El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “R. S., J. A. s/sobreseimiento” (causa N° 7.769/2018) resuelta el 17 de abril de 2019 donde Ignacio Rodríguez Varela y Rodolfo Pociello Argerich, por mayoría, revocaron el sobreseimiento y dispusieron el procesamiento en calidad de coautor del delito de portación de arma de uso civil condicional (art.189 bis apartado 2, 4to párrafo del CP) respecto del conductor de una motocicleta en la cual viajaba el coimputado que, al disparar el arma, dio muerte a la víctima.

            Ignacio Rodríguez Varela explicó, entre otros aspectos, que las particularidades del caso representaban una supuesta división de funciones tendientes a la ejecución de un único plan, el de llevar a cabo un homicidio por el cual ambos imputados ya fueron procesados, mediante la utilización de un arma. Agregó que "(...) En ese marco, la falta de contacto físico del que dirige la motocicleta con el arma, en modo alguno repercute negativamente en la atribución delictiva relacionada con su portación, pues es claro que ambos conocían tal circunstancia y actuaron en consecuencia repartiéndose las tareas, mas compartiendo la responsabilidad por su traslado en la vía pública en condiciones inmediatas de uso. (...)" y que "(...)  Al verificarse el conocimiento y el designio común encaminado tanto a la portación del arma como a su utilización en el hecho por el que fueron ya ambos procesados como coautores, es irrelevante desde la perspectiva del conductor de la moto que la pistola fuera trasladada en su bolsillo o en el de su cómplice. En cualquiera de los dos casos se hubiera encontrado en condiciones inmediatas para su uso, incluso por cualquiera de ellos ya que le bastaba al que iba delante con extender su mano y ocuparse él de disparar. Lo mismo si se hubiera encontrado guardada en un gabinete del vehículo, porque no debe olvidarse que la Ley no exige el “contacto corporal”, sino que distingue el traslado que implica la portación de la mera tenencia, por la condición objetiva del arma, según se encuentre unida o no a su dispositivo de munición. (...)".

            Rodolfo Pociello Argerich compartió los argumentos de Rodríguez Varela y señaló que ya sostuvo en casos similares que para la configuración del tipo penal discernido no se requiere el constante contacto físico entre el portador y el arma detentada, sino la inmediata disposición que cada uno de los sujetos involucrados pudiera tener sobre ella (causas de Sala V, n° 22345, Ramírez, rta. 15/8/03, n° 30936, Herrera, rta.9/11/16 y causas de la Sala VI 38390, Zayas, rta.23/12/09, y n° 23074/17, Astorga, rta.23/5/17). Agregó que "(...) no debe confundirse la acción de aprehender con la de portar, pues sin dudas resulta imposible que dos personas aprehendan un arma corta al mismo tiempo, mas tratándose de un delito de peligro abstracto, la acción de arribar juntos al lugar, actuar en clara división de tareas y escapar en la misma dirección, no permite descartar la posibilidad de encontrarse ambos en condiciones de su uso inmediato. (...)"

            Carlos Alberto González, en disidencia, votó en pos de confirmar el sobreseimiento apelado precisando que la circunstancia de que el arma fuera utilizada tan sólo por el acompañante de la motocicleta obstaba a reprochar esa misma conducta al conductor (Sala IV, causa n° 432/10, B. C., rta.19/4/10, entre otras).-

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “Q. L., L. F. s/revocación de la probation” (Causa N° 69058/2018) resuelta el 23/4/19 donde Magdalena Laíño, integrando la Sala en forma unipersonal, revocó la resolución que había dejado sin efecto la suspensión del proceso a prueba oportunamente otorgada y debido a que el imputado manifestó su voluntad de desistir del beneficio, lo tuvo por desistido.

            Para resolver el fondo del planteo la vocal relató que el 11/11/18 se le otorgó al imputado la suspensión del proceso a prueba por dos años. Que el 24/2/19 fue detenido por un nuevo hecho, con intervención de otro magistrado y que, durante la audiencia de clausura del proceso de flagrancia, el 28/2/19 se lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso por robo simple. Agregó que el  3/3/19 fue detenido por un tercer hecho y, en juicio abreviado  fue condenado a pena única de un año de prisión en suspenso, quedando diferido el dictado de la sentencia para el día 4/4/19. 

         Explico Laiño que sin perjuicio de que, ante el pedido de desistimiento formulado, se debió correr vista al fiscal y la defensa para garantizar el contradictorio, al no haberse agraviado por ello la defensa, correspondía analizar el fondo del asunto.

        Analizo las finalidades del instituto y resaltó que el mismo solo procede a pedido del imputado, porque es quien mas sabe si le conviene o no, con lo cual nada impedía que posteriormente desistiera del beneficio. Que la circunstancia de que la renuncia no se encuentre legislada no implicaba que la misma no resultara operativa, dado que no se legisla lo que se puede hacer sino lo que se encuentra prohibido (art.19 CN). Precisó que la renuncia debe ser aceptada por el juzgador y que para revocar el beneficio no basta la imputación de un nuevo hecho sino que se necesita sentencia condenatoria firme pero dentro del plazo por el cual se otorgó la probation. Siguió diciendo que el imputado presentó el escrito desistiendo del beneficio el día 1/3/19, y la condena quedó firme el 19/3/19, por lo que el encausado estaba aún dentro del plazo para desistir de la probation. Agregó que asistía razón a la defensa en punto a que la demora del magistrado en resolver la cuestión le resultó perjudicial porque incide a futuro en la modalidad de cumplimiento de pena que podría imponérsele y, en orden al fallo dictado respecto del tercer hecho (causa 14642/19 del TOC 19), indicó que no fue efectivamente notificado al imputado.

            Por ultimo resaltó que hubiera resultado razonable que un mismo letrado asumiera la defensa del imputado en las tres causas mencionadas, a fin de consolidar una estrategia única e inequívoca que impidiera las desprolijidades procesales ocurridas.-