“En los delitos contra la integridad sexual, el testimonio de la víctima resulta la prueba dirimente toda vez que son hechos que por su propia naturaleza suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceros. Por ello, en estos supuestos el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio se complementa generalmente con prueba indirecta: en lo sustancial, el dictamen debidamente fundado de los profesionales intervinientes y las declaraciones de terceros que reproducen lo que a ellos les contó la víctima o que narran circunstancias que percibieron y resultan conducentes a la investigación. De esta forma, una vez establecida la fiabilidad del testimonio de la víctima, si a ello se aúna la declaración de terceros que advirtieron en aquélla un estado de afectación emocional o cambios notorios en su comportamiento característicos de quien ha padecido una experiencia semejante, si se descarta, además, la posibilidad de que quien denuncia sea una persona fabuladora y se desecha la existencia de animosidad para con el imputado, se logra entonces reunir elementos que evaluados de manera integral contribuyen a refinar el cuadro cargoso. En definitiva, en los delitos contra la libertad sexual los tribunales deben necesariamente al valorar las pruebas conforme a la regla de la sana crítica, adoptar un criterio más amplio y flexible. Si a pesar de ello los magistrados conservan dudas acerca de la materialidad de los hechos o bien de la autoría del imputado, entonces sí deberá primar la presunción de inocencia y la aplicación del principio in dubio pro reo (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Cita de “L., N. P. s/ abuso sexual agravado por el vínculo”, CNCCC 20038/2014/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 796/2017 resuelta el 5 de septiembre de 2017 y “Vera Rojas” (Fallos: 320:1551)
El estándar de prueba que se estima suficiente para tener por probada una determinada materialidad fáctica en los juicios penales, ha de ser siempre una misma vara para toda clase de imputados y para toda clase de delitos ya que desde la lógica del art. 16 de la Constitución Nacional no puede imaginarse delitos respecto de los cuales la presunción de inocencia se resienta o relaje en comparación con otros, ni tampoco acusados respecto de los cuales el estatus de inocente sea más flexible o frágil que otros. En consecuencia, por “criterio más amplio y flexible” corresponde entender que al analizar y valorar las pruebas judiciales el juzgador no debe perder de vista la particular fenomenología de los delitos sexuales, sus concretas circunstancias de realización, sus patrones de reiteración y los perfiles que la experiencia indica se han de presentar en los sujetos reales involucrados, víctima y agresor, adecuando y amoldando el análisis a estas características. Pero de esto no puede seguirse la modificación de una regla abstracta es decir, al estado de inocencia en tanto concepto, ni sentarse las bases para que pueda imaginarse la posibilidad de un doble baremo en la valoración de la prueba (voto del juez Días).
A los fines de valorar la prueba, la consistencia de la duda no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena; y, a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria. En ese marco, las complicaciones probatorias que presentan los casos de violencia de género, violencia contra la mujer o los abusos sexuales, no deben significar la abrogación de los principios básicos que informa el proceso penal ni la imposibilidad absoluta de condenar: aquí también la hipótesis acusatoria debe comprobarse más allá de toda duda razonable. Este es el sentido que debe otorgarse a los arts. 16, inc. I) y 31, ley 26.485 pues no se trata de extremar las medidas para realizar una investigación completa y profunda de cada caso, acompañada de una valoración integral de todos los elementos colectados para establecer las peculiaridades que presenta cada uno de ellos (voto del juez Sarrabayrouse).
Cita de “Marchetti, Susana Haydeé s/recurso de casación”, CNCCC 44917/2012/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 396/2015, resuelta el 2 de septiembre de 2015; “T. H. A. s/abuso sexual –art. 119, 1° párrafo, C.P.”, CNCCC 23072/2011/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 400/2015, resuelta el 2 de septiembre de 2015; “C. C., K. A. s/recurso de casación”, CNCCC 59245/2013/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 670/2015, resuelta el 18 de noviembre de 2015; y “L. G., H. J. s/ recurso de casación”, CNCCC 40770/2012/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 686/2017, resuelta el 14 de agosto de 2017.
