debido
a una penalización creciente y la necesidad de un control penal
sobre fectiva en una sociedad capitalista cada vez segregada, los
adolescentes son encuestados acerca de la posibilidad de integrar el
código penal y no a la situación del niño y adolescente. Se alega
que un joven de 16 años sabe cómo discernir la gravedad de
infracciones que comete y pueden responder penalmente responsable de
sus propios actos. Así este estudio tuvo como objetivo evaluar si la
reducción de la edad legal es eficaz como factor de la reducción de
la violencia de los adolescentes y la aplicación de los Niños y
Adolescentes (CEPA), en aplicación de las medidas educativas, se
mantiene activo como instrumento de lucha contra las infracciones en
su núcleo, además de analizar la aprobación de la actual PEC
(Propuesta Enmienda a la Constitución) 171/93 o traería el efecto
de la reducción de los delitos cometidos por adolescentes, además
de respetar los derechos y principios fundamentales como efecto
Cliquet. más allá.Hay que ver si, desde un punto de vista jurídico,
la reducción de la mayoría es posible penal. Se concluyó por la
falta de responsabilidad relativa, dado que es inimaginable que
entender que un joven de 16 o 17 no conocen la naturaleza ilegal y la
gravedad de la práctica de un acto contraria a la ley, como el
enfoque reduccionista y el Efecto Flynn. Sin embargo, es necesario
también debe tener en cuenta que el estado no logra condiciones de
los niños y adolescentes desarrollarse en una condición saludable,
exponiéndolos a condición de vulnerabilidad social, esta
vulnerabilidad se debe a incriminar a la exclusión social, de
acuerdo con la Teoría la Co-culpabilidad.

a
parte de una muestra de la absoluta necesidad de eliminar un castigo
tan cruel, inhumano e injusto, este trabajo es un modesto estudio
sobre la discriminación de la  pena  de  muerte 
en el  sistema  de  justicia  estadounidense, 
defendiendo  su inconstitucionalidad respecto de las 
propias normas internas del país así como su contrariedad en cuanto
a la protección internacional de los derechos humanos.
Es 
una  búsqueda  de  legislación  y 
estudios  pero  sobre  todo de jurisprudencia  y
precedentes   donde   se   determina  
efectivamente   la   concurrencia  
de   dicha discriminación  no  sólo 
contra  los  acusados  sino  también  a 
lo  largo  del  proceso penal, en la selección del
jurado, los miembros de la fiscalía y jueces. Finalmente la 
más  eficaz  ejemplificación:  un  testimonio 
español  todavía  hoy recluso en el corredor de la
muerte.Un  trabajo  de  investigación 
promovido  por  las  ganas  de  aprender 
más  sobre 
los
derechos humanos, la lucha por la justicia y la igualdad, la
motivación de llegar a una conclusión cierta y la incesante
persecución del cumplimiento de los llamados derechos fundamentales.

Hoy
en día se está desarrollando un proceso de paz en Colombia entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero FARC-EP para
poner fin al conflicto armado que aterroriza dicho país desde hace
décadas. En el marco de este proceso ambas   partes  
han   firmado   un   acuerdo  
que   prevé   mecanismos   de  
justicia transicional para los integrantes de las FARC-EP que decidan
desmovilizarse, una vez definitivo el acuerdo final. Este 
trabajo  trata  de  saber  si  estos 
mecanismos  de  justicia  transicional  cumplen
con las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional
y interno en materia   de   DDHH.  
Más   específicamente,   queremos  
verificar   si   aquellos mecanismos 
garantizan  los  derechos  de  las 
víctimas  del  conflicto.  Para  poder llegar 
a  una  conclusión  al  respecto,  se 
acude  a  la  investigación  de  los 
DDHH garantizados en Colombia y las obligaciones del Estado
Colombiano respecto a su protección, seguido por el estudio de los
antecedentes del proceso de paz actual y del acuerdo mencionado
anteriormente.

Este
artículo plantea las implicaciones que el tema de la seguridad tiene
en el desarrollo de modelos de control social exclusionista, tomando
en cuenta que la seguridad, concebida como gestión de riesgos,
constituye una racionalidad que se ha implantado en el eje central de
la política criminal de la sociedad globalizada. Igualmente, se
identifican algunos aspectos problemáticos de las políticas
públicas sobre seguridad en Venezuela. Se presentan algunas
reflexiones que pueden contribuir a la delimitación de modelos
alternativos en concordancia con valores democráticos para la
convivencia social, cuyo punto de partida sea una interpretación de
no criminalizar los conflictos, en el marco de los principios y
garantías constitucionales. El diseño de investigación responde a
una metodología basada en la observación documental. Para la
revisión y análisis de los indicadores que reflejan el contexto
sociopolítico venezolano, se tomaron datos de fuentes secundarias.

Los
procesos judiciales, forma y legado de la potestad judicial en la
Edad moderna, son fuentes históricas  cuya  utilización 
puede  ir  más  allá  del  uso 
tradicional  que  de  ellos  se  ha 
venido realizando.  Esta  investigación  plantea 
una  propuesta  metodológica  a propósito  de 
cuán profundamente  las  decisiones  emanadas 
del  poder  judicial  podían  influir  en 
el  devenir  de  los individuos  afectados 
por  la  locura  y  de  cómo,  en 
ocasiones,  su  bienestar  personal  quedaba
supeditado  a  la  defensa  de  la 
seguridad,  orden  y  control  de  la 
esfera  pública.  Con  este planteamiento,  se 
procura  asimismo  contribuir  a  rescatar 
del  olvido  la  identidad  y  voz  de 
los “locos”,  y  junto  a  ellos,  los 
comportamientos,  actitudes  y  realidades 
mentales  y  materiales 
asociados
tanto a la locura como a sus múltiples efectos.