La Cámara Federal de Casación Penal Federal confirmó la constitucionalidad de la prohibición del régimen progresivo de la ejecución penal para quienes fueran condenados en orden a los delitos previstos en los arts. 5º, 6º y 7º de la ley 23.737 o a la que en el futuro la reemplace. Por mayoría dispusieron como doctrina plenaria que resultan compatibles con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660 en cuanto estipulan que no corresponde conceder los beneficios allí referidos, tales como salidas anticipadas o libertad condicional.
La decisión del plenario se motivó en un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el M.P.F. de la Nación contra la decisión de la Sala de Feria en fecha 28 de Enero de 2025.

Al respecto ver nota de opinión de Andrés Bacigalupo: https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/91655-cfcp-plenario-tobar-coca-comentario

El Juzgado de 1ra Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en el expediente DEB 362599/2022-1 contra B.S.M., imputada inicialmente por comercio o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5º inc. c, Ley 23.737). Tras la tramitación del proceso, se arribó a un avenimiento que reconfiguró la acusación a tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primer párrafo, Ley 23.737), con solicitud de pena de 1 año de prisión efectiva, multa y decomiso de efectos secuestrados.

Sin embargo, el tribunal realiza un profundo control de legalidad sobre la prueba obtenida, especialmente respecto de una inspección corporal íntima no autorizada judicialmente, donde se hallaron sustancias prohibidas en el interior del órgano sexual de la imputada: la primera en la parte de los senos y la segunda en el interior del órgano sexual sobre B.S.M. Se concluyó que la requisa corporal y la inspección íntima violaron garantías constitucionales fundamentales como la inviolabilidad de la intimidad y la dignidad (arts. 18 CN y 7.2 CADH).

La sentencia analiza estándares internacionales de derechos humanos (Corte IDH, Convención Belem do Pará, CEDAW) y doctrinas locales sobre la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. Finalmente, se declara nula la obtención de la prueba principal, afectando la validez del procedimiento y dejando sin efecto la acusación, reafirmando el principio de jurisdiccionalidad y la irrenunciabilidad de las garantías de juicio previo.

Accedé al fallo completo y profundizá en sus fundamentos.

El Tribunal en lo Criminal Federal de Paraná resolvió en el expediente FPA 8267/2016/TO1,sobreseer a Eduardo Martín López, acusado de infracción a la Ley 23.737 (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización).

El hecho tuvo lugar el 31 de agosto de 2016, cuando se allanó el domicilio de LÓPEZ secuestrándose 37 grs. de cocaína, fraccionada en 72 envoltorios, ocultos dentro de un parlante en la cocina, la suma de $ 1.199 en billetes de baja denominación y 2 celulares.

La defensa solicitó el sobreseimiento alegando la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho consagrado constitucionalmente y en tratados internacionales de derechos humanos. Se argumentó que desde la elevación a juicio (2017) hasta la citación al debate (2024) transcurrieron siete años y nueve meses sin avances sustanciales, en un caso que carecía de complejidad.

Aunque el Ministerio Público Fiscal se opuso a la solicitud, el tribunal consideró que la dilación excesiva resultó incompatible con las garantías constitucionales de defensa en juicio y plazo razonable, concluyendo que el proceso había devenido en la insubsistencia de la acción penal.

La resolución también ordena la destrucción de los elementos secuestrados (sustancias y celulares deteriorados) y la devolución del dinero incautado.

Accedé al fallo completo y profundizá en sus fundamentos.

La Cámara Criminal de Segunda Nominación de Catamarca (Sent. N° 40/2024), integrada por los jueces Guillamondegui, Martoccia y Lozano Gilyam, dictó un fallo que pone a prueba los contornos legales del exceso en la legítima defensa.

El hecho tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017 en Andalgalá, cuando una disputa de vieja data entre dos familias estalló en una pelea callejera. MR* se enfrentó con SYM*, quien llegó con sus hermanos. Al ver la pelea, JCR* —hermano de MR*— bajó desde su peluquería con un caño metálico y agredió por la espalda a SYM*, causándole un traumatismo craneal que derivó en su fallecimiento tres días después.

Durante el juicio, la fiscalía acusó por homicidio agravado por alevosía; la querella sostuvo una participación necesaria y planificada entre los hermanos MR* y JCR*; la defensa, en cambio, pidió la absolución por legítima defensa de tercero. Pero el tribunal no adoptó ninguna de estas posiciones extremas.

La sentencia —no firme— tuvo por acreditado que JCR* actuó en defensa de su hermano, pero se excedió: el golpe con el caño, por la espalda y con posterioridad a una agresión ya disipada, desbordó los límites de la necesidad y proporcionalidad exigibles. Así, los jueces encuadraron su conducta bajo el art. 35 del Código Penal: homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero.

El fallo rescata la doctrina histórica de Julio Herrera y Laje Anaya sobre el exceso punible como forma de morigerar la pena cuando hay una reacción instintiva en contexto de agresión ilegítima, pero desproporcionada en sus medios. En un notable fallo que compatibiliza la negación penal del hecho –demostrando que ese injusto penal no puede quedar impune– con la racionalidad en el uso del sistema punitivo, JCR* fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, con mantenimiento de su libertad hasta que quede firme la sentencia.

¿Dónde está el límite entre la protección instintiva y la violencia innecesaria? Este fallo lo explora con profundidad técnica y sensibilidad contextual.

Leé la sentencia completa para entender cómo el tribunal abordo las emociones humanas frente al peligro.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto negativo de competencia suscitado por un amparo ambiental promovido por un grupo de vecinos que exigía el cese urgente del funcionamiento y el desmantelamiento de una antena portante de telefonía celular. La contienda enfrentó a la justicia provincial y a la justicia federal respecto de cuál debía intervenir, dado el alcance del reclamo y la naturaleza del objeto litigioso.

En su decisión, la Corte estableció que correspondía la intervención de la jurisdicción federal, en tanto la resolución del caso exige interpretar el alcance de normas de carácter federal, en particular la Ley Nacional de Telecomunicaciones N.º 19.798. Además, advirtió que la actividad cuestionada —el servicio de telefonía celular— se vincula con prestaciones de escala interprovincial e internacional, por lo que podrían verse comprometidos intereses federales cuya tutela excede las competencias locales.