del manejo de evidencia penal obtenido con apoyo tecnológico fue
identificada.Este manejo dependía del poder discrecional de los agentes
de investigación y puede ser considerado una de las formas policiales de
la política por drogas. La muestra de casos examinados exhibió el alto
nivel de selectividad racial de la política de drogas, demostrando que
su objetivo principal era gente vulnerable socialmente, quienes eran
arrestadas  en flagrante  delicto llevando pequeñas cantidades de crack o
marihuana. Apoyos por la investigación empírica como así también por la
literatura teórica correspondiente a la tecnología y su relación con la
sociedad, puse en cuestión la fórmula epistemológica de los discursos
que imponen equipo tecnológico en los procedimientos penales. Asimismo
quise denunciar la presencia de una actualización del modelo
inquisitorio utilizado en la investigación policial, que se valida
automáticamente y acríticamente por el poder judicial, que consiente el
perfilado racial en las prácticas investigativas policiales.
De esta
forma, la tecnología se vuelve un elemento para actualizar este modelo
inquisitivo que trabaja sistemáticamente para la higienización social y
para el control de la gente vulnerable y la población negra. Fue
observado que la tecnología en los procedimientos penales no ha
correspondido al establecimiento de los derechos fundamentales ni ha
contribuido a la construcción de un estado verdaderamente democrático.
Tal observación ha llevado a un énfasis del derecho a la privacidad como
una manera para el control constitucional y judicial de las actividades
investigativas y de denuncia fiscal que utilizan tecnologías.