La nueva ley de reformas lleva el Nº 26.791 e introduce una serie de novedosas modificaciones al artículo 80 del código penal, entre las cuales –siguiendo una tendencia muy marcada en América Latina- se incorpora el delito de “femicidio” al digesto punitivo.
Esta reforma penal ha significado, sin duda alguna, una transformación y una evolución legislativa de gran calado, por cuanto ha implicado –luego de varias décadas de postergaciones- la instalación definitiva de la problemática de género en el código penal argentino.
El presente trabajo tiene por objeto analizar el impacto de la misma, no sólo desde la perspectiva del derecho de fondo, sino también de forma, indagando las implicancias en los distintos institutos de derecho procesal.
La nueva regulación implicó una sustancial reforma del régimen penal tradicional en materia de delitos contra la vida, introduciendo no sólo modificaciones de importancia en el artículo 80 del digesto punitivo sino también delitos de nuevo cuño.
Para ello, en primer término analizaremos de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, luego haremos un recorrido por la evolución histórica de dicho concepto, para adentrarnos en el Código Penal y por último en el ordenamiento procesal.

SUMARIO:

Es casi un lugar común en criminología afirmar que, mientras el delito está igualmente distribuido entretodas las clases sociales,el castigo está sobrerrepresentado en los grupos económicamentemás desaventajados. Reflexionar acerca de las consecuencias normativas que se siguen de estosigue siendo una tarea pendiente, sin perjuicio de lo cual existe un acuerdo cada vez mayor en torno a la idea de que castigar a personas que han tenido historias de violencia, maltrato y exclusión social, es problemático, con independenciade lo apropiada que pueda resultar la pena en términos de merecimiento o de utilidad social. Esta ambivalencia frente al castigo de víctimas de injusticia social ha sido interpretada desde dos perspectivas: 1) como expresión de un déficit de legitimidad del poder punitivo del Estado, o 2) como un déficit de justificación del juicio de responsabilidad individual que antecede a la pena.

Este ensayo presenta y criticaesta segunda perspectivay, en particular, a un grupo de teorías que han sugerido que las condiciones materiales que caracterizan a la extrema pobreza y a la injusticia social en general, deberían afectar la validez del juicio de responsabilidad penal, al afectar a las capacidades de responsabilidad de los individuos. Para elaborar esta crítica, primero se revisanbrevemente algunas ideas sobrelibertad y agencia, para luego proceder al análisis anunciado.

REFERENCIA:

Artículo publicado en la revista LIBERTADES PÚBLICAS / COLECCIÓN BREVIARIOS, N° 5 (2016).

CITA SUGERIDA:

Lorca, Rocío, "Pobreza, libertad y responsabilidad penal", en Libertades Públicas, Colección Breviarios, n° 5 (2016).

El presente trabajo abordará las diferentes formas de sancionar a la persona jurídica, así como el ámbito de aplicación de cada una de las teorías existentes dentro del marco legal peruano para pretender sancionar a las empresas en el marco del proceso penal peruano, siempre y cuando estas se vean relacionadas a la comisión de un delito. Por otro lado, las legislaciones penales en derecho comparado, muestran un panorama bastante claro; pues, en los países del common law predomina la regla de la responsabilidad directa de la persona jurídica; mientras que, en los países del orden jurídico europeo-continental la posibilidad de sancionar directamente a la persona jurídica era rechazada a favor de la responsabilidad penal individual.